La competitividad futura en el precio de la electricidad no depende únicamente de cuánto cuesta producirla hoy, sino de las reglas con las que el país incorporará la nueva generación durante las próximas décadas.
Nuestro país compite todos los días por atraer inversión, generar empleo y desarrollar nuevas actividades productivas. En esa competencia solemos hablar de estabilidad política, educación, infraestructura o seguridad jurídica. Sin embargo, existe un factor que cada vez pesa más en las decisiones de inversión y que debe abordarse desde una perspectiva estratégica: la electricidad.
Acá es donde entra una pregunta en juego: ¿cómo aseguramos que Costa Rica pueda disponer de la electricidad que necesitará en los próximos veinte o treinta años, al menor costo posible para el sistema? La respuesta comienza mucho antes de que llegue el recibo.
Cuando una empresa recibe su factura eléctrica, aproximadamente el 60% de ese monto corresponde al costo de generación (producción) de la energía. El restante se distribuye, en términos generales, entre la red de distribución (30%) y la transmisión (10%). Este dato tiene una implicación evidente: si queremos construir tarifas más competitivas, debemos prestar especial atención al componente que mayor peso tiene: la etapa de generación.
Ese componente no se define cuando se calcula la tarifa. Se define años antes, cuando el país decide cómo incorporará la próxima generación, es decir, a la hora de definir qué proyectos de generación eléctrica se desarrollarán y a qué costo.
El reto actual ya no se trata sobre llevar electricidad a cada rincón del país o a la renovabilidad de nuestra matriz de generación: hemos construido una de las matrices eléctricas más renovables del mundo, un logro que merece reconocimiento. El desafío de los próximos años consiste en garantizar suficiente electricidad para acompañar el crecimiento económico.
La electrificación del transporte, el establecimiento de centros de datos, la expansión industrial, la incorporación de nuevas tecnologías y la sustitución gradual de combustibles fósiles exigirán una cantidad creciente de electricidad y ello implica invertir significativamente en nueva capacidad de generación. La pregunta, entonces, no es si debemos incorporar más generación. La verdadera discusión consiste en cómo hacerlo de la manera más eficiente posible.
En cualquier proceso de planificación existen dos decisiones completamente distintas. La primera corresponde al Estado: determinar cuánta energía necesitará el sistema, en qué momento deberá incorporarse y bajo qué criterios técnicos, ambientales y de confiabilidad. Esa es una responsabilidad indelegable de la planificación pública.
La segunda decisión es diferente: ¿quién puede desarrollar esa nueva capacidad al menor costo posible?
Ningún regulador, ninguna institución y ninguna empresa puede conocer de antemano cuál desarrollador obtendrá el mejor financiamiento, quién tendrá la tecnología más eficiente o quién podrá construir y operar una planta con menores costos dentro de cinco o diez años. Precisamente por esa razón, numerosos sistemas eléctricos alrededor del mundo utilizan mecanismos competitivos como las subastas.
Su propósito suele malinterpretarse. Las subastas no sustituyen la planificación pública ni significan ausencia de regulación. Todo lo contrario. Funcionan porque existe planificación previa. El Estado define la necesidad del sistema; mientras que la competencia, mediante subastas de energía, permite descubrir quién puede satisfacer esa necesidad de la manera más competitiva.
Ese es quizá el aspecto menos comprendido del debate actual en torno al Proyecto de Ley de Armonización. La competencia no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para revelar información que ningún planificador posee por sí solo: cuál es el costo más eficiente al que puede incorporarse nueva generación bajo las condiciones definidas por el propio Estado.
En ese sentido, la competencia regulada no reemplaza la planificación; la fortalece. Permite que la decisión pública sobre cuánto invertir se complemente con un proceso competitivo orientado a descubrir la mejor solución técnica y económica para el sistema.
Si bien el precio final que pagan los consumidores depende también de la transmisión, la distribución, la hidrología, el viento y muchos otros factores; inyectar competencia en el principal componente de la tarifa eléctrica -la generación- implica que esta pueda desarrollarse bajo reglas que incentiven mayor eficiencia, innovación y disciplina económica.
Y este es, precisamente, uno de los aportes más relevantes que hoy plantea el proyecto de ley 23414, de Armonización del Sector Eléctrico, que se discute en la Asamblea Legislativa: la posibilidad de contar con generación eléctrica a menor costo, para contar en el futuro con tarifas más competitivas.
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El autor es director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
