Los resultados de PISA 2025, publicados hace unos días, muestran cuánto nos falta para cumplir la promesa educativa de Costa Rica. Siete de cada diez estudiantes de 15 años representados por la evaluación no alcanzan el nivel mínimo que establece PISA en matemática, y más de uno de cada tres está por debajo de ese umbral simultáneamente en matemática, lectura y ciencias.
El país mejoró un poco en ciencias desde 2022, aunque ese avance fue bastante menor que las mejoras observadas en los países que más progresaron. En lectura y matemática no hubo cambios estadísticamente significativos, y las tres materias presentan resultados inferiores a los de 2012. Por ende, deben preocupar tanto la persistencia de los bajos niveles de aprendizaje como el deterioro observado en algunas áreas durante más de una década.
Parte de esta trayectoria, sin embargo, tiene una explicación que merece reconocerse. Durante la última década, Costa Rica amplió el acceso a secundaria hacia poblaciones antes excluidas, lo que puede reducir el promedio al incorporar estudiantes con mayores rezagos que antes no habrían participado en PISA. Al enfocarse en el 25% de jóvenes de 15 años con mejor desempeño, un grupo que probablemente habría sido elegible para PISA incluso antes de la expansión, la OCDE encuentra una trayectoria más favorable que la que muestran los promedios generales. Esto no permite determinar cuánto de la caída de los promedios responde a la expansión del acceso, ni implica que, sin ella, el desempeño del país sería estelar.
Pero reconocer este matiz sobre la expansión del acceso no reduce la responsabilidad del sistema. Al contrario, haber ampliado el acceso aumenta la responsabilidad de enseñar bien a quienes llegan con trayectorias y condiciones de origen muy distintas. Por ejemplo, en ciencias, la mayor parte de la variación del desempeño se encuentra entre estudiantes de un mismo centro educativo, lo que significa que dentro de una misma institución conviven niveles de aprendizaje muy diferentes. Por ello, identificar los colegios con mayores necesidades sigue siendo importante, pero no es suficiente. También tenemos que reconocer a los estudiantes que se están quedando atrás dentro de cada institución y ofrecerles apoyos acordes con lo que saben y necesitan aprender.
Tampoco resulta convincente atribuir estos resultados simplemente al desinterés de los jóvenes. Los estudiantes costarricenses reportan mayores niveles de curiosidad y perseverancia, y una valoración más positiva del colegio, que sus pares de la OCDE. Estas actitudes conviven con problemas serios de inasistencia y acoso escolar, pero muestran una disposición sobre la cual podemos trabajar. Nos corresponde preguntarnos por qué ese interés no se traduce en mejores aprendizajes y qué necesitan los docentes para aprovecharlo.
Aprovechar esa disposición también requiere atender las carencias materiales, aunque existe una fuerte base de evidencia científica que muestra que más recursos por sí solos no garantizan mejores aprendizajes. El 68% de los estudiantes asiste a centros cuyos directores reportan que la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza. Pese a la obligación de financiamiento establecida en nuestra Constitución Política, el gasto público en educación pasó del 7,1% del PIB en 2017 al 5,3% en 2023. Recuperar parte de ese terreno puede ayudar, pero la discusión no puede terminar en cuánto gastamos, pues también importa mucho qué hacemos con esos recursos. La evidencia internacional muestra que proporcionar equipos y otros insumos sin atender las dificultades de enseñanza e implementación suele producir pocos avances en aprendizaje. Financiar adecuadamente la educación y exigir que esa inversión se traduzca en mejores aprendizajes son responsabilidades complementarias.
La buena noticia es que no tenemos que diseñar las reformas desde cero. Existe conocimiento acumulado sobre intervenciones que ajustan la enseñanza al nivel de aprendizaje de los estudiantes y acompañan a los docentes con materiales, formación y apoyo continuo, con resultados favorables en distintos países con niveles de desarrollo parecidos al nuestro. Costa Rica puede aprovechar esa experiencia para diseñar apoyos focalizados, adaptarlos a nuestro contexto y evaluar sus resultados antes de ampliarlos.
La propia riqueza de PISA ilustra otra parte de la respuesta: necesitamos mejores datos y usarlos mejor. Una evaluación puede identificar rezagos, reconocer fortalezas y cuestionar explicaciones que parecían evidentes. Necesitamos esa capacidad de diagnóstico mucho antes de los 15 años, y con mayor frecuencia y cobertura que la que ofrecen las evaluaciones internacionales. Para ello, hacen falta evaluaciones oportunas desde los primeros grados, cuyos resultados ayuden a los docentes a decidir qué reforzar y a quién apoyar. También necesitamos comprobar rigurosamente si los programas que implementamos funcionan. Detectar dificultades cuando ya se han acumulado durante años reduce nuestras posibilidades de atenderlas y aumenta el costo para los estudiantes y sus familias.
Las consecuencias de estos resultados trascienden al sector educativo. Menos del 1% de los estudiantes alcanza los niveles más avanzados en al menos una de las tres materias, una base demasiado reducida para un país que aspira a sostener su desarrollo mediante actividades de mayor innovación y productividad. Al mismo tiempo, el rezago extendido puede dificultar que muchos jóvenes continúen formándose y aprovechen los cambios tecnológicos. Costa Rica ha construido buena parte de su desarrollo sobre la educación. Sostener esa apuesta exige que ampliar el acceso sea solo el comienzo, y que cada etapa de la trayectoria educativa se traduzca en capacidades reales para la vida y el trabajo.
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El autor es economista especializado en educación y desarrollo.
