El pasado 25 de mayo, Costa Rica finiquitó su adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndose en el miembro número 38 de dicha organización y cuarto país de Latinoamérica en dar ese paso. El camino no ha sido sencillo, han transcurrido tres administraciones, hemos sido evaluados por 22 comités y hemos necesitado aprobar regulaciones materiales para implementar observaciones de la OCDE, sin embargo, el reto más importante para Costa Rica viene a futuro, no solo por las evaluaciones objetivas venideras, sino por la madurez que debemos poseer para analizarlas e implementar las mejores prácticas posibles.
Durante la Administración Chinchilla Miranda, inició la definición de la hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, misma que fue aprobada en el 2015 por el Consejo de dicha organización. A partir de esa fecha y culminando en el 2020, fuimos evaluados por los comités de inversión, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, seguros y pensiones privadas, competencia, asuntos fiscales, política ambiental, químicos, gobernanza pública, política regulatoria, estadísticas, economía y desarrollo, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, comercio y créditos a la exportación, agricultura, pesca, política científica y tecnológica, economía digital, y políticas de consumidor.
Todos estos temas, con una alta gama de variedad, son de atención por parte de la OCDE en la persecución de su objetivo, promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de los habitantes de los países.
Si bien es cierto, muchos de estos comités avalaron con recomendaciones mínimas las políticas públicas de Costa Rica, también este proceso desencadenó discusiones y proyectos de gran magnitud, algunos ya plenamente materializados, como las modificaciones fiscales establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el seguro de depósitos, mientras que otros se encuentran en fase incipiente y representan un reto importante para Costa Rica, como lo son la apertura de mercados para mayor competencia, el mejoramiento en el manejo de los datos institucionales para estadísticas más confiables y las recomendaciones relativas a reducir la informalidad en el sector comercial.
Respecto de los temas fiscales, la OCDE observó con muy buenos ojos las reformas a las leyes de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. La incorporación de legislación que estuviese alineada con las acciones para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (probablemente el tema de discusión más importante en el seno de la OCDE en los últimos diez años), dio un aire de confianza al organismo internacional respecto al compromiso y seriedad con que Costa Rica estaba afrontando el proceso.
En relación con los temas pendientes, debemos mostrar la misma seriedad ahora que estamos dentro de la organización, con especial atención a las últimas recomendaciones que buscan la reducción de la informalidad, mismas que requerirán un esfuerzo en la redistribución de gastos asumidos por nuestra seguridad social a efectos de disminuir el porcentaje de las cargas sociales patronales y obreras, incentivando así, que más personas ingresen a nuestros sistemas formales de cotización.
El éxito de esta redistribución estará marcado por la voluntad institucional, pero, sobre todo, por una disminución importante del gasto del Estado, que permita compensar la reducción de las cargas sociales. Lastimosamente los proyectos fiscales en discusión ―parte de la agenda para el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional— distan de soluciones de contención del gasto a corto y mediano plazo y se enfocan en el aumento de impuestos casi inmediatos, asunto que empeora nuestra posición (corroborada por la OCDE) dentro de los países con mayor carga impositiva, no solo de la región, sino del mundo.
Históricamente hablando, Costa Rica ha tenido dificultades en aceptar las evaluaciones internacionales que no le favorecen, no olvidemos los constantes rechazos a los análisis expertos que han expuesto lo delicado de nuestro sistema de pensiones, los rankings internacionales de competitividad y de más reciente data, los cuestionamientos hacia las calificadoras de riesgo. Siendo un país miembro de la OCDE, la actitud hacia estos instrumentos deberá cambiar.
Seremos sujetos a evaluaciones objetivas, que nos compararán directamente contra los demás miembros tanto oficiales como consultivos de dicha organización, atrás deberán quedar las expresiones de tinte subjetivo o político, para enfrentar las reformas necesarias para mejorar nuestras políticas públicas. Índices en temas como apoyo agrícola, asistencia oficial para el desarrollo, comercio internacional, carga tributaria, gasto público, confianza del consumidor, educación, inversión extranjera directa, pensiones y tecnología, entre otros, serán analizados y publicados anualmente, de forma que nos permita no solo conocer nuestro ranking, sino acceder a los comités relacionados con cada tema, exponer nuestro caso e historia país y obtener retroalimentación y recomendaciones que nos permitan fijar nuestros puntos de partida.
Habiendo realizado esfuerzos importantes para nuestro ingreso a la OCDE y teniendo algunos de ellos aún pendientes de implementar, el reto de Costa Rica está en el futuro, está en cómo queremos beneficiarnos de todas las herramientas analíticas objetivas, la experiencia de otros países y sus recomendaciones, así como aprovechar los espacios que se nos abren, para exponer nuestros modelos e ideas.
Nos corresponde tener la capacidad y madurez de reconocer aquellas áreas en las que estamos alejados de las mejores prácticas internacionales y hacer el esfuerzo para realizar las modificaciones legales y estructurales, necesarias para corregir las costumbres que hasta el momento hemos seguido, mejorando así nuestra imagen como centro de atracción de inversiones a nivel mundial.
