25 octubre, 2018

La discusión en torno a la reforma fiscal ha exacerbado los ánimos de uno y otro lado de la acera.

Los sindicalistas han calificado a los magistrados de pro patronales y algunos han deslegitimado a la Corte argumentando que sus decisiones obedecen a intereses particulares.

La discusión sobre lo que constituye un interés general o un interés sectorial es válida, lo que no se vale es condenar las decisiones judiciales acudiendo al proceso de intención.

Por otra parte, ¿quién declara, con validez general e imparcialidad, el bien común y la legitimidad de las decisiones judiciales?

Si los jueces fallan por intereses particulares eso es un delito, y quien tenga prueba de ello que presente las denuncias; lo que no procede es condenar de previo, y deslegitimar a una institución esencial para la democracia.

Desprestigio

La cúpula del Poder Judicial tiene responsabilidad en su desprestigio.

Durante años postergaron decisiones en materia de pensiones, su política salarial fue asimétrica, y magistrados han sido procesados, destituidos o sancionados.

Nada justifica el ataque a la institución como tal, confundiéndola con los yerros de algunos de sus integrantes. Su demolición deja un vacío, sin alternativas.

La idea de nombrar jueces ad hoc para resolver la consulta facultativa sobre la reforma de las finanzas públicas es peligrosa e inconstitucional (Artículo 35 constitucional), y abre la puerta para que ocurran acontecimientos penosos que se han dado en América Latina, cuando los poderes judiciales han estorbado los proyectos de otros sectores de la clase política.

Dictadores de derecha removieron jueces y dictadores de izquierda los nombraron para cambiar la correlación de fuerzas en su favor. Nombrar magistrados ad hoc es una amenaza para la salud de la República.