Costa Rica ha desatendido el mantenimiento en la gestión y planificación de proyectos de infraestructura, lo cual deteriora el valor de nuestros activos públicos de manera constante y, a veces, irreversible.

En materia de carreteras, de acuerdo con un estudio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) del 2015, el 15,5 % de las vías nacionales de nuestro país requerían acciones de mantenimiento urgentes para mejorar problemas de nivel estructural. Además, de 2014 a 2016 el 10,66 % de la Red Vial Nacional tuvo pérdidas en su condición estructural.

La consecuencia más lamentable de la pérdida del valor de nuestros activos públicos está asociada a la competitividad país. Por esta razón, después de realizar un balance en el que visualicemos nuestros activos públicos más valiosos, debemos garantizar su optimización e incorporar este mecanismo como una fase permanente en la gestión de proyectos de infraestructura.

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¿Qué es la optimización de activos? De acuerdo con los nuevos paradigmas en la gestión de infraestructura, debería considerarse, dentro de la planificación y desarrollo de los proyectos de infraestructura pública, no solo la organización y ejecución de la obra, sino el seguimiento y el control de la misma a través de la figura de optimización de activos como una herramienta para aprovechar al máximo el potencial de cada proyecto y, a la vez, asegurar su mantenimiento en el corto, mediano y largo plazo.

Así como consideramos importantes los materiales, el recurso humano y los fondos para hacer, por ejemplo, una carretera, también deberíamos prever la optimización de activos como regla general dentro de la planificación. De esta manera aprovechamos sus beneficios, como la posibilidad de atraer inversión privada que pague precios justos al Estado mientras se encarga del mantenimiento de un activo.

Nuevos proyectos

Esta fase garantiza el rendimiento óptimo del activo público y se constituye como una ventaja competitiva de nuestro país.

Además, puede resultar en una inversión que siempre implicará un monto significativamente inferior al que deberá ser destinado a la obra que no contó por mucho tiempo, incluso décadas, con el mantenimiento requerido para tener una vida útil de alta calidad.

Así también, la optimización de activos permite generar recursos para nuevas obras, ya que los concesionarios pagarían al Estado por el derecho a gestionar el proyecto.

Asimismo, el esquema se torna atractivo para las alianzas público-privadas, ya que, al tratarse de un activo en funcionamiento y ya construido, los riesgos que conlleva no son los mismos para el Estado y el inversor privado interesado en desarrollar la optimización.

Esta visión parte de una perspectiva amplia del concepto de activo de infraestructura, donde no solamente están las carreteras, sino también puertos, aeropuertos, edificaciones públicas, ferrocarriles, infraestructura de saneamiento, energía y movilidad urbana.

Solución concreta

¿Cómo implementarlo? La incorporación de estos conceptos en nuestra gestión de obra pública debe ser imperativa de cara a los retos y las metas de crecimiento país, y para desarrollar la infraestructura que requerimos para el futuro. Por tanto, deberían ser agregados en el diseño de nuestras políticas públicas y legislación existente.

En este contexto, y con el objetivo de contribuir con soluciones concretas, presenté el proyecto de ley 20.929, el cual introduce la figura de contrato de optimización de activos de infraestructura mediante una modificación parcial a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos N.° 7762.

La iniciativa incluye otros elementos para agilizar y potenciar la figura de concesión de obra pública en nuestro país, como destinar recursos a la fase de planificación y preparación, y posicionar a Costa Rica como destino de inversión.

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Así, la iniciativa de ley, que ya ha avanzado a su trámite en el Plenario Legislativo para aprobación, pretende transformar una visión de Estado constructor, o convencional, en una de mayor participación público-privada mediante el dinamismo de la figura de concesión, donde existe transferencia de riesgos y una remuneración basada en resultados.

Este proyecto de ley pone sobre la mesa de discusión una propuesta para atender las necesidades de inversión en infraestructura en un contexto de restricciones fiscales, brindando al país una herramienta viable e innovadora para potenciar la competitividad económica y la calidad de vida de sus ciudadanos en modelos de asocio entre el sector público y la empresa privada.