Para algunos sectores en Costa Rica, hablar de concesiones es sinónimo de una figura cubierta por malas experiencias. La más reciente data del 23 de abril del 2013, cuando la presidenta de la República, Laura Chinchilla detuvo el contrato con la empresa brasileña OAS para ampliar la carretera entre San José y San Ramón.
Una fuerte movilización social y presiones por las altas tarifas de peaje que se pretendían cobrar en este proyecto, terminaron por sepultar el contrato de concesión con la firma brasileña. En marzo del 2014, el Gobierno terminó de pagar los $28,4 millones a OAS por la cancelación de la obra.
Pero también han existido casos de éxito. El 28 de febrero de este año, APM Terminals entregará la primera etapa de la Terminal de Contendores de Moín, un proyecto que se gestó bajo la figura de concesión y cuyo costo es de $1.000 millones.
El gobierno de Carlos Alvarado cree en las concesiones, a las que enmarca dentro del portafolio de iniciativas de alianzas público-privadas o APP, por sus siglas.
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Claudia Dobles, primera dama de la República, confirmó la mañana de este jueves en un foro, que el Ejecutivo tiene confianza en la figura de las concesiones como un mecanismo para desarrollar obras públicas de alto nivel.
Dobles aseguró que el proyecto del tren eléctrico metropolitano se hará mediante concesión bajo los estándares más altos de calidad y con rigurosos sistemas de evaluación para garantizar una buena obra.
“Nosotros sabemos que no vamos a inaugurar el tren, pero es un proyecto en el que creemos y por eso los estamos impulsando. Es un sistema de transporte que va a generar un beneficio altísimo para la ciudadanía”, apuntó la Primera Dama.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, promueve un proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). La legisladora considera que este mecanismo permite desarrollar obra pública en excelentes condiciones para el país.
“El modelo tradicional no transfiere riesgos ni trabaja basado en resultados, si no que el Estado contrata a empresas privadas en diferentes etapas del proyecto de infraestructura sin trasladar la responsabilidad del financiamiento y los riesgos que esto conlleva”, comentó Hernández.
La congresista agregó que un modelo sólido de concesiones transfiere las responsabilidades a las empresas privadas que participan en cada etapa del desarrollo del proyecto.
¿Qué pretende el proyecto de ley?
Hernández puntualizó cinco objetivos.
1- Fortalecer la etapa de preinversión del CNC con un 2% del total del dinero que se recauda con el impuesto a la propiedad de vehículos, este tributo, según la diputada, representa una bolsa de $300 millones cada año. Es decir, se transferirían al Consejo Nacional de Concesiones cerca de $6 millones anuales.
2- Posicionar a Costa Rica como un país atractivo para la inversión de empresas privadas y fondos de inversión.
3- Mejorar las capacidades al sector público. El proyecto modifica un artículo de la actual Ley de Concesiones para que el CNC pueda contratar personal cuando lo requiera para la supervisión y evaluación de cada proyecto de obra pública.
4- Mejorar la transparencia y rendición de cuentas del CNC. La diputada aseguró que en la actualidad no existen facilidades para acceder a la información de los diferentes proyectos de concesión.
5- Optimizar los activos. El proyecto promueve un esquema para que empresas privadas, fondos de inversiones y operadoras de pensiones puedan participar en el financiamiento y la contratación de empresas para darle mantenimiento a obras públicas que ya existen en el país.
Buenos resultados
Los procesos de concesiones y de APP han dado buenos resultados en otros países. Dimitri Zaninovich, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, comentó que hace una década su país tomó la decisión de apostar por estos modelos para desarrollar la infraestructura pública.
Zaninovich enumeró tres factores que deben poner en marcha los gobiernos para que la concesión rinda frutos positivos. Los aspectos son: la decisión política, la coordinación entre instituciones y la selección de proyectos.
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“Los grandes proyectos de infraestructura permiten impulsar la economía. Está demostrado que esos proyectos se pueden construir en alianza con el sector privado, quien aporta su conocimiento, su eficiencia y recursos”, indicó el especialista en concesiones.
Jorge Sequeira, gerente general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), destacó la importancia del desarrollo de obras públicas para hacer más atractivo al país y facilitar la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).
“Relanzar el programa de concesiones en el país es un paso más en la vía correcta”, comentó Sequeira. “Es la forma más efectiva de mejorar competitividad costarricense en el campo de la infraestructura”.
Para Federico Villalobos, experto en Infraestructura y Proyectos de Deloitte, destacó que la idea de impulsar un nuevo programa de concesión de obra pública permitiría mitigar el rezago en infraestructura que es de -1% del Producto Interno Bruto (PIB) o ¢600.000 millones cada año.
Villalobos recordó que con un sistema moderno de concesiones se podrían desarrollar proyectos como las ampliaciones de las carreteras San José-Caldera, San José-Cartago y San José-Río Frío.
El tema del presente y el futuro de las concesiones en Costa Rica se desarrolló la mañana de este jueves en un foro organizado por el Despacho de la Diputada Silvia Hernández, Cinde y el Banco Interamericano de Desarrolló (BID).
