Las garantías individuales son las vías jurídicas, institucionales y de procedimiento que protegen libertades públicas y los derechos individuales contra la arbitrariedad del poder.
Amparan las libertades de expresión, prensa, reunión, derecho de huelga y también aquellos derechos inherentes a la persona por el hecho de su condición humana, independientemente de la voluntad estatal: derecho a la vida, integridad física, libertad de conciencia, propiedad privada e igualdad ante la ley .
El garantismo es dimensión práctica y normativa que hace reales declaraciones teóricas por medio del principio de la presunción de inocencia, la prohibición de la detención arbitraria (habeas corpus), el control de constitucionalidad de las leyes y la independencia del poder judicial.

Someter al poder punitivo del estado a límites es su objetivo, va más allá de lo jurídico, es una filosofía política. El garantismo minimiza el monopolio de la violencia legítima estatal y potencia el valor de la libertad frente al estado.
Su principal teórico, el jurista italiano, Luigi Ferrajoli, señala: las garantías están indisolublemente asociadas con la democracia sustantiva, en oposición a la formal. Los derechos de defensa, presunción de inocencia, principio de legalidad, indubio pro reo, proporcionalidad de la pena, carga de la prueba en la acusación, son esferas de autonomía que no deben ser abolidas
El garantismo se contrapone con otras visiones. Una de ellas es el autoritarismo penal que pretende la flexibilización de garantías frente a terroristas, criminalidad organizada u otros. Quienes parten de esta visión no ven en las personas a ciudadanos, sino a entes fuera de la sociedad carentes de derechos. Otra perspectiva es aquella que prioriza la seguridad y eficacia represiva, populismo punitivo.
Los críticos del garantismo argumentan que genera impunidad, protege a los delincuentes, desampara a las víctimas y dificulta lidiar con el crimen organizado y el terrorismo.
El papa León XIV ha señalado con firmeza que la dignidad humana es inalienable y no se pierde ni siquiera tras cometer los delitos más graves, exigiendo que la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico respete siempre los derechos humanos universales.
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Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.
