EscucharEn la Asamblea Legislativa se está tramitando el expediente 24.256 el cual busca, entre otras cosas, la eliminación paulatina de la garantía estatal sobre los bancos públicos. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo parte de recomendaciones que por muchos años ha realizado el Fondo Monetario Internacional, y más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de alinear la normativa del sector financiero a las mejores prácticas internacionales.
La lógica detrás de esta iniciativa es nivelar la cancha entre las entidades financieras públicas y las privadas, pues las disparidades actuales dan una ventaja a las primeras, lo cual ha limitado la competencia en el mercado y ha tenido una repercusión sobre la innovación de servicios financieros en el país, así como en el costo de la intermediación financiera.
El proyecto de ley propone que exista una única garantía para los depositantes pequeños, tal como es la práctica internacional, mediante la utilización del seguro de depósito que ya existe en el país, pero que requiere reformas para lograr una mayor efectividad con la eliminación de la garantía del Estado.
De igual forma, la experiencia derivada de la crisis internacional de los años 2008-2009 ha demostrado que los bancos centrales deben cumplir un papel primordial en la estabilidad del sistema financiero, mediante el rescate de instituciones de carácter sistémico, con independencia de si su propiedad es pública o privada.
La idea con la propuesta de ley es que, si el Fondo de Garantía de Depósitos existente no da abasto para la liquidación de un banco público, el Banco Central de Costa Rica podría cubrir la diferencia de manera temporal, mientras el liquidador logra realizar las recuperaciones de la cartera crediticia, sin que el Estado tenga que cubrir la totalidad de los depósitos, como ocurrió en el caso del Banco Anglo.
Vinculado a este proceder, el proyecto le otorga mayores potestades de supervisión a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para que pueda realizar una labor preventiva que evite que una intervención acabe en la liquidación de la entidad financiera. Este ha sido el caso de cada una de las 17 intervenciones que ha realizado la Sugef desde la liquidación del Banco Anglo.
Dentro de las potestades que otorgaría la ley estaría la remoción de miembros de Juntas Directivas que no cumplan con los criterios de idoneidad, entre otras medidas tempranas que le permitan a la Sugef contar con bancos viables y solventes y eviten que el supervisor llegue tarde en el proceso de intervención como ha sido la experiencia pasada. Además, se promueve una mayor independencia de la Superintendencia para blindarla de riesgos de carácter político.
Aunque todo esto pueda sonar muy bien en el papel, para integrar ese marco en el enfoque supervisor y monitorear los indicadores de resolución y recuperación de las entidades cuando las circunstancias lo requieran, es necesario dotar a la Sugef de personal especializado, lo cual, a su vez, conlleva un mayor costo presupuestario.
Sin embargo, en los últimos años la experiencia ha sido la opuesta, pues el personal clave del supervisor financiero se ha ido pensionando o ha abandonado la institución para ser laborar en las instituciones reguladas, dada la comprometida competitividad de los salarios ofrecidos, como resultado del congelamiento de los salarios en el sector público por la aplicación de la regla fiscal. El desafío es cómo atraer talento para realizar una labor de supervisión más efectiva, si el sector público no es capaz de retener a sus mejores empleados.
Esta situación puede dar al traste con las intenciones del proyecto de ley, el cual de aprobarse podría dejar al sector financiero más debilitado a lo que está hoy en día y con riesgos sin ser gestionados adecuadamente por parte de los bancos del Estado y otras instituciones financieras públicas.
