Por: Guillermo Matamoros.   7 junio

Los actuales niveles de desempleo y la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores –al estar gran parte de ellos en el sector informal– son un claro indicio de que la actividad económica no está dando signos de vitalidad que se traduzcan en más y mejores empleos.

La reactivación económica reclamada para combatir el flagelo del desempleo pasa por todas las instancias del sector público, a fin de crear las condiciones necesarias para que, desde el sector privado, se puedan emprender los negocios y las acciones que apunten a dinamizar la actividad económica.

Entre las acciones que más impacto tienen en el corto y mediano plazo están las relacionadas con el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, analizando el contexto, encontramos una realidad que apunta a no permitir el desarrollo de este sector en el que la inversión pública juega un papel esencial.

Se requiere que el plan del Ministerio de Hacienda para la aprobación de los eurobonos se autorice lo más pronto posible y se analice sin apasionamientos políticos, a fin de dar estabilidad a la economía y, con ello, impactar positivamente las tasas de interés, lo cual favorecería las decisiones de inversión pública y privada. Esto es tarea de la Asamblea Legislativa, al dar el sí, y de Hacienda, mediante el uso responsable de los recursos; no se vale seguir en la fiesta.

Es necesario que los trámites administrativos para la ejecución de los procesos de licitación se hagan de manera clara, transparente, expedita y correcta, con el objetivo de desincentivar la cacería que generan las objeciones a los carteles y las apelaciones a las adjudicaciones. Cuanto más tarde un proceso licitatorio, más caro resulta el proyecto y menos impacto se logra sobre la generación de más inversión pública y la dinamización de la economía.

Tres palabras

Como ejemplo, nos podemos referir a la ampliación y mejora de la carretera Barranca-Limonal, proceso que, tras un año de trámites, no da señales de que vaya a iniciar pronto. Mientras tanto, ciudadanos desempleados y empresas con capacidad instalada subutilizada y costos de movilización más caros, por los atascos que se generan a lo largo de la carretera, sufren ante estas calamidades que retrasan el desarrollo que tanto anhelamos. Esta es una tarea de la administración activa y de los órganos fiscalizadores; la primera, haciendo bien las cosas; los segundos, analizando no solo la legalidad de sus decisiones, sino también su eficiencia (artículo 11 de la Constitución Política).

Se requiere que las empresas que participan en estos procesos encuentren nuevas opciones de inversión y de trabajo para que ganar un proyecto no se convierta en una lucha en la que cualquier estrategia sea válida, sin importar si el país termina pagando 10%, 20% o 70% más por la obra respecto del monto originalmente presupuestado.

Si bien en un Estado de derecho esto es posible, es inconcebible que, por el afán de hacerse con el proyecto, paralicemos el inicio de las obras por meses o incluso años. El Estado y sus instituciones deben crear las condiciones y la transparencia necesarias para que se generen más opciones en las que todos tengan su espacio. De lo contrario, lo poco que se puede hacer en un proceso tan lento y desesperante solo genera más inacción y menos reactivación.

¿Qué hacer? Si se generan las condiciones, se tienen los recursos y se cuenta con una cartera interesante de proyectos de infraestructura de transporte y social, debe buscarse el mecanismo para orientar los esfuerzos hacia una sola dirección: la creación de más oportunidades de negocio y empleos.

“Se necesita que los trámites administrativos para la ejecución de los procesos de licitación se hagan bien, de manera clara, transparente y expedita”.

Es posible implantar, mediante ley, un plan de reactivación del desarrollo de infraestructura, cuyo objetivo sea establecer mecanismos que permitan la ejecución expedita de una serie de recursos contratados para el desarrollo de obras viales, educativas, hospitalarias y sociales, aprovechando al máximo la disposición que hoy en día tienen las asociaciones público privadas (APP).

Entre las acciones más importantes están crear un régimen de contratación excepcional que suspenda la aplicación de los controles previos existentes en la normativa ordinaria; definir una estructura funcional que se encargue de la implementación del plan de contingencia en infraestructura, asumiendo el proceso completo de diseño, contratación, ejecución y supervisión de las obras, directamente o por medio de terceros definidos en leyes especiales, pero liderados por esta estructura funcional que se defina; y priorizar aquellos proyectos que cuentan con financiamiento o con apetito del sector privado para desarrollar por medio de APP o concesiones.

En tres palabras: destrabar, liderar y priorizar. El tiempo apremia.