El desarrollo económico y social de los países depende crucialmente de su capacidad para diseñar y ejecutar políticas económicas de calidad con horizonte de largo plazo. Lo anterior nos lleva a reflexionar en este editorial sobre el futuro de nuestras políticas económicas.
La aprobación de la reforma fiscal el año pasado fue una muestra positiva de la capacidad de los actores políticos para enfrentar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. La reforma, si se aplica tal como se aprobó, permitirá la reducción del peso de la deuda del Gobierno Central con respecto a la economía.
Pero no podemos cantar victoria en forma definitiva sobre los resultados de la reforma fiscal, porque todavía queda pendiente su implementación. En particular, vemos riesgos en la aplicación de las normas legales para contener el crecimiento del gasto público. Los grupos de presión —ya sea por medios políticos, burocráticos o judiciales— buscarán saltarse las barreras legales para controlar la expansión del gasto.
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El equipo económico del presidente Alvarado, integrado por Edna Camacho, Rocío Aguilar, Rodrigo Cubero y André Garnier ha garantizado la existencia de políticas económicas sensatas. La renuncia de la ministra Edna Camacho, coordinadora del equipo económico, podría abrir una grieta en el diseño de las políticas económicas.
La nueva coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, es poco conocida y tiene el gran reto de mantener la confianza de los empresarios e inversionistas en las políticas económicas del Gobierno. En la entrevista que le hicimos la semana pasada la vimos clara en identificar los retos económicos del país, pero todavía le falta ser más concreta en las medidas. Ante esta situación, la permanencia de Aguilar, Cubero y Garnier se vuelve más importante, diríamos que indispensable, para sostener la confianza en las políticas económicas.
Un tema clave de la política económica es su capacidad para reactivar la economía nacional. Los primeros meses del año hemos observado un crecimiento económico muy débil y un alto desempleo. Sin embargo, la reactivación no es una tarea fácil porque el escenario externo es adverso por varias razones: primero, hay una moderación en el crecimiento económico mundial; segundo, se han deteriorado los términos internacionales de intercambio; tercero, las exportaciones agrícolas están en retroceso por la caída de los precios internacionales o por situaciones de clima, y, cuarto, el conflicto nicaragüense ha disminuido las exportaciones a Centroamérica.
Estamos pagando...
En el plano interno en buena medida estamos pagando por los desarreglos fiscales del pasado que se materializaron en altos riesgos de la estabilidad de la economía. Estos riesgos durante el año pasado llevaron a los empresarios a posponer sus decisiones de inversión y los resultados los estamos viendo ahora en la desaceleración económica.
A pesar de lo anterior, el Poder Ejecutivo tendrá que redoblar sus esfuerzos en las medidas de reactivación de la economía. El aumento del gasto en inversión en el Gobierno Central ha sido positivo, pero aún es insuficiente para impulsar el crecimiento. La simplificación de trámites camina en forma lenta mientras pequeñas y grandes inversiones no pueden ejecutarse hasta terminar el calvario de la tramitomanía.
Ante la mala situación de las finanzas públicas, deberíamos echar mano a la figura de la concesión para realizar obras de infraestructura. El presidente Alvarado se ha manifestado a favor de usar esta modalidad. Sin embargo, esta vía no camina con la velocidad necesaria.
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Así como creemos que el Poder Ejecutivo debería apretar su paso en políticas de reactivación, también somos conscientes que las políticas de reactivación tropiezan con restricciones económicas y políticas muy importantes. No hay “varitas mágicas” para impulsar la reactivación. La situación deficitaria de las finanzas públicas y la necesidad de llevarlas a una senda de sostenibilidad financiera restan grados de libertad a las políticas para promover el crecimiento y algunas de las reformas para impulsar el crecimiento económico (por ejemplo, la venta de activos o la reforma del mercado eléctrico) requieren de aprobación legislativa y resultan altamente polémicas.
La semana pasada la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa se inclinó por aprobar una única emisión de los eurobonos de $1.500 millones. Es decir, adoptó una decisión de corto plazo en vez de enfrentar la situación de mediano plazo. Entendemos la desconfianza que puedan tener las fracciones legislativas de la voluntad del Poder Ejecutivo para aplicar la regla fiscal y contener el crecimiento del gasto, pero para el país habría sido mejor una solución en dos vías: el financiamiento externo de mediano plazo condicionado a la contención del gasto.
Lamentamos la decisión legislativa porque la reactivación económica necesita una reducción de tasas de interés que no ocurrirá mientras no disminuyan las necesidades de financiamiento del Gobierno Central en un horizonte de mediano plazo.
En conclusión, hay que reconocer que hay importantes restricciones para acelerar el crecimiento económico, pero para avanzar será muy importante que el Poder Ejecutivo mantenga claridad en sus políticas y que la Asamblea Legislativa mantenga abiertas las vías de diálogo entre las diferentes fracciones para avanzar en proyectos de ley necesarios para la reactivación económica.
