De verdad es increíble cómo algunos funcionarios se arraigan a sus puestos, pese a haber perdido la confianza de la ciudadanía a la que están llamados a servir.
Pese a la tentación y cantidad de evidencia circunstancial, me abstendré de declarar a nadie culpable antes de que lo hagan los tribunales. Pero esto no quiere decir que dichos funcionarios no deban renunciar. Porque aunque no hayan sido declarados culpables en las cortes, sí han perdido el derecho a ejercer el puesto que les había sido confiado por ciudadanos que ya no los quieren ahí.
De hecho, ni sus colegas, superiores, subalternos y —mucho menos— los costarricenses, los quieren en sus puestos ni un minuto más; por lo tanto, para efectos prácticos están inhabilitados para servir y cumplir con sus responsabilidades.
Al quedarse desprestigian, por asociación, a sus instituciones y colegas, afectan la imagen del país y se burlan de nuestra institucionalidad.
Tal vez lo único positivo de todo esto es que se ha puesto en evidencia la gran debilidad de nuestra legislación en materia de transparencia y probidad.
Eliminar la inmunidad
En el Acuerdo Nacional firmado por los partidos políticos en junio pasado, específicamente en el Acuerdo 54.1 dice: “Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes en el caso de delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”.
Ese acuerdo en específico contó con los votos favorables de 8 de los 9 partidos participantes en dicho proceso.
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Lo anterior quiere decir que varios diputados, funcionarios y magistrados ya hubieran perdido la inmunidad pues han sido imputados por la Fiscalía y hoy enfrentarían los cargos que les corresponde.
Es urgente activar el Acuerdo Nacional firmado por los 9 partidos con representación legislativa.
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Si el Acuerdo ya estuviera vigente, habríamos visto este caso y muchos otros temas de importancia estratégica nacional avanzar de manera eficaz y eficiente.
Ojalá los partidos cumplan lo que han firmado. Y un buen primer paso sería ratificar ya el Acuerdo 54.1.
