La política comercial del país es una de las pocas políticas de Estado que ha permanecido incólume durante los últimos cuarenta años, con resultados que hoy nadie cuestiona: un cambio sustancial en la estructura productiva para la exportación, con nuevos y muchos más productos en su canasta exportable; un crecimiento sostenido del comercio exterior, aún en tiempos tan críticos como el de la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania; una participación cada vez más importante en el producto interno bruto del país; la creación de miles de puestos de trabajo por año, con salarios mejores que los del resto de la economía; entre muchos otros indicadores de éxito.
Para nadie es un secreto que ha sido el sector de comercio exterior el que ha dado aire a la economía costarricense durante el último lustro.
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Ese éxito ha sido posible porque, gobierno tras gobierno, han entendido que el comercio exterior y la inversión extranjera que lo hace posible son el motor de la economía costarricense, y porque ha existido una institucionalidad que funciona y que lo ha hecho muy bien: un Ministerio de Comercio Exterior (Comex) que fija la política comercial y de inversión y dirige las negociaciones; una Promotora de Comercio Exterior (Procomer) que promueve las exportaciones y administra los regímenes especiales; y Cinde, una organización privada sin fines de lucro que, por décadas, se ha hecho cargo de manera reconocidamente eficaz de la atracción de la inversión extranjera directa (IED). La división del trabajo y la especialización de cada una de esas dependencias, trabajando de la mano y coordinadamente, han dado los resultados que hoy disfrutamos.
Así las cosas, no es de extrañar que el país haya quedado atónito ante la abrupta decisión de la administración de Rodrigo Chaves de rescindir unilateralmente el convenio suscrito entre esas tres instituciones, el cual está vigente desde el año 2010, y con base en el cual se transferían a Cinde recursos del presupuesto nacional y de Procomer para que aquella pudiera llevar a buen término las importantes funciones que se le habían encomendado. Ninguna de las razones dadas por el ministro Manuel Tovar para justificar ese desaguisado es convincente.
Para empezar, la suma asignada es modesta comparada con un sinnúmero de otras partidas presupuestarias, y los réditos que produce esa inversión sobrepasan por mucho los costos. Segundo, porque achacarle a Cinde que no haya llevado todavía más proyectos fuera del Gran Área Metropolitana es irrisorio, y denota un desconocimiento absoluto de los factores que llevan a una empresa a seleccionar el sitio de su inversión. Compartimos que este sea un objetivo deseable, fijado ya por administraciones anteriores, pero para lograrlo lo que corresponde es que el gobierno mejore las condiciones de infraestructura, conectividad, educación, seguridad y los servicios públicos requeridos para producir en esas regiones. Y tercero, porque es falaz que Procomer esté preparada para asumir de golpe las labores especializadas de Cinde; Procomer no tiene la experiencia ni el conocimiento ni el personal capacitado para ello.
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No es cierto, entonces, que esta haya sido una decisión bien pensada. Todo lo contrario. Lo que el gobierno ha hecho, con la complicidad de algunas cámaras, es prescindir de una agencia especializada, de prestigio internacional, bien gerenciada, que ha dado confianza a los inversionistas extranjeros y que ha demostrado dar resultados tangibles por muchos años. Esto para abrirle paso a la improvisación sin que exista todavía un plan de relevo creíble, por lo que, en el mejor de los casos, se tardarán años antes de que podamos contar con una alternativa seria y de la estatura de Cinde.
Los motivos reales detrás de este golpe por ahora se desconocen con exactitud, pero lo que sí se sabe es que con esta equivocada decisión y sus erráticas explicaciones, el ministro Tovar ha perdido credibilidad y posicionamiento, mientras que el país se verá afectado en la dura competencia internacional por la atracción de la inversión, precisamente cuando las condiciones geopolíticas y económicas a nivel global exigen, más bien, proyectar un mensaje claro e inequívoco de que queremos seguir haciendo bien las cosas en ese campo.
