Costa Rica no debería conformarse con un mercado laboral que luce mejor en sus porcentajes, pero es incapaz de ampliar las oportunidades de trabajo.
Una tasa de desempleo más baja y una menor proporción de ocupaciones informales son resultados deseables, pero insuficientes para evaluar el bienestar. La pregunta decisiva no es solo cómo cambian esos indicadores, sino qué ocurre con las personas: cuántas consiguen empleo, cuántas mejoran sus condiciones y cuántas dejan de buscarlo.
Un reportaje de El Financiero publicado esta semana muestra una transformación que exige leer las cifras con cuidado. En el segundo trimestre de 2026, el país tenía prácticamente la misma cantidad de personas ocupadas que siete años antes, alrededor de 2,18 millones. Sin embargo, detrás de esa estabilidad cambió la composición del empleo, tanto por su formalidad como por el perfil de los trabajadores y los establecimientos que los contratan. El número se parece; el mercado laboral no es el mismo.
Ese contraste debería ocupar un lugar central en la discusión pública; no para negar avances, sino para distinguirlos de los problemas pendientes. Recuperar o mantener el volumen de ocupación previo a la pandemia no equivale, por sí solo, a construir un mercado más inclusivo. Tampoco una disminución del desempleo demuestra automáticamente que aumentaron las posibilidades de encontrar trabajo. Para interpretar ese resultado es indispensable examinar también la participación laboral y la ocupación.
La diferencia importa. Una persona que consigue trabajo deja de estar desempleada; pero quien abandona la búsqueda también deja de contarse entre los desempleados, aunque continúe sin una ocupación. Por eso, presentar la tasa de desempleo aislada puede ofrecer una imagen incompleta. El país necesita saber si el indicador mejora porque se abren puertas o porque hay menos personas intentando cruzarlas. Son situaciones distintas y requieren respuestas distintas.
Algo semejante ocurre con la informalidad. Su reducción constituye una buena noticia cuando refleja el traslado de trabajadores hacia empleos formales o la creación de oportunidades con protección social. No tiene el mismo significado cuando responde a la desaparición de ocupaciones informales sin una alternativa para quienes dependían de ellas. Una mejor distribución porcentual puede coexistir con dificultades que ese porcentaje no permite reconocer.
Los datos del reportaje obligan a hacer esa distinción: la transformación combina creación de puestos formales con pérdida de ocupaciones informales. No corresponde tratar ambos movimientos como si fueran una sola historia de progreso. Tampoco sería riguroso concluir que cada puesto informal perdido representa una persona excluida. Para saberlo hay que investigar las trayectorias de esos trabajadores y establecer cuántos encontraron otra ocupación, cuántos continúan buscando y cuántos salieron del mercado.
Los datos, en todo caso, deben orientar la política pública. No basta con fijar como objetivo una menor informalidad si no se precisa cómo se alcanzará y qué ocurrirá con quienes hoy trabajan en esas condiciones. La meta debe ser facilitar su incorporación a actividades formales, no celebrar su desaparición estadística. Del mismo modo, reducir el desempleo debe significar ampliar el acceso al trabajo, no depender de una menor participación.
Para ello se necesitan metas verificables, responsabilidades institucionales claras y seguimiento público. Los programas de capacitación, intermediación y apoyo a la formalización deberían evaluarse por las oportunidades que efectivamente abren y por la permanencia de las personas en empleos de calidad. Contar cursos, trámites o beneficiarios puede describir actividad administrativa, pero no demuestra que alguien haya mejorado su situación laboral.
El país tiene motivos para reconocer la creación de empleo formal, pero también la obligación de mirar a quienes no aparecen en esa mejora. La tarea pendiente es convertir la transformación del mercado en más oportunidades, no solo en una composición estadística más favorable. El éxito no debería medirse por cuántas personas dejan de figurar como desempleadas o informales, sino por cuántas pueden trabajar en mejores condiciones.
