EscucharLos gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por idear un enfoque sensato para gestionar la inflación y las perturbaciones en la producción y el suministro de bienes básicos. El Tesoro del Reino Unido, por ejemplo, acaba de presentar una propuesta para animar a los supermercados a limitar los precios de los productos básicos (como el pan y la leche) a cambio de una flexibilización de las normativas sobre envases y medio ambiente.
A primera vista, la política parece pragmática y compasiva. Pero si se mira más allá de la superficie, se observa una falta de voluntad para hacer frente a los factores estructurales que impulsan el aumento de los costes. En lugar de intervenir en los mercados, el Tesoro está negociando con ellos, lo que pone de manifiesto su incapacidad para apreciar la magnitud de la crisis de la asequibilidad a la que se enfrenta. El problema no radica solo en el elevado precio del pan y la leche, sino en una incapacidad sistémica y a largo plazo para abordar el estancamiento de los salarios, los elevados costes de la vivienda y el alto precio de los servicios básicos.
Peor aún, aunque «buscar pelea» públicamente por el coste de los productos básicos pueda parecer una respuesta adecuada, corre el riesgo de ser contraproducente. ¿Qué hará el Gobierno si los minoristas simplemente se resisten, retrasan la aplicación o cumplen de forma selectiva? La política no dará resultados y la credibilidad del Estado se verá aún más debilitada.
La experiencia europea reciente pone de relieve el peligro. En 2023, el Gobierno francés negoció una «cesta de productos antiinflacionarios», por la que los supermercados podían seleccionar libremente un conjunto limitado de productos para venderlos a precios reducidos durante un periodo definido. Aunque políticamente visible, el plan se basaba en la participación voluntaria, cubría solo una pequeña parte de los productos, variaba según los minoristas y tuvo un impacto limitado y efímero en la dinámica general de los precios de los alimentos. Este tipo de programas pueden reducir los precios de determinados artículos, pero permiten a los minoristas ajustar los márgenes en otros ámbitos.
De manera similar, en 2022, Grecia introdujo una iniciativa de «cesta de la compra» que animaba a los supermercados a mantener asequibles determinados productos básicos y a informar periódicamente sobre los precios para demostrar su capacidad de respuesta. Una vez más, el programa generó visibilidad a corto plazo y cierta moderación de los precios en artículos específicos, pero no alteró sustancialmente los márgenes de beneficio subyacentes ni la dinámica general de la inflación.
Los enfoques más intervencionistas también se han topado con problemas. Cuando Hungría impuso límites máximos directos a los precios de determinados productos alimenticios en 2022-23 —pasando de la coordinación voluntaria a los controles obligatorios—, los minoristas respondieron subiendo los precios de los productos no sujetos a límites, lo que provocó distorsiones en la oferta y escaseces periódicas. España, por el contrario, redujo temporalmente el impuesto sobre el valor añadido de los alimentos básicos, lo que alivió marginalmente los precios al consumo; pero, dado que el plan dependía de que los ahorros se trasladaran a través de múltiples eslabones de la cadena de suministro, los resultados generales no fueron ni uniformes ni transformadores.
A pesar de sus diferencias, estos casos reflejan un modelo común que resultó inadecuado. Ya fueran voluntarias, coercitivas o indirectas, las intervenciones de los gobiernos se basaron en medidas impulsadas por los minoristas dirigidas a una gama limitada de productos en el punto de venta. Estos planes pueden aumentar la visibilidad, pero no modifican las estructuras del mercado; los límites de precios corren el riesgo de fomentar la evasión y las interrupciones del suministro; y las medidas indirectas, como las rebajas fiscales, dependen del comportamiento de las empresas para transmitir el ahorro. En ninguno de estos casos la política alteró las estructuras de costes subyacentes, la dinámica de los beneficios o los patrones de distribución.
El enfoque en el comercio minorista resulta especialmente inapropiado en el Reino Unido, donde los costes excepcionalmente elevados de la vivienda y los servicios públicos están absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares y reduciendo drásticamente lo que queda para el consumo esencial. Al centrarse únicamente en los precios de los supermercados, el Gobierno está diagnosticando erróneamente el problema y perdiendo la oportunidad de abordar las causas reales de la crisis de la asequibilidad.
Tales intervenciones reflejan un sesgo persistente en la forma en que los gobiernos responden a la inflación. El instinto de los responsables políticos es actuar sobre los precios al final de la cadena de suministro, en lugar de sobre las condiciones que los determinan. Sin embargo, la inflación de los precios de los alimentos suele estar impulsada por los costes energéticos, los insumos agrícolas, las condiciones laborales, los mercados mundiales de materias primas y las estrategias de fijación de precios de las empresas.
La crisis de la asequibilidad no se reduce simplemente a los precios al por menor. Se deriva de la relación entre los precios, los ingresos y la organización más amplia del abastecimiento social. Lo que importa no es si el precio del pan es ligeramente más bajo en la caja, sino si los hogares tienen los medios para obtener los bienes esenciales de forma fiable. La cuestión no es cómo limitar los precios, sino cómo garantizar el acceso.
El programa de la canasta básica de México resulta instructivo en este sentido. En lugar de centrarse exclusivamente en los precios de los supermercados, define una canasta de bienes esenciales y busca garantizar su asequibilidad mediante una combinación de instrumentos: apoyo a los ingresos, políticas de salario mínimo, coordinación con productores y minoristas, y estabilización selectiva de los precios. Aunque sigue dependiendo en parte de acuerdos con las empresas, lo hace dentro de un marco más amplio de política social.
De manera similar, Brasil se ha centrado menos en limitar los precios al por menor de una canasta básica de alimentos y más en facilitar el acceso mediante políticas de ingresos y transferencias fiscales, la contratación pública y la coordinación del suministro, y el suministro directo de alimentos.
En cada caso, la asequibilidad se garantiza no solo a través de los precios, sino también mediante la organización institucional del acceso a los bienes esenciales. Es fundamental que estas estrategias reconozcan que la asequibilidad viene determinada tanto por el poder adquisitivo como por los propios precios. La conclusión —tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo— es que el Estado debe intervenir a través de los canales de ingresos, abastecimiento y producción, en lugar de hacerlo en el punto de venta.
En el caso del Reino Unido, esto requeriría ir más allá de los límites de precios voluntarios hacia una estrategia coordinada que aborde la presión estructural sobre los presupuestos familiares. Eso significa reforzar el apoyo a los ingresos de los hogares de niveles bajos y medios, reducir la carga de los costes de vivienda y servicios públicos, e involucrar a los proveedores de la fase inicial de todo el sistema alimentario para estabilizar los insumos clave. En lugar de negociar reducciones marginales de precios con los minoristas, el Estado definiría las necesidades esenciales y desplegaría herramientas de política en los sectores pertinentes para garantizar su satisfacción.
Un cambio de este tipo aliviaría las presiones inmediatas al tiempo que se construiría un sistema más resiliente y equitativo para el suministro de bienes básicos. Sin él, políticas como los límites de precios voluntarios solo ofrecen la ilusión de control y corren el riesgo de reproducir precisamente las dinámicas que generan vulnerabilidad, concentración empresarial, regulación débil y resultados decepcionantes.
Carolina Alves es profesora asociada de Economía en el Instituto para la Innovación y el Interés Público del University College de Londres y miembro del Girton College de la Universidad de Cambridge.
