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La sequía es sumamente perjudicial para todas las actividades humanas, especialmente las agrarias, que cumplen una función importante dentro de la economía nacional.
En este contexto, el manejo adecuado del recurso hídrico se vuelve fundamental, lo cual es posible mediante la aplicación eficaz de la figura de la concesión de aguas, prevista en la Ley de Aguas.
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Un tema relacionado con la protección del recurso hídrico es el uso de pozos para la extracción de agua para uso de consumo humano, industrial y agropecuario, entre otros. Básicamente, el pozo perforado consiste en una estructura utilizada para el aprovechamiento de aguas subterráneas, la cual es alcanzada mediante la perforación del subsuelo. Lo anterior se encuentra regulado principalmente en el Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, que rige desde el 2010.
Este reglamento establece diversas limitaciones a la actividad de perforación, por ejemplo, introduce una clasificación por áreas que limita la posibilidad de perforación del subsuelo (las zonas de reserva acuífera y las zonas de regulación a la perforación). Por otro lado, describe los procedimientos y trámites requeridos para la perforación de un pozo y su adecuado funcionamiento.
De esta forma, se define que, junto a la solicitud de exploración y aprovechamiento de las aguas subterráneas, se debe aportar a su vez la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas, regulada en la Ley de Aguas. A esto se agrega el requisito de adjuntar los estudios técnicos e hidrogeológicos correspondientes.
Graves consecuencias
La problemática que se ha venido dando en el país consiste en la perforación irregular de pozos, es decir, con la construcción de pozos que no cuenten con el permiso previo ni los requisitos que establece el mencionado reglamento.
Dicho lo anterior, se deben aclarar dos cosas. En primer lugar, quien se ve afectado directamente es la persona que pretende hacer uso del pozo. A pesar de que exista un pozo ya construido, de donde se extrae agua, si no cuenta con el permiso de perforación, el Minae no otorgará una concesión de aguas sobre ese pozo construido de forma irregular.
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Esto a su vez trae almenos dos consecuencias: el usuario del pozo queda atrapado en una situación jurídicamente irregular, pues de utilizar el pozo lo estaría haciendo contrario a derecho y sin poder legalizarlo. Por otro lado, si llega a utilizar el pozo, estaría utilizando un bien de dominio público sin autorización, lo cual cometería el delito de usurpación de aguas.
Lo mismo puede sucederle a quien no cuente con la concesión para el uso de agua vigente y al día, pues puede perderla.
Por lo anterior, quien esté en estas circunstancias de un pozo ilegal en la propiedad, se arriesga a sufrir la pérdida de su inversión en la construcción del pozo, ya que muy posiblemente se le ordenará sellarlo y además se expone a ser sujeto de procesos judiciales o procedimientos administrativos que afectan de manera personal y sobre la propiedad que pretende el uso del agua para su desarrollo.
Definitivamente el pozo ilegal es una mala inversión.
