La gestión de activos y pasivos reduce el riesgo de que los agentes económicos no cumplan con sus obligaciones financieras en el futuro, ya que establece las bases para el rastreo de la diferencia entre los intereses pagados para honrar las deudas y los ingresos devengados por el giro del negocio o trabajo, lo que hace gestionar de mejor forma las deudas y los ingresos.

En Costa Rica tenemos una gran oportunidad de mejora en la gestión de activos y pasivos para así disminuir nuestro riesgo emisor soberano.

En nuestro país existen mecanismos constitucionales de control del endeudamiento externo, los cuales buscan en teoría que, a través del sistema de pesos y contra pesos, el gobierno de turno haga un uso razonable del acceso al ahorro externo (ahorro de personas y empresas de otros países).

Estos mecanismos funcionaron muy bien en el pasado, cuando los acuerdos políticos y el acceso a los mercados financieros internacionales, era más sencillo y común.

Sin embargo, en los últimos veinte años han habido cambios políticos importantes que hacen que la visión plasmada en la última Constitución no refleje la migración hacia una composición legislativa mucho más fragmentada que tenemos actualmente. Recordemos que aprobamos nuestra Carta Magna hace más de siete décadas, la cual incluso trae consigo preceptos de la Constitución de 1871 (o sea desde hace casi ciento cincuenta años).

Pareciera existir la necesidad de adaptar los controles al endeudamiento externo existentes en nuestro marco legal a la nueva realidad política e institucional, lo anterior estaría en beneficio de las finanzas públicas y por ende de todos en el país.

¿Qué necesitamos hacer?

No es necesario inventar el agua tibia, ya algunas economías con un camino andado más largo que el nuestro han resuelto este problema y aplican reglas generales que permiten una gestión de activos y pasivos con mejor planificación.

Esto lo han logrado cambiando su enfoque en el “gobierno del endeudamiento” al pasar de aprobaciones puntuales a marcos generales de gestión.

La regla fiscal que se implementó en nuestro país en 2018 forma parte de ese marco general de gestión, y contiene la esencia de la forma en que deberíamos controlar también el endeudamiento externo.

Cambiar la aprobación legislativa puntual de cada préstamo o endeudamiento internacional y en su lugar establecer un límite para la razón deuda externa al producto interno bruto (deuda externa/PIB) implicaría un salto cuantitativo enorme para la gestión de activos y pasivos de nuestro país.

Este pequeño cambio ayudaría a gestionar la deuda externa con menores costos, lo que beneficiaría a todos los residentes de Costa Rica. Disminuiría el riesgo de refinanciamiento, e incluso ayudaría a gestionar mejor una subcategoría de este riesgo, el de reinversión (rollover).

El riesgo de refinanciamiento se refiere a la posibilidad de que un deudor no pueda reemplazar una deuda existente por una nueva.

Este riesgo comúnmente lo enfrentan los países y las empresas cuando un préstamo, un bono u otro cualquier tipo de obligación de deuda está por vencer y esta debe convertirse, o refinanciarse, en una nueva deuda.

Con el marco legal existente en Costa Rica, lo que sucede con este riesgo es que se está maximizado, no minimizando o gestionando adecuadamente, lo que hace que las emisiones de deuda externa tiendan a tener que pagar un rendimiento adicional para compensar ese riesgo que asumen las personas, empresas, instituciones o gobiernos que nos prestan recursos en los mercados internacionales.

Un paso más allá

Realizar este cambio constitucional requiere de una visión país que busque consolidar nuestras finanzas públicas, además podría constituir una oportunidad para darle carácter constitucional a la regla fiscal, enviando así un excelente mensaje de confianza a los mercados internacionales y al mismo mercado local.

Asímismo, si quisiéramos ponerle la cereza al pastel de la estabilidad fiscal, aspecto que forma una parte ineludible del entorno habilitante que requiere la competitividad de un país, podríamos aspirar a incorporar un límite constitucional a la razón deuda total/PIB.

Este límite podría ser de 30%, tal como algunos estudios del Fondo Monetario Internacional han señalado, aludiendo que ese nivel de endeudamiento prácticamente nos aseguraría llegar a ser un país grado de inversión, lo cual traería estabilidad y mejores condiciones para todos en Costa Rica.

Este tipo de acuerdos nos recuerdan que el largo plazo existe, ya que alcanzar esos objetivos podría llevarnos entre 10, 15 o hasta 20 años, situación que resalta la necesidad de alcanzar acuerdos políticos de largo plazo, dado que su ejecución recae en varias administraciones, y necesita el apoyo de las principales fuerzas políticas de nuestro país para lograr alcanzarlos.