Durante muchos años hablamos de la vejez como si fuera una etapa marginal de la vida social y económica. Ya no lo es. El envejecimiento de la población costarricense no es un asunto sectorial, ni únicamente familiar, tampoco exclusivamente médico. Es una de las variables económicas más importantes de las próximas décadas.
Según el INEC, la población de 65 años y más se duplicará en los próximos 20 años. La esperanza de vida al nacer alcanzará 84 años en 2050 y casi 90 años en el 2100. Al mismo tiempo, la tasa global de fecundidad seguirá bajando y la población total del país comenzará a disminuir alrededor de 2045.
Lo anterior es un fenómeno global. La OCDE advierte que el rápido envejecimiento poblacional seguirá presionando los sistemas de pensiones; en promedio, la relación entre personas mayores de 65 años y población en edad de trabajar de sus países miembros pasará de 33 por cada 100 en 2025 a 52 por cada 100 en 2050.
Para efectos de política pública la información relevante no es solo cuantitativa, sino cualitativa: en qué condiciones llegarán, con qué ingresos, con qué redes de apoyo, con qué salud y con qué oportunidades de seguir participando en la sociedad.
El Primer Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica señaló que, en 2022, las personas de 65 años y más representaban casi el 14% de la población, equivalente a más de 710.000 personas. De esas, cerca del 27% vivía en pobreza y más de 109.000 vivían solas. Además, la relación de dependencia en edades avanzadas pasó de aproximadamente 11 personas adultas mayores por cada 100 personas en edad de trabajar en 2010 a 20 en 2022.
Estos números describen una nueva sociedad. Así, aunque preocupa la presión fiscal que generan, también pueden representar oportunidades.
Las necesidades de la longevidad obliga a pensar en una serie de bienes y servicios que ya son necesarios y que pueden crear una economía dorada: paquetes de ahorro y seguros; soluciones de vivienda, transporte y urbanismo; ofertas en salud preventiva, cuido y tecnología especial; capacitación y programas de voluntariado, empleo flexible y educación continua.
Costa Rica tiene todo para convertir esta transición en una agenda nacional. El país que aumentó la esperanza de vida puede también aumentar la calidad, la autonomía y la productividad de esos años adicionales.
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Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.
