Opinión

Una perspectiva legal sobre temas país

Entender nuestra institucionalidad es básico para lograr acuerdos. A falta de ese entendimiento, se puede caer en la improvisación, el entrabamiento, la tensión social y la violencia

Costa Rica es un estado de derecho y se precia de serlo. Debe, por tanto, garantizar que todos –gobernantes incluidos– estén sometidos al imperio de la ley. Las normas jurídicas deben promulgarse públicamente, deben aplicarse sin distingos, mediante una estructura que garantice la separación de poderes y deben conformarse, en la forma y en su sustancia, a las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Son todos principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que resulta obligatorio aplicar.

Considerando lo anterior, como abogado dedicado a trabajar en el mundo de los negocios, me parece relevante comentar los siguientes dos tópicos claves, en un momento en que nos aprestamos a hacer una transición de gobierno.

Las decisiones en el Gobierno son resultado de la interacción de tres poderes, mediante un sistema de frenos y contrapesos. Los poderes Legislativo y Ejecutivo definen lo que se quiere hacer, mediante los procedimientos de emisión de normas y el Judicial controla y señala los límites constitucionales a esas iniciativas. Estos procedimientos involucran negociaciones para tomar decisiones viables, que afectan de modo directo el clima de negocios del país.

Los gobiernos, en general, deben considerar, por lo tanto, los límites legales de sus actuaciones y negociar consensos razonables, en un ambiente de respeto a las diferencias, seguridad jurídica y rendición de cuentas. Para ello, se requieren objetivos claros, visión de conjunto, habilidad para dialogar constructivamente y paciencia. Entender nuestra institucionalidad es básico para lograr acuerdos. A falta de ese entendimiento, se puede caer en la improvisación, el entrabamiento, la tensión social y la violencia. Esto ahuyentaría la inversión y afectaría los negocios, que son la base de todo sistema económico democrático, según los principios de la OCDE.

Muchos asuntos importantes para el país deben pasar por la Asamblea Legislativa y el control de la Sala Constitucional, antes de convertirse en normas de aplicación general. Constitucionalmente, el referendo es una opción para temas calificados, pero debe manejarse con prudencia. Así las cosas, el diálogo y el respeto a la institucionalidad son el precio de la paz social en un régimen democrático. Es un camino complicado, pero permite previsibilidad, base de toda seguridad jurídica.

La pandemia ha sido disruptiva y retadora, ha obligado a cambios en la manera en que funcionamos como país. Algunos de esos cambios permanecerán aún después de la pandemia, no obstante, los cambios generan oportunidades que deben aprovecharse.

El contexto es importante para que las autoridades responsables fomenten la competitividad y propicien las inversiones, con reglas claras de juego en un mercado que ha cambiado. Se debe, además, combatir la pobreza y garantizar inclusión. La inversión, por lo tanto, sea local o extranjera, debe tender al crecimiento de la economía, vía una productividad eficiente y sostenible. Nuevamente, son reglas de OECD, obligatorias para el país.

Para ello me parece indispensable:

  • Contar con un sistema de financiamiento, con reglas claras sobre riesgos, intereses, garantías y ejecuciones. El marco regulatorio debe aún trabajarse.
  • Agilizar los sistemas de solución de controversias, para resolver la saturación y el formalismo del sistema judicial. Los medios alternativos (mediación, conciliación, arbitraje) son oportunos, pero deben promocionarse más.
  • Eliminar las trabas burocráticas para obtener permisos para la producción. Agilizar y generalizar los sistemas de ventanilla única para trámites e imponer medios de gobierno digital que sean eficientes para marcar la diferencia.
  • Mejorar las reglas migratorias para la obtención de visas para residir y trabajar, sin tanta traba, lo que puede generar desarrollo, tanto en centros urbanos como rurales.
  • Adaptarnos más al teletrabajo y a jornadas más flexibles. Para ello, las reglas laborales y migratorias deben revisarse. Costa Rica podría consolidarse como el mercado más atractivo del mundo para los servicios transfronterizos, incluyendo el de los nómadas digitales, que dejan dinero al país.
  • Fomentar un desarrollo con sostenibilidad, mediante reglas de protección del ambiente que no ahoguen al empresario. La fama verde de Costa Rica podría ser más sólida con medidas que generen competitividad en un ambiente sano y sostenible.
  • Desarrollar reglas de inversión en infraestructura para movilizar servicios y productos internamente y hacia el exterior. Es fundamental revisar las reglas del control de los contratos de obra pública, que han sido deficientes.
  • Preparar gente para el mercado, pero también para la vida, con un modelo de educación realista y abierto, conforme a las reglas de OCDE, que incluya matemáticas de primer mundo, estructura de pensamiento crítico y una visión humanista, que refuerce nuestros valores sociales y democráticos.
  • Fomentar la conectividad tecnológica, de manera democrática pero inteligente, para su mejor aprovechamiento.
  • Pensar en fuentes sostenibles de generación de energía, para abaratar los costos de producción. En ese sentido, la nueva legislación sobre generación para el autoconsumo puede ser fortalecida con los reglamentos adecuados para garantizar sus resultados.

Lo anterior son simples apuntes de lo que el derecho puede contribuir al momento en que vivimos, a fin de orientar nuestro desarrollo a objetivos de mejora y bienestar común, conforme a las reglas de la OCDE y Naciones Unidas, así como normas jurídicas locales, que nos resultan aplicables, como sociedad democrática.

El autor es socio de Deloitte.

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