EscucharA principios de este año, el Fondo Monetario Internacional declaró que «los niveles de deuda se han estabilizado y se prevé que permanezcan estables o disminuyan ligeramente» en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo. Pero esta mirada optimista no es aplicable a América Latina y el Caribe (ALC), donde las cargas de deuda crecientes, la vulnerabilidad climática y el freno en el avance hacia los objetivos de desarrollo están sentando las bases de una crisis en toda regla. Hablar de deuda «estable» mientras se ignoran los riesgos climáticos y las necesidades de desarrollo es un ejemplo de peligrosa miopía.
La deuda externa pública total del continente ya supera el billón de dólares; el promedio de la deuda bruta ronda el 70% del PIB, y es mayor al 100% para varios pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe. El servicio de la deuda se encareció a la par de las subidas de tipos de interés y la depreciación de las divisas locales. El resultado es que la cuantiosa carga de deuda impone serias restricciones fiscales a la región; entre 2021 y 2023, ocho países de ALC gastaron más en pagos de la deuda que en salud pública.
Para colmo de males, ALC es una de las regiones del mundo más vulnerables al clima. Los huracanes, las sequías y las inundaciones ya le costaron más de 110 000 millones de dólares desde el año 2000. En Dominica, el huracán María causó en 2017 daños equivalentes al 226% del PIB; en Granada, el huracán Iván costó el 200% del PIB en 2004. Según datos de la OCDE, entre 1980 y 2020 la crisis climática provocó en los países del Caribe un perjuicio anual equivalente al 2,13% del PIB en término medio. Cada catástrofe obliga a los gobiernos a seguir endeudándose para financiar los esfuerzos de reconstrucción, lo que agrava una deuda ya insostenible. El resultado es un círculo vicioso en el que un desastre aumenta la deuda, lo que limita la inversión en infraestructura resiliente, lo que a su vez magnifica el costo del siguiente desastre.
La urgencia de esta crisis en aumento es particularmente obvia para muchos PEID. Aunque sus emisiones son menos del 1% del total mundial, están entre los principales afectados por el cambio climático. Son países con una base económica acotada (muy dependientes del turismo y de la pesca) y márgenes fiscales limitados. En reconocimiento de estos problemas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD4) de este año promovió un Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda de los PEID (una decisión que fue bien recibida y defendida por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares). Pero por el momento este instrumento es poco más que una aspiración: si no se lo pone en marcha lo antes posible, con una dotación adecuada de recursos, no será el salvavidas que estos países necesitan.
En favor de la región hay que decir que ha sabido innovar en respuesta a la crisis climática y de deuda. Por ejemplo, en 2021 Belice anunció un programa de canje de deuda por naturaleza («bono azul») que generó una reducción de la deuda equivalente a un 12% del PIB y financió esfuerzos de conservación marina a largo plazo; a esto siguieron canjes similares en Barbados, Ecuador y Bahamas. Granada y Barbados también emitieron bonos con «cláusulas de catástrofe» que suspenden los pagos de la deuda frente a perturbaciones graves. Pero aunque estas innovaciones son prometedoras, no son sustituto de una reforma sistémica. Los programas de canje todavía son complejos, costosos y con altos gastos administrativos; además, quedan muchas dudas sobre su efecto sobre la soberanía de los activos ambientales locales. El uso de cláusulas de catástrofe sigue siendo escaso, y está relativamente poco probado.
Lo que realmente necesitamos es un nuevo marco que incluya dos componentes complementarios. En el caso de las economías sobreendeudadas, es esencial una reestructuración profunda y completa, con la participación de todos los acreedores (bilaterales, multilaterales y privados) en un régimen que haga valer el principio de trato comparable. El alivio de la deuda debe ir acompañado por financiación concesional en apoyo a la creación de «infraestructura verde», la protección social y la adaptación al cambio climático. Los países beneficiarios, a su vez, deben comprometerse con una gestión transparente de la deuda y con la publicación de planes de inversión alineados con la resiliencia climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el caso de países solventes pero con problemas de liquidez, la atención debe estar puesta en reducir el costo de endeudamiento y acrecentar el margen fiscal. Esto supone ampliar el otorgamiento de financiación concesional de los bancos multilaterales de desarrollo, reasignaciones de derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI) selectivas y difundir el uso de instrumentos que tengan en cuenta el cambio climático, por ejemplo canjes, bonos vinculados al clima y cláusulas de catástrofe.
Pero para poner en práctica estas soluciones técnicas se necesita liderazgo político. Para ello, las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se celebran esta semana ofrecen una oportunidad de cambiar el discurso, reconociendo que hay una crisis de deuda y que ignorarla sólo agravará la inestabilidad. Luego, la cumbre de noviembre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) servirá de plataforma para la formulación de compromisos concretos, ya que estará centrada en el cambio climático, la transición verde y la inversión en ambas regiones.
En ese debate, Europa debe superar la actitud autocomplaciente que hemos visto de parte de las instituciones de Bretton Woods y del G20. La financiación climática y las inversiones verdes no ayudarán a las economías sobreendeudadas si no van acompañadas de una reforma sistémica. ALC no necesita pequeñas promesas incrementales, sino el respaldo político y financiero de Europa para crear un marco de sostenibilidad de la deuda con atención a la cuestión climática, poner en marcha el Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda de los PEID e impulsar mejoras urgentes en el Marco Común del G20, entre ellas una aceleración de procesos, la participación de todos los acreedores y aplicación efectiva del principio de trato comparable.
Mejorar el diálogo y fomentar la acción conjunta entre la UE y ALC en lo referido a la deuda y a la financiación climática puede ser un paso importante hacia una gobernanza financiera mundial más eficaz. Sin acciones decisivas, muchos países de ALC corren el riesgo de experimentar otra década perdida de crisis sucesivas, falta de espacio fiscal y debilitamiento de los avances en desarrollo. A menos que las autoridades afronten esta realidad y actúen en consecuencia, la estabilidad seguirá siendo un espejismo, y el costo lo seguirán pagando los que menos responsabilidad tienen por la crisis. Pero con cambios sistémicos, la región puede generar resiliencia, fomentar el crecimiento inclusivo y realinear la gestión de la deuda con los imperativos climáticos y de desarrollo.
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María Fernanda Espinosa es expresidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, es directora ejecutiva de GWL Voices, una ONG dedicada a lograr un sistema multilateral con igualdad de género. Ulrich Volz es profesor de Economía y director del Centro de Finanzas Sostenibles en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Alex Dryden es doctorando en Economía en la SOAS.
