EscucharLos 160 kilómetros de la trocha que se erigen en la frontera norte no engordarán las estadísticas de metros cuadrados de nuevas construcciones que registra el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
La puesta en marcha de las obras fue anunciada con bombos y platillos por la administración de la presidenta Laura Chinchilla; pero no fue sino meses después que el CFIA alzó la voz para denunciar la inexistencia de planos y otros horrores técnicos.
El rosario de recomendaciones se dio entre publicaciones de diarios locales y aireadas comparecencias en la Asamblea Legislativa, e incluye sustituir los contenedores viejos utilizados como pasos de agua, por otros que cumplan las normas.
Esta obra de inversión pública forma parte del 22% de las construcciones que se edifican en el país sin estar en regla con todos los trámites.
El grupo de 16 inspectores con que cuenta el Colegio difícilmente puede ejercer un control a prueba de balas en las obras desperdigadas por todo el territorio. Tampoco es su responsabilidad primaria, dijo Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA.
Estas falencias en el desarrollo de proyectos hacen que el Colegio decida ir más allá de la denuncia – en ocasiones tardía– y hacer valer su papel como referente técnico de la sociedad civil, aseguró Vargas.
¿Existe capacidad en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para desarrollar infraestructura?
Capacidad técnica desde el punto de vista de recurso humano, estamos seguros que sí existe. El Ministerio tiene un grupo de ingenieros que trabaja día a día con toda la problemática vial, y definitivamente muchos de ellos están en perfecta capacidad para las labores que tienen asignadas.
“Nos parece que el problema es de gestión administrativa. Probablemente estos profesionales no tienen los recursos adecuados que se deben utilizar para manejar adecuadamente una red vial, como modelos de cómputo necesarios para diseño y evaluación de carreteras y técnicos que den soporte a los profesionales. Hay un problema que tiene que ver con gestión y recursos para realizar una buena labor. Se requiere un músculo para desarrollar procesos y ese músculo en el MOPT y el Conavi está debilitado”.
Hay ejemplos, como el de la platina y más reciente el hueco en la General Cañas, que desnudan debilidades de planificación y criterio técnico en estas instituciones…
Definitivamente la planificación es una debilidad importante. El día a día consume en mucho las labores de los funcionarios y hay poco espacio para planificación. Se necesita un proceso muy ordenado y planificado para realizar las obras, y desgraciadamente el MOPT no es el mejor ejemplo.
“Probablemente, en el país, el ICE es un mejor ejemplo de procesos planificados. En el MOPT no hay cultura de planificación, sino de atender las cosas que suceden, de apagar el incendio de cada día. Esa falta de planificación provoca conflictos posteriores, porque no hay procesos de mantenimiento adecuados, se tiene informes sobre problemas que no se atienden con la celeridad que corresponde. Hay prioridades de gobiernos que cambian cada cuatro año, no proyectos país”.
¿Cuál es el trámite para iniciar obras de infraestructura pública? ¿Difiere del que debe realizar ante el Colegio un individuo?
Es el mismo proceso. La infraestructura pública no está exenta de pasar por el proceso de registro de responsabilidades profesionales y presentación de planos. Es exactamente igual. Hay un proceso previo a la presentación del trámite. Se define el proyecto, en el caso de las carreteras, cuántos carros pasan, qué tipos de vehículos para establecer parámetros de diseño. Luego se hace la topografía en campo, se diseña y cuando se tienen los planos, se presentan ante el Colegio e instituciones correspondientes.
“Desgraciadamente, aquí se han brincado muchísimas veces los pasos y eso genera que el proceso no esté debidamente planificado, que se inicien obras sin planos terminados y en algunos casos hasta sin planos. Eso provoca procesos complicados con sobrecostos y problemas técnicos”.
Ante este irrespeto a los trámites, ¿cuál es la capacidad del CFIA para denunciar y hacer valer ese orden establecido?
Hay una problemática que uno podría considerar nacional con respecto al irrespeto en los trámites. Hay una responsabilidad primera en los municipios, que deben tener procesos de inspección de obra en la que se revisa que cumplan con los trámites. Desgraciadamente muchos municipios no lo realizan.
“Nosotros hacemos un esfuerzo adicional y hacemos barridos con un cuerpo de 16 inspectores en todo el país. Le puedo decir que, a nivel nacional, el problema de las obras sin permiso ronda el 22%. En el Caribe, llega hasta el 50 o el 60% en algunos cantones. Es un proceso donde debe haber mayor acción de los municipios. Hay actitud de los usuarios de ingenieros y arquitectura, que no entienden que esto es para su propia seguridad, quieren evadirlo porque lo consideran un gasto, no una inversión”.
¿El Colegio carece de músculo?
No es la responsabilidad primaria del Colegio. La responsabilidad del Colegio es asegurar que los ingenieros y arquitectos hagan las cosas de la manera adecuada; no revisar si las obras tienen o no el permiso. Sin embargo, hacemos el esfuerzo de apoyar a los municipios con nuestros inspectores para elevar el número de obras con permisos.
En un caso como el de la Trocha 1856, ¿la declaratoria de emergencia los exime de ese trámite?
No, definitivamente una declaratoria no exime del trámite de la responsabilidad profesional de la obra que se vaya a realizar. Esa es una leyenda urbana.
En el país sabía que esa obra estaba en marcha, el Colegio lo sabía y sabía que no había planos registrados. ¿Por qué esperar meses para denunciar la situación?
Efectivamente, se sabía que se estaba construyendo la obra. Es una obra importante de 160 kilómetros que se inició bajo una situación de emergencia, nosotros entendíamos que se estaban realizando los estudios y planos correspondientes. Creo que estuvimos siempre esperando que se presentaran los planos, pero se flexibilizó en el sentido de que estábamos seguros de que se estaban haciendo.
“La sorpresa es que se estuviera construyendo sin proceso previo de planificación y diseño. Pero, además, ya nosotros habíamos recibido denuncias y abierto un expediente de investigación, antes de que todo esto saliera a la luz pública. Son cosas que el Colegio hace de oficio y no tiene por qué salir a decir: “mire, estamos abriendo un expediente de investigación”.
¿El CFIA se queda en la reacción?
Los colegios profesionales, y así está establecido en su legislación, trabajan por queja o denuncia. Aún así, mucho más allá de eso y de manera proactiva, en muchos de los casos empezamos a trabajar antes. Lo hacemos de oficio. La misma complejidad de los proyectos y los problemas que se presentan hicieron que la junta directiva analizara la posibilidad de realizar inspecciones desde el inicio en proyectos de gran envergadura.
¿Hay tolerancia en el incumplimiento de trámites?
No. Somos muy claros. Mandamos boletines, hablamos con las instituciones de gobierno, precisamente sobre la importancia y la obligatoriedad del registro de responsabilidades profesionales. En ese sentido no hay tolerancia del Colegio, pero eso no quiere decir que, de vez en cuando, alguien no evada.
De vez en cuando es en el 22% de los casos…
Ya le digo, la pregunta debería ir en otra dirección. ¿Hay tolerancia en las municipalidades? El problema municipal es muy importante. Tenemos 81 municipios con muy diferentes niveles de organización administrativa. Hay un nivel de dispersión muy grande a la hora del cumplimiento de las obligatoriedades de los ayuntamientos, por eso tenemos un proyecto que se llama apoyo a la gestión municipal. Tratamos de darles ese músculo técnico que no tienen, en atención a las responsabilidades que sí tienen.
Individuos y el Estado incumplen esos trámites, ¿a quién le toca hacer que se cumplan?
El proceso tramitológico de este país es muy complejo. Hay gran cantidad de instituciones involucradas con competencias que se traslapan. Una vez que se elabora un proyecto hay que venir al Colegio, a Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, a los bomberos, en oportunidades al MOPT, a Aviación Civil, al Instituto Nacional de Ferrocarriles. Este proceso se amplió, se volvió más complicado y largo en el tiempo, y en proyectos de alta complejidad llegó a situaciones insensatas de dos y tres años para aprobar un proyecto. Este es un problema estructural del Estado.
“Nosotros hemos hecho un aporte fundamental para digitalizar el trámite. Estamos trabajando con los municipios para que a fin de año se pueda hacer todo el proceso digitalmente. Estamos todavía al 40% del trámite de forma electrónica, un 60% de la gente prefiere ir a hacer el trámite físicamente. Todos somos responsables del trámite, no existe una sola institución”.
¿En la aplicación de esa plataforma tecnológica, cómo funciona la inspección?
Hay un primer trámite donde el usuario desarrolla su proyecto y se presenta a la consideración de las unidades que tienen que ver con el proceso de revisión. Antes, usted iba de institución en institución, de manera concatenada. Ahora lo presenta en la plataforma del Colegio, esta avisa a las instituciones que revisan lo que les compete simultáneamente. Tienen un plazo de 30 días para hacer sus observaciones. Ahora todas las instituciones tienen a disposición el plano en cualquier momento y pueden ir al proceso constructivo para revisar que esa obra se esté construyendo según el plano. Podemos hacer inspecciones conjuntas.
Con 16 inspectores, ¿cuál es la capacidad real del Colegio?
Tenemos un indicador administrativo de cubrir al menos el 30% de las obras que se tramitan en un año, priorizando las obras más importantes. Solo en inspección, a nivel del Colegio, vemos alrededor de 10.000 obras por año. Si a eso le sumamos la capacidad instalada que deberían tener las municipalidad, deberíamos poder tener coberturas de 80% o 90%.
Eso es difícil con un sector municipal tan dispar...
Es cierto, pero hay cosas que nos hacen sentir positivos. Pensamos que las municipalidades tienen recursos como nunca antes. El problema antes era ausencia de recursos, ahora es una cuestión de gestión administrativa. Tienen dinero que no pueden ejecutar, hay que reforzarlos para que puedan hacer proyectos. Por ejemplo, un gobierno local en Guanacaste le ingresó por impuesto vial más de ¢1.500 millones y solo ejecutaron el 10%. Dos años después, contrataron un equipo de ingenieros y ejecutan toda la plata que les entra.
¿El Laboratorio Nacional de Materiales (Lanamme) le hace sombra el Colegio?
Es un socio estratégico y tenemos una excelente relación con ellos. Tienen una responsabilidad diferente, porque tienen financiamiento del Estado para hacer una auditoría específica en los proyectos que se van realizando. Compartirmos información técnica, participamos en comisiones que ellos tienen establecidas. Son organizaciones cercanas que trabajamos de manera conjunta.
¿Han estudiado la posibilidad de hacer un examen de incorporación?
La idea nos gusta. Sobre todo en atención a la gran cantidad de universidades que se desarrollaron en el país, nos parece importante estandarizar la calidad en los programas de ingeniería y arquitectura. Hemos trabajado en los procesos de acreditación de programas universitarios con el Consejo Canadiense de Acreditación, que ha acreditado ocho o nueve programas en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pero ese esfuerzo debe ser evaluado y una de las maneras es haciendo un examen de incorporación. Uno de los problemas de la ley de colegios profesionales es que no existe un artículo que posibilite aplicar esta prueba. Estamos impulsando un proyecto de ley, para que se deje esta posibilidad a los colegios de manera potestativa.
¿Hay deterioro en la formación de ingenieros y arquitectos?
No, no deterioro, pero hay diferencias de una universidad a otra. Por eso queremos estandarizar la calidad a nivel de los cánones establecidos internacionalmente.
Ruta polémica
El CFIA recomendó las siguientes medidas en la trocha fronteriza:
1
Construcción de drenajes en todos los tramos de la trocha donde se haya colocado la capa de lastre.
2
Construcción de los puentes que permitan un recorrido continuo a lo largo de toda la trocha.
3
Sustitución de troncos y contenedores , usados como puentes o pasos de agua que incumplen la normativa.
4
Revisión de la compactación de los rellenos realizados, así como pruebas de laboratorio de los materiales utilizados.
5
Elaboración de los diseños y planos constructivos correspondientes. Gestionar el trámite de planos.
6
Realizar los estudios preliminares como los de topografía, estudios de suelos, estudios de impacto ambiental.
7
Realizar mantenimiento de los drenajes en los tramos donde ya existen; sobre todo en los caminos de acceso.
Fuente CFIA.
