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Un proyecto de ley propone que quienes emprendan por primera vez paguen solamente los rubros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero que tengan la cobertura total del seguro de salud y del fondo de pensión.
Hoy día los patronos deben cancelar un 26,17% por concepto de seguridad social y el proyecto plantea que paguen solo un 14,17% (por los rubros mencionados).
Así, no pagarían el 12% adicional del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Igualmente, solo cancelarían el 50% de las pólizas de riesgos del trabajo, pero igualmente gozarían de toda la cobertura.
Este beneficio lo recibirían los emprendedores por un período único de cuatro años y lo tendrían una vez que se registren en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Detalles de la iniciativa
El proyecto se denomina Ley de Fomento a la Persona Emprendedora y es promovido por la Fundación Costa Rica Emprende, que participó en su redacción.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 19.729, fue presentada en la Asamblea Legislativa este mes por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas y Michael Arce, y por la diputada del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero. En este momento está en proceso de que se le asigne la comisión que estudiaría el plan.
Como parte de sus obligaciones, las personas jurídicas que reciban estas exenciones parciales presentarían al MEIC una copia certificada notarialmente de su libro de registro de accionistas o "cuotistas" para verificar quiénes son los propietarios de la empresa y así evitar que se cometan abusos donde una misma persona disfrute del beneficio varias veces.
La iniciativa plantea que si el proyecto del emprendedor fracasa debe comunicarlo al MEIC y, si inicia un nuevo emprendimiento, puede reactivar el beneficio por el período que le haga falta, hasta cumplir con los cuatro años fijados en la eventual norma.
Carlos Peña, director de la Fundación Costa Rica Emprende, señaló que el proyecto nace a raíz de que los emprendedores enfrentan no solo la falta de suficientes ingresos cuando inician su emprendimiento, sino una serie de costos operativos que a veces no pueden manejar.
La idea es aliviar al emprendedor para que pueda utilizar sus recursos para impulsar su negocio y que no se le vaya todo en el pago de costos operativos.
Además, Peña indicó que la iniciativa le generaría ingresos adicionales a la Caja y que sacaría de la informalidad a varios emprendimientos.
El período de cuatro años en el que se tendría el beneficio se debe a que un porcentaje importante de emprendimientos no llega siquiera a cumplir tres años.
El propósito es que luego de los cuatro años la empresa sea más robusta y ya tenga la capacidad de pagar.
Observaciones y propuesta propia del MEIC
La viceministra de Economía, Industria y Comercio, Geannina Dinarte, mencionó que les parece que el propósito del proyecto es válido y se visualiza como una solución para muchas empresas, pero que en la forma tiene algunos puntos por mejorar. Por ello, remitirán a la Asamblea Legislativa una serie de observaciones.
“Está tocando temas de la competencia de la Caja, que es una institución autónoma. Incluso podrían presentarse algunos riesgos de vicios de constitucionalidad. Este es un tema que estamos analizando porque creemos que en el momento que se haga la consulta podría traérselo abajo”, advirtió la viceministra.
Dijo que el proyecto tiene algunas inconsistencias conceptuales, pues habla de las etapas del emprendimiento, no de las "etapas de empresariedad".
Señaló que se entiende que una pyme es aquella unidad productiva de carácter permanente y que el emprendimiento es una etapa previa donde todavía no hay una actividad económica permanente.
“Hay emprendedores que no tienen ciertamente una empresa como tal y no tienen trabajadores. Generalmente, el emprendedor está iniciando solo. Entonces, aquí hay un primer error conceptual. Habría que ver si ellos quieren liberar de cargas a las empresas o a los emprendedores”, subrayó Dinarte.
Otra observación que hace es que en el proyecto se habla de que el MEIC debe generar un registro de los emprendedores, pero hoy día ya existe tanto un registro de pymes como de emprendedores.
Dinarte expresó que el MEIC viene negociando desde hace un año con la Caja para hacer una adaptación de las cargas a las pymes y que dicha institución tiene la autonomía suficiente para poder generar esa adaptación.
La propuesta del MEIC es igualmente que se asegure totalmente al trabajador de la pyme, pero que se le reduzca la carga al patrono.
“Estamos con un acuerdo que se ha venido trabajando con la parte financiera, actuarial y legal de la Caja y está a la espera de aprobación en la junta directiva. Es lo único que falta. Nosotros hemos venido insistiéndole a la Caja que apresure el paso para aprobar esto”, añadió.
Si la Caja aprobara esta propuesta, no se requeriría el proyecto de ley, aseguró Dinarte.
También mencionó que el MEIC presentará un proyecto de ley que ajusta otras cargas: se reduce la contribución que las pymes le harían al IMAS y a Fodesaf.
Mencionó que ya existe una exoneración del pago al INA en el caso de las empresas que tengan hasta cinco trabajadores.
Según la viceministra, tanto el IMAS como Fodesaf están de acuerdo con la propuesta.
En el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), Isabel Solís, del departamento de comunicaciones de la entidad, indicó que la Subdirección de Mercadeo expresó que el INS es conocedor del trámite del proyecto de ley, pero al tratarse del borrador decide no pronunciarse al respecto.
Por su parte, la CCSS no se ha referido al proyecto.
