Álvaro Soto, de Roche: “Hay que cambiar la cultura de datos y el marco legal para la investigación médica”

La firma farmacéutica Roche decidió que para promover la salud de los colaboradores hay que conocer cuál es su estado para definir los programas y la política de beneficios.

Se planteó un programa llamado Be Better se definió qué se entendía por bienestar, cuál información se necesitaba y una compañía de servicios médicos realizó varios exámenes.

LEA MÁS: Digitalización de los servicios médicos obliga a altos estándares en medidas de seguridad de datos sensibles

El 75% de la planilla participó voluntariamente y se obtuvieron datos anonimizados de la cantidad de personas que no necesitan apoyo y de quiene sí. Con ellos, en una hackathon, los colaboradores se forman en equipos y, tomando en cuenta los recursos disponibles, proponen una política para tener una población más saludable.

“Estamos ligando información con decisiones, para dar seguimiento a las acciones y crear una cultura saludable basados en datos, no en cómo me siento. Es un pequeño experimento de cómo usar información”, indicó Álvaro Soto, gerente general para Centroamérica y el Caribe de Roche.

Soto considera que este es un ejemplo del cambio de cultura que se requiere en el país, apoyado en la actualización legal en el uso de los datos en investigación y ensayos clínicos, para que Costa Rica sea un clúster en este campo.

—Los datos son relevantes para toda empresa e industria. ¿Por qué lo son más en el sector farmacéutico?

Tenemos la tecnología para analizar grandes cantidades de información y obtener tendencias. Se pueden desarrollar soluciones y dirigir investigaciones para resolver problemas descubiertos con datos. En los estudios clínicos no sería necesario tener dos grupos (uno con la terapia actual y otro con la nueva), solo el de la nueva terapia.

Se puede ver si da resultado en la vida real y se pueden establecer mecanismos de contrataciones con las instituciones donde se pueda pague por precio y desempeño, no solo por precio.

Es posible bajo un manejo de data transparente y responsable. A Costa Rica le falta tener una legislación que garantice un manejo responsable de los datos, su anonimización y que todas las instituciones y los que estamos interesados e involucrados tengamos un código uniforme.

—Las críticas a la aplicación de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (N° 9234) aprobada en el 2014 apuntan a una tramitología desactualizada y lenta aprobación de proyectos. ¿Son esos todos sus problemas?

Tengo una visión un poco diferente. Las reglas se aclararon. Costa Rica tiene un sistema de salud con un proveedor principal. Pero se excluyó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Hasta principios de este año la institución aprobó su reglamento para estudios clínicos. Hay muchas cosas por resolver para aplicarlo: cómo disponer recursos y cómo cobrará esos recursos, entre otros.

Para que Costa Rica sea un país donde la investigación se desarrolle como una actividad relevante y tengamos masa crítica, necesitamos forzosamente la participación de todo el sistema de salud, privado y público. Con solo el sector privado nunca se tendrá la escalabilidad para competir en el mundo de la investigación clínica.

Incorporar a la Caja sería muy provechoso para crear un clúster de investigación clínica que brinde oportunidades de trabajo, genere encadenamientos con la academia, genere innovación y brinde recursos frescos para el sistema de salud. Hay discusiones y esfuerzos, pero sí camina a paso lento.

¿En esa agenda de discusiones está la posibilidad de acceder a las bases de datos clínicos de la CCSS? ¿Cuáles beneficios tendría eso?

Costa Rica es atractiva para atraer estudios clínicos por la rápida identificación de pacientes. Hoy se depende del investigador. A través del Expediente Digital Único de Salud (EDUS) se podría hacer esa identificación y enrolamiento. Pero hay que tener la reglamentación.

El tratamiendo de una enfermedad empieza con un buen diagnóstico, la definición del procedimiento y el seguimiento. Eso podría digitalizarse para ver resultados y obtener información de los puntos que requieren optimización.

Eso requiere cambiar la cultura de manejo de información. Si alguien está en un área donde hay posibilidades de mejora, no es que se va a crucificar. Lo que se quiere es optimizar los procesos, mejorar el trabajo de la gente y que el paciente tenga mejores oportunidades.

Hoy tenemos una ley que nos permite hacer estudios clínicos, pero hace falta una ley que permita el manejo transparente y responsable de la información. La Caja nos dice, con toda razón, que no puede compartir esos datos porque no tiene el marco de referencia.

—También para protección del usuario, de la población.

Claro. Se trabaja en varias propuestas para llevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Hay varias cámaras interesadas. Es fundamental para acelerar la digitalización. Hay una base muy importante, el EDUS, y muchas tecnologías en el mercado que podrían integrarse.

—¿Es una reforma que se necesita para ayer o todavía hay tiempo?

Urge. Se necesita para ayer. La discusión sobre la oficina de manejo de datos de la Casa Presidencial se politizó. Todos tenemos un celular y nadie sabe quiénes ven la información. La gente compra en línea, da información y nadie se asusta.

Lo primero es desmitificar el manejo de la información con ese marco legal que garantice el uso ético y responsable. El mundo va a la personalización de los servicios y la medicina, donde interesa la tendencia y no el dato individual.

—¿Esa discusión está planteada en las revisiones de la ley?

Hay una a nivel de la propuesta de ley que se llevará a la Asamblea Legislativa y desde el hub de salud, una iniciativa que tenemos con Cinde, se quiere potenciar la medicina digital como una de las apuestas como país. Si no avanzamos, enfermedades curables en un momento determinado lo serán en Costa Rica probablemente cinco o diez años después.

—Un estudio de Google indica que la anonimización no es suficiente. ¿Cómo resolver ese reto?

Hay tecnologías de protección como blockchain, con uno de los niveles máximos de privacidad de datos. La anonimización no se logra al 100%. Por eso la ley debe permitir manejar los datos ética y responsablemente y también debe ser clara, pronta y ejemplificantes ante cualquier uso indebido.

No deberíamos tener miedo. Cuándo empezaron las discusiones sobre banca electrónica había miedo. Hoy no conozco a nadie que no sepa o no use banca electrónica. Se debe trabajar en mitigar el riesgo, no en los “por qué nos”. Tenemos gran potencial si se hace un buen uso de la información para tomar mejores decisiones.