El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) está lejos de ser un programa fallido como lo tildan algunos de manera negligente y desinformada. Ese “fondo fallido” ha permitido conectarse a más de 500.000 ciudadanos y ha sido galardonado tres veces en premios internacionales por su impacto en el cierre de la brecha digital.
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Con sus cuatro programas: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados y Espacios Públicos Conectados ha ejecutado a agosto 2020 más de $147,5 millones y tiene comprometidos casi $500 millones. El promedio de cumplimiento de los cuatro programas a septiembre 2020 supera el 100% de la meta anual. En la sesión No. 78, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) aprobó nuevas ampliaciones para nuevos hogares, 100.000 estudiantes y 90.000 equipos de cómputo. Así se hace patria en tiempos de pandemia.
Aún en el marco de estos resultados y desoyendo advertencias de la Contraloría General de la República, algunos insisten en promover proyectos que lleven los fondos hacia otra entidad. Esos intentos generan incertidumbre jurídica y obligan a la industria de telecomunicaciones a invertir su energía (escasa en medio de una pandemia) en defender el fondo que es una parte integral de la Ley General de Telecomunicaciones.
Queremos que el fondo siga mejorando, pero llevarse los dineros a otra institución no resuelve el problema. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos acelerar la ejecución eficiente de los recursos, pero hay otros caminos más expeditos y menos problemáticos como, por ejemplo, la ampliación de metas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) a programas existentes o la simple respuesta, aún pendiente, de las autoridades a las solicitudes de revisión de la información provista por Sutel de tal forma que se den las indicaciones para que, desde Fonatel, se pueda lanzar la Red Educativa del Bicentenario.
Cualquiera que entienda la capacidad transformadora de las tecnologías de información y telecomunicaciones sabrá que este momento coyuntural exige que abordemos otros problemas mucho más importantes que encontrarle una nueva casa a Fonatel.
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Hablemos de conectar a los ciudadanos con redes de última tecnología (fibra al hogar y 5G), hablemos de mecanismos innovadores para la asignación y uso del espectro (promoviendo la inversión privada y pública), hablemos de acceso a infraestructura crítica para el despliegue de redes, hablemos de eficiencia en el otorgamiento de permisos para desarrollar infraestructura, hablemos de digitalizar el Estado, hablemos de compartir infraestructura crítica, de democratización de las empresas del estado, de cómo generar empleo altamente calificado de la mano de las telecomunicaciones y las tecnologías emergentes. Hablemos de la creación de incentivos para una industria que, de acelerarse, podría transformar la economía del país y de frenarse podría aislarla de la economía digital. Hablemos de temas que nos permitan mirar al futuro de una Costa Rica Digital.
Continuar discutiendo si Sutel debe gestionar el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones es tener la conversación equivocada. Fonatel debe estar en Sutel. No es un capricho, así lo estipula nuestra ley general de telecomunicaciones, el sentido común y las buenas prácticas.
