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Los operadores de telefonía celular ya acreditaron ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que sus planes o paquetes cumplen con la política de uso justo.
Esta es medida con la cual se reduce la velocidad del servicio de Internet móvil a los usuarios que ya consumieron el tope o cupo de datos que establecía el plan contratado a Claro, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Telefónica Movistar.
El consejo directivo de Sutel había advertido a los operadores que la aplicación de esta política tiene por objetivo disuadir al 5% de los usuarios finales que más consumen datos móviles y les ordenó que acreditaran que cumplen con la resolución emitida en abril del 2014.
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Glen Fallas, director general de calidad y espectro de la Sutel, señaló que las compañías respondieron que todos los planes que comercializan al público cumplen con la política “a cabalidad”.
Agregó que el objetivo es que se debe tener cuidado en cumplir con los límites establecidos (el tope o cupo de datos) para que no desestimulen a todos los usuarios de Internet móvil.
Fallas dijo que en los casos de Movistar y de Claro hay un 5% de clientes que consumen 35% de los recursos y de la capacidad de sus redes. El ICE, que comercializa sus servicios como Kölbi, reportó que en su caso el 5% de usuarios de más consumo ya utiliza el 40% de los recursos.
La acreditación –es decir, la declaración de los operadores– es el único mecanismo que tiene la Superintendencia para verificar el cumplimiento de la política de uso justo.
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Los usuarios también pueden realizar reclamos en caso que el operador les aplique la política y sus contratos no incluyan las condiciones de uso justo o que el operador no les comunicó con el mes de plazo el cambio de las condiciones del contrato.
La Superintendencia recordó que el cliente debe hacer primero el reclamo ante el mismo operador, documentarlo (en especial pedir el número de reclamo) y, en caso de una respuesta insatisfactoria, elevarlo a la misma Sutel.
Fallas indicó que las condiciones para la aplicación de la medida deben estar incluidas en el contrato (especificando hasta la velocidad del servicio después del consumo del tope o cupo de datos).
Los operadores pueden variar el contrato avisando al suscriptor con un mes de anticipación, para que éste decida si acepta el cambio de condiciones o rescinde el contrato si ha cumplido con la permanencia mínima (24 meses) o cancelado lo que corresponde por el móvil, en casos de subsidio.
Claro y Movistar –que empezaron a aplicar la política desde hace tres años– alegan que sus contratos cumplen esas condiciones.
Fallas respondió que en el caso del ICE, aparte de la comunicación a través de medios de comunicación y en su sitio web, habría informado a cada usuario el cambio de las condiciones de contrato.
“Hay que ver cada situación particular, para lo que se debe recurrir al proceso de reclamación”, insistió Fallas.
