Tecnología

Operadores han llevado a la Sutel 13 veces ante los tribunales

Todavía quedan pendientes de los casos de Credit Card e IBW Comunicaciones

Los procesos judiciales son de carácter ordinario en la operación de las empresas y en el funcionamiento de las instituciones.

Pero las demandas contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) trascienden, más que por la magnitud de las cuantías en disputa o la relevancia de la entidad, por el impacto que pueden tener en la industria y en los usuarios de servicios de telefonía e Internet.

Varios operadores recurrieron a los tribunales contencioso-administrativos cuando consideraron inconvenientes las resoluciones y las decisiones sobre sus apelaciones del consejo directivo de la Sutel.

Desde el 2011, en total, se registran 13 procesos judiciales contra el regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica.

La mayoría de las demandas se presentaron en el 2015. También la cantidad de procesos pendientes es mayor, al tiempo que de los resueltos son más con veredictos a favor de Sutel.

En la Superintendencia sostienen que no se ha desembolsado dinero relacionado con procesos judiciales y que cuando se requiera se analizará cada caso para determinar la fuente de financiamiento correspondiente.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) advirtió sobre el uso del superávit de Sutel, generado con recursos del canon de regulación que pagan los operadores, para cubrir indeminizaciones.

Demandas del Instituto

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el operador que más ha recurrido a la Sutel ante la instancia contenciosa.

La demanda que más trascendió fue la que presentó el 20 de enero del 2016 para que se declaren daños y perjuicios, que el Instituto estimó en más de ¢17.255 millones, pues se sentía afectado por tres resoluciones de la Sutel.

La primera resolución es la que adoptó el consejo directivo de la Sutel en enero del 2019, que fijaba tarifas máximas a los servicios de telecomunicaciones, una de las primeras acciones que ejecutó el órgano rector recién creado en ese entonces.

La segunda resolución, que el ICE alegó lo afectaba, fue la modificación de la oferta de referencia que el Instituto presentó como parte del proceso de acceso e interconexión de redes de telecomunicaciones.

La interconexión, indispensable para las comunicaciones de clientes de diferentes operadores, está reglamentada y autorizada de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones del 2008.

La tercera resolución que incomodó al ICE fue otra oferta de interconexión por referencia del ICE que la Sutel aprobó el 28 de marzo del 2014.

En su momento, el monto de lo reclamado por el Instituto provocó conmoción en el mercado.

Sin embargo, el Contencioso resolvió a favor de la Sutel y esta más bien presentó el pasado 17 de enero del 2019 la ejecución de sentencia por la suma de ¢1.730 millones, la cual sí está pendiente.

“El ICE interpuso un proceso de pago de daños y perjuicios a la Sutel por ingresos no percibidos en los servicios de telefonía móvil, demanda que fue declarada sin lugar”, confirmó José Luis Navarro, responsable de relaciones regulatorias del ICE.

En el 2015 el mismo ICE había presentado tres demandas contra Sutel.

Una para que revisara los mercados relevantes y las posiciones de dominio de los operadores en el sector. Navarro indicó que Sutel cumplió la revisión, “el cual dio lugar a varias declaratorias de competencia efectiva”.

La Sutel indicó que este proceso está pendiente de resolver satisfacción extra procesal.

El ICE también interpuso un recurso de nulidad por la sanción de Sutel en su contra por más de ¢2.000 millones debido a supuestas prácticas anticompetitivas de estrechamiento de márgenes.

Navarro afirmó que la demanda fue declarada con lugar en primer instancia y anuló la sanción, pero que la Sutel presentó un recurso de casación que está en trámite.

En octubre de 2015, la Sutel interpuso un proceso de nulidad de la resolución de Sutel para implementar la portabilidad en el servicio de telefonía fija. “Este proceso sigue en trámite”, dijo Navarro.

Según Sutel, este proceso fue suspendido hasta que se resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala IV.

El Instituto también presentó una demanda contra Sutel en lo contencioso para que se declare la nulidad parcial de una resolución que no le reconocía el pago retroactivo por un servicio de terminación de tráfico de larga distancia internacional.

Sutel añadió que la demanda interpuesta por el ICE fue declarada sin lugar y que también tiene pendiente la presentación de la ejecución de la sentencia.

Otros casos relevantes

En el sector también existen dos procesos que habían trascendido por la magnitud de las cuantías y los servicios a los que los operadores estaban relacionados.

El próximo 2 de julio se realizará el juicio oral y público por la demanda presentada por la compañía IBW Comunicaciones para que se declare nula la resolución de la Sutel sobre los servicios de Internet con tecnología inalámbrica WiMax que la firma brindaba como Japi.

La demanda, con fecha del 5 de diciembre del 2013, se planteaba también contra el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

En este caso, la cuantía estimada por IBW es de ¢3.850 millones.

El conflicto se originó porque la firma tenía una concesión de frecuencias anterior a la apertura, pero en 2011 –cuando anunció la comercialización de sus servicios– Sutel aseguró que las bandas no podían ser utilizadas para servicios de Internet.

El otro caso es el Credit Card Services, en el cual la Sala Primera –tras una declaración de la demanda sin lugar en el juzgado contencioso– acogió parcialmente el recurso de la firma y ordenó a Sutel pagar el daño material.

La Sutel exigió a Credit Card y al ICE un contrato de interconexión para dar un servicio de llamadas internacionales a través de voz por internet (VoIP, por sus siglas en inglés).

La firma sostuvo que solo se requería un contrato de acceso, ya que solo iba a funcionar como proveedor de un servicio que se brindaría a través de la red del Instituto.

Credit Card reclamó en setiembre del 2011 daño material causado por no haber logrado comercializar sus servicios. La Superintendencia debe pagarle $32 millones.

En trámite se encuentra la ejecución de la sentencia.

Las restantes demandas contra Sutel están relacionadas con el acceso y precios de arrendamiento de postería, incumplimiento del deber en homologación de celulares y contra las instrucciones para la atención de reclamos.

En el caso relacionado con la construcción de una torre de telecomunicaciones, en la cual se solicitaba la anulación de permisos de construcción, el demandante desistió del proceso en abril del 2018 y no hubo condena en costas.

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos. Escribe para El Financiero y es autor del blog "La Ley de Murphy".