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Cuatro años no han sido suficientes para que las entidades del sector público acaten la directriz del Ministerio de Hacienda y centralicen sus adquisiciones en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
De acuerdo con la información del mismo Ministerio de Hacienda hay 211 instituciones incorporadas a este sistema de compras pero faltan otras 102 entidades.
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Pese a ser el responsable del proceso de unificación de los sistemas de compras en el Estado, el Ministerio no sabe por qué esa cantidad de entidades están todavía por la libre.
“El Ministerio desconoce las razones específicas por las que aún no se han incorporado”, respondió Fabián Quirós, director general de bienes y contrataciones administrativas del Ministerio de Hacienda.
Quirós agregó que ese remanente de entidades no están usando la plataforma a pesar de la norma legal que las obliga a ingresar a Sicop y a pesar de los mismos esfuerzos realizados por el Ministerio para “persuadirlas y reiterar la obligación”.
Las razones dadas por los encargados en las entidades que se han mantenido al margen del Sicop –como el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social– tienen como punto en común el interés en mantener características y posibilidades de los sistemas propios.
Largo camino
El Sicop fue creado hace cuatro años cuando los ministerios de Hacienda y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) firmaron un decreto que unificaba el sistema Comprared y Merlink.
El primero había sido desarrollado por Hacienda desde 2001 como un sistema para dar a conocer las compras de las entidades estatales.
Casi diez años después se desarrolló una segunda versión que añadió funcionalidades como una tienda virtual y licitaciones mediante convenio marco (se hace una licitación que queda abierta cuatro años) para reducir tiempos de compra.
La segunda versión de Comprared fue la respuesta al proyecto de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital de desarrollar Merlink, con apoyo del Gobierno de Corea del Sur.
Merlink establecía nuevas formas de efectuar compras públicas, como la subasta a la baja electrónica, la tienda en línea asociada a contratos marco y el remate virtual.
Paralelamente muchas entidades mantenían sus propios sistemas de compras públicas. El decreto de Hacienda y Micitt establecía la obligatoriedad para usar un único sistema de compras públicas.
Hace cuatro años la Secretaría Técnica había pasado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), que incorporó Merlink en su portafolio de proyectos.
Por fuera
El decreto del 2015 firmado por Hacienda y Micitt se consideró una solución salomónica a una disputa entre ambos sistemas para la unificación y modernización tecnológica de las compras públicas en Costa Rica.
Hacienda indicó que desde hace más de un año no se realizan nuevos trámites de contratación a través de Comprared. Solo se mantiene como repositorio de consulta sobre trámites fenecidos o que están a punto de terminar. También cumple funciones para consulta histórica, fiscalización y generación de consultas.
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Entre las 211 entidades que usan Sicop están la Refinadora Costarricense de Petróleo, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y el Consejo Nacional de Viabilidad.
Ellas realizaron compras a través del Sicop por ¢629.557 millones y por $1.099 millones entre enero y noviembre del 2018.
Sobre las 120 instituciones no incorporadas la información es escasa.
Hacienda carece de datos sobre cuál es el monto de compras públicas que realizan esas entidades por medio de sus propios sistemas institucionales de proveeduría.
Entre las instituciones más importantes (por su nivel o monto de compras públicas) que están ausentes del Sicop se encuentran la Universidad Nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
A ellas se suman la Corte Suprema de Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Las razones que esgrimen algunas de estas entidades son heterogéneas, pero en general hay un intento por salvar los sistemas propios aun cuando se incorporen a Sicop.
En el Poder Judicial se cuenta con un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a través del cual se realizaron 1.585 adjudicaciones de contratos por un total de ¢16.015 millones en el 2018.
Dinorah Álvarez, directora jurídica interina del Poder Judicial, explicó que se requiere un proceso de adaptación de los sistemas de compras de la institución “y del mismo Sicop” para aprovechar las bondades del primero, la inversión realizada por la Corte y no perder los indicadores de gestión.
La funcionaria afirmó que se realizaron reuniones con Racsa y que la adaptación se realizaría en este 2019, incluida la capacitación del personal, para empezar a realizar compras en Sicop en 2020.
Estaban pendientes la definición de las interfaces y la firma del contrato de servicios para usar Sicop, que se haría a principios del presente año.
“Las razones en este momento son de orden técnico”, reiteró Álvarez.
La incorporación de la Caja es probable que se realice en el segundo semestre de 2019.
Actualmente se realiza un plan piloto, a través de Sicop, para la compra de prótesis auditivas, descartables para bombas de infusión, abarrotes, equipo de cómputo y equipo médico de alta y baja complejidad.
José Rafael González, encargado de la dirección técnica de bienes y servicios de la Caja, señaló que la incorporación a Sicop es compleja debido a que la institución cuenta con 185 unidades de compras, a la necesidad de capacitar al personal y a razones técnicas (interfaces, anchos de banda y firmas digitales).
En este momento se está en la etapa de revisión de la propuesta de contrato con Racsa, previo a su presentación en la junta directiva de la Caja.
“Una vez que se finiquite la firma del documento existe una etapa preparatoria, la cual tiene una duración de cuatro meses en la cual se se puede iniciar a comprar”, dijo González.
En Acueductos y Alcantarillados, que tenía presupuestado ¢114.693 millones para compras en el 2018, ya se firmó un convenio con Racsa para iniciar en este mes de enero un plan piloto para coordinar procedimientos y utilizar Sicop a partir de julio próximo.
Según Jennifer Fernández, directora de proveeduría institucional de Acueductos y Alcantarillados, ya invitaron a los proveedores para registrase en Sicop.
Hasta el momento la institución no se había incorporado a Sicop pues está en proceso de modernización de su plataforma tecnológica y debía analizar si era razonable realizar inversiones para crear las interfaces que comunicaran Sicop y su sistema interno.
“Dado que ya se giró la instrucción a nivel de gobierno para ingresar a Sicop, se tomó la decisión de incorporarse con procedimientos alternativos”, dijo Fernández.
