El impuesto debería ser a Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple y HBO Max, no al usuario

Lo conocí hace doce años, cuando vino a Costa Rica como consultor a pedido del Viceministerio de Telecomunicaciones, que en ese entonces encabezaba Hannia Vega.

Ahora Katz regresó a presentar los resultados de un estudio, solicitado por Millicom. El informe lo realizó junto con Juan Jung y Fernando Callorda, ambos economistas especializados en econometría, análisis estadístico de las telecomunicaciones y pertenecientes a la firma fundada por Katz, Telecom Advisory Services LLC.

El informe es claro: un incremento de la penetración de banda ancha fija del 10% en hogares y en la penetración de usuarios móviles únicos en Costa Rica permitiría un aumento de la productividad, la producción del país y del PIB per cápita (alrededor del 27%).

El Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica fue de $61.800 millones en 2020 y podría incrementarse a $64.200 millones con ese empujón en Internet banda ancha, pues más hogares y personas podrían estudiar, trabajar y emprender con servicios de Internet que no se caigan ni se peguen.

Un crecimiento en el nivel de digitalización (infraestructura y uso o aprovechamiento) del 10% permitiría a Costa Rica incrementar la productividad multifactorial en 8,6%.

Y el país podría actualizarse un poco: actualmente, el país cuenta con una productividad total de los factores equivalente al 74% de la de Estados Unidos y con un avance del 10% en la digitalización se incrementaría al 80%.

Ese incremento del 10% en la penetración de banda ancha móvil también permitiría a Costa Rica incrementar su nivel de inclusión financiera en 2,9%.

¿Qué se necesita?

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Que todo el mundo lo entienda, primero. Y, segundo, que se realicen tan solo medidas en cuatro áreas para que se incremente la inversión de los operadores, y con ello aumente la cobertura y la penetración de Internet banda ancha en Costa Rica. Ahí hay un problema.

Las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) muestran que el tráfico, las velocidades y las conexiones de banda ancha, así como el despliegue de fibra óptica, aumentaron en el país en los últimos años.

Hoy tenemos fácilmente 100 Mbps en la casa vía fibra óptica y a un precio menor que hace algunos años, pues los costos para el usuario bajaron. Así es como podemos disfrutar de videojuegos, streaming y otros servicios en línea. Solo que no es suficiente.

Internet fijo pasó de 744.041 a más de 1 millón de suscripciones entre 2017 y 2021, según Sutel. Pero, la penetración apenas alcanza al 20% de los habitantes en este último año y al 64% de los hogares. Hay cantones —como Los Chiles, La Cruz o Cañas— donde la penetración es entre 4,5% y 6,4% de sus poblaciones.

En 13 cantones, incluidos los citados, hay menos de 10 personas con acceso a Internet fijo. En 51 cantones —más de la mitad— menos de 20 personas tienen este servicio. Mora es la localidad con más penetración: solamente 33% y redondeando para arriba.

¿Qué es lo que ocurre? Varias cosas y una de ellas tiene que ver con el impuesto que nos metieron a las suscripciones de streaming. Katz dice que si el país realiza los ajustes que son necesarios se aumentaría el acceso, se reduce la brecha digital y se aumenta la banda ancha, todo lo cual eleva la productividad y el PIB.

Estructura de mercados

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¿Qué conviene más: muchos o pocos operadores? El sentido común o la opinión popular dice que muchos. Solo que muchas compañías hacen más fragmentado el mercado y genera menos inversión, servicios con altos desniveles en calidad y pocos incentivos para innovar tanto como cuando hay un monopolio.

El punto medio es una cantidad óptima de operadores en cada mercado: telefonía móvil, telefonía por Internet (VoIP), Internet, televisión por suscripción, mayoristas, y otros. Ese número óptimo debería garantizar la competencia y que los operadores se vean motivados a invertir en redes, infraestructura, servicios e innovación.

Katz dice que la situación en Costa Rica en cuanto a la estructura del mercado no se ve tan problemática como en países de la región donde ahora mismo hay operadores prácticamente en quiebra. Sin embargo, la industria local sí se está viendo afectada por la falta de modernización regulatoria, la piratería y las cargas impuestas. Veamos.

Modernización regulatoria, espectro y redes

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Primero que a la regulación de las telecomunicaciones le urge una modernización que incentive a los operadores —no solo a los de telefonía móvil, aunque también a ellos— a incrementar sus niveles de inversión para el despliegue de redes.

Eso incluye resolver los problemas de infraestructura —donde muchas municipalidades ponen demasiados peros y luego se quejan que no hay servicios de telefonía o de Internet en sus comunidades— y de espectro. Así se aumentaría la cobertura.

“En Costa Rica las modificaciones regulatorias son de carácter urgente”, se indica en el estudio. Eso incluye una actualización de los reglamentos de protección al usuario final y de protección y calidad de los servicios “de forma balanceada” y “realista” tanto desde la perspectiva de los usuarios como de los operadores.

En la conversación que tuvimos el pasado miércoles 24 de agosto, vía videollamada, Katz fue enfático que Costa Rica la cantidad de espectro que tienen los operadores (510 MHz) se quedan cortos para las necesidades y ante el nivel recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El especialista considera que es necesario asignar más espectro a precios razonables. Y este último punto es importante.

Hay experiencias en otros países donde los gobiernos quisieron hacer el agosto subastando espectro a precios por las nubes que no eran rentables para los operadores. Las subastas fracasaron.

El punto es clave: para tener banda ancha en Internet fijo se requieren tecnologías que lo permitan. En móviles se requiere espectro, frecuencias. Don Raúl no lo dice, pero evidentemente uno piensa en fibra óptica y 5G, respectivamente.

Hay un cambio en la regulación, mencionado por Katz, que me llamó la atención: que los operadores puedan compartir o intercambiar o ceder espectro ocioso. Evidentemente bajo reglas y autorizaciones y pagos de canon respectivos. La idea, según le entendí, es que si a un operador le sobra espectro y a otro le hace falta puedan llegar a un acuerdo. Seguramente a más de uno se le paró el pelo o al menos subió una ceja.

Todo esto tendría el siguiente impacto: aumentaría la inversión en telefonía móvil, por ejemplo, y conllevaría a un incremento de 12,4% en la cobertura 4G y de 2,8% en la penetración de banda ancha móvil.

La piratería: ¿problema o hazaña?

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Para la industria este sigue siendo un problema eterno. Claramente hay una cultura en la cual se aprecia más lo que no tiene costo, especialmente si eso significa no pagarle a alguien, que alguien no reciba ingresos por lo que se considera gratis. El problema es que así se afecta a las personas, emprendimientos y empresas creadoras de contenidos, software o productos. Tampoco se le estimula la inversión.

Katz señala que la piratería de contenidos (él enfatiza que se incluye lo audiovisual) limita los ingresos de las personas, emprendimientos y empresas productoras y distribuidoras, erosiona el valor de los productos y servicios, así como la diversidad y frena la economía digital.

¿Qué hacer en este caso? Complejo. No solo por los segmentos de menores ingresos, para el que surge un mercado informal sin límites aparentes. El lío es que también a otros niveles de ingresos y estatus la piratería es una suerte de hazaña o algo parecido, como si fuera una actividad de aventura.

Impuestos, costo de servicios y acceso

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Y con esto ya nos acercamos al tema de los servicios streaming.

Katz señala que los impuestos a los servicios de telecomunicaciones tanto como a los servicios de streaming que pagan los consumidores o usuarios eleva el costo de esos servicios, lo que provoca que a los segmentos de menor ingresos no les alcance.

Esto lo había leído en un informe de la Sutel. Katz advierte que si el costo de los servicios de telecomunicaciones superan el 2% de los ingresos familiares, los sectores de menores ingresos tendrán más dificultades para suscribirse, utilizarlos y aprovecharlos. En el informe de Sutel, había leído que era el 4%. En todo caso, la barra existe y para algunas familias es imposible brincar.

Los precios de los servicios, ciertamente, vienen disminuyendo y las autoridades y operadores lo atribuyen a la competencia en el mercado. Todavía no lo suficiente, empero. ¿Qué se puede hacer?

Katz afirma que el impuesto de la renta —que pagan las empresas por sus beneficios— puede seguir igual y que hay cambios que se pueden realizar en otros rubros que se cobran.

Por ejemplo, los cánones. En Costa Rica las tasas regulatorias son del 3,25% de los ingresos de los operadores. Parece poco y más de uno diría que lo suban. Pero en comparación a las prácticas internacionales, dice Katz, ese nivel es “mucho más elevado”.

Localmente los operadores deben pagar los cánones de frecuencias y el de regulación, que es el que alimenta el presupuesto de Sutel. Y, además, realizan una contribución parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que gestiona Sutel. Pero los montos, en especial el del canon de regulación, y la eficiencia en la gestión que realiza la Superintendencia es cuestionada año con año por los operadores.

En este punto también el país sobrepasa la recomendación internacional del 1%, pues esa contribución parafiscal andaría en el orden del 1,5%.

“Para la gente que está en la base de la pirámide, el costo de Internet y las telecomunicaciones puede llegar al 14% o 20% de sus ingresos”

—  Raúl Katz, fundador de Telecom Advisory Services LLC

Empezando porque cada año la Sutel pide un canon que, luego se ve, no utiliza en su totalidad. ¿Para qué pide recursos que no utiliza al final? Usted debería preguntarlo, especialmente porque ese canon está incluido en el costo de los servicios que usted paga o que pagamos cada uno, de una manera o de otra.

Katz dice que hay otros rubros más que pueden ser revisados. Como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el cual también terminamos pagando los usuarios, pues los operadores nos lo cobran y lo que hacen es trasladarlo al Ministerio de Hacienda. Se puede bajar el IVA de los dispositivos, lo que permitiría disminuir los costos de adquisición de móviles, tabletas y computadoras, y el IVA de los servicios de Internet.

Y están los servicios de streaming. Desde hace 14 años es un lío para la industria. Firmas como Facebook o Netflix crecieron y amasan fortunas con el acceso de las personas a través de Internet, móviles y fijas. Pero estas compañías nunca aportan un cinco al desarrollo de las redes de Internet. ¿A quién le toca hacer esas inversiones? A los operadores.

En algún momento se habló de crearles la competencia. Es decir, que los operadores crearan los servicios y aplicaciones propias y las ofrecieran a sus clientes, incluso privilegiando técnicamente su acceso y su uso. No se pudo. Simplemente las aplicaciones que ofrecen los operadores no resultan. Ahí languidecen, con más pena que gloria. El ICE, por ejemplo, tiene un servicio de video bajo demanda. ¿Quién lo usa?

La oferta es tan pobre que hasta se me olvidó cómo era que uno podía ingresar a través del televisor. Otros operadores no andan lejos. Al final, varios terminaron ofreciendo en sus paquetes premium acceso a los servicios de streaming de las marcas globales.

Lo que sí ocurrió fue que a los genios de Hacienda se les ocurrió un impuesto a los servicios streaming y —en lugar de ir a cobrarle a Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney, Amazon Prime o Spotify, entre otros— nos lo cobran cuando pagamos cada mes con nuestra tarjeta. Desde el punto de vista hacendario y fiscal, 100 puntos. Solo que tal genialidad tiene un impacto en el acceso a la banda ancha.

Por sí solo, probablemente, no impide que una familia no pueda solicitar y pagar un servicio de Internet. Pero, junto a los otros impuestos y cargas como los cánones, suma, aumenta el costo de la conexión y termina haciendo que el precio de Internet supere el 2% de los ingresos familiares de las familias del último percentil.

“Para la gente que está en la base de la pirámide, eso puede llegar al 14% o 20% de sus ingresos”, afirma Katz.

El estudio de Katz y sus colegas indica que solo la reducción de precios (quitando esas cargas) generaría un incremento en la penetración de la banda ancha de un 2,8% en Costa Rica, con el consecuente impacto en productividad y PIB. Queda siempre un segmento sin acceso, al cual hay que atender con programas enfocados en reducir la brecha digital, como Fonatel.