El pasado 24 de septiembre, la agencia calificadora Moody’s mejoró la calificación de la deuda a largo plazo del gobierno de Costa Rica, tanto en colones como en dólares, pasando de Ba3 a Ba2. Además, la perspectiva cambió de positiva a estable. ¿Cómo beneficia esto al pueblo costarricense?
Según el portal de Moody’s, “las obligaciones calificadas como Ba (Ba3, Ba2, Ba1) se consideran especulativas y están expuestas a un riesgo crediticio significativo”. En otras palabras, para Moody’s, la deuda soberana de Costa Rica continúa siendo calificada como “especulativa” y aún no alcanza el nivel de grado de inversión. Además, al haber cambiado la perspectiva de positiva a estable, Moody’s no anticipa una mejora en la calificación en el corto plazo.

Según el informe de Moody’s, la mejora en la calificación se atribuye a avances significativos en el déficit primario respecto al periodo previo a la pandemia, al “robusto” crecimiento económico y a una notable reducción en la relación deuda/PIB. Moody’s señala que esta última mejora es consecuencia directa de los dos factores anteriores.
No obstante, debemos ser cautelosos respecto a la aparente mejora en la relación deuda/PIB, ya que esta se debe principalmente a un efecto contable provocado por la apreciación del colón en casi un 30% en los últimos años. La reducción en la relación deuda/PIB no refleja una disminución real del saldo de la deuda, sino que se explica porque la deuda en moneda extranjera se valora en colones para ser comparable con el PIB, que también se calcula en colones. Debido a la caída del tipo de cambio, el valor de la deuda en dólares expresada en colones disminuyó drásticamente.
Supongamos que usted tiene una deuda de $1,000 y el tipo de cambio es de ₡700 por dólar. Entonces, su deuda valorada en colones es de ₡700 mil. Ahora, imagine que su deuda en dólares aumenta un 20%, pasando a US$1,200, pero el tipo de cambio baja a ₡500. Por lo tanto, su nueva deuda de US$1,200, pero valorada en colones es de ₡600 mil. Aunque el saldo de la deuda en dólares aumentó un 20%, valorada en colones disminuyó un 14%.
Lo descrito refleja la evolución de la deuda en moneda extranjera en Costa Rica y explica la disminución en la relación deuda/PIB. Según el Banco Central de Costa Rica, al segundo trimestre de 2022 la deuda externa total era de $31.989 millones. Para el mismo periodo en 2025, tres años después, la deuda aumentó a $41.709 millones, lo que representa un incremento del 30%.
Resulta llamativo que el informe de Moody’s no mencione en absoluto la apreciación del colón como factor que contribuye a la reducción de la relación deuda/PIB.
Por otro lado, una calificadora de riesgo únicamente evalúa la capacidad de pago de la deuda soberana. No analiza la calidad del gasto público ni determina si la situación fiscal está impulsando el desarrollo económico y social. En otras palabras, a las calificadoras de riesgo no les importa si, por ejemplo, el superávit primario se alcanza mediante una reducción significativa del gasto social, como en educación, seguridad, construcción de hospitales o desarrollo de infraestructura. Su único enfoque es medir la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda, incluso si ello implica el deterioro de indicadores sociales.
Para el pueblo costarricense, la mejora en la calificación de la deuda soberana no representa ningún beneficio tangible. Esta mejora no disminuye el desempleo, ni acorta las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni impulsa el crecimiento económico, ni reduce la pobreza. Tampoco contribuye a bajar la tasa de homicidios, ni a mejorar la educación o el estado de las carreteras, ni fomenta la innovación, ni reduce la informalidad o disminuye el costo de la vida. En definitiva, no aporta ninguna mejora concreta.
El único beneficio de una mejora en la calificación es que permitiría al gobierno, ceteris paribus, emitir nueva deuda a una tasa de interés más baja. Sin embargo, dicha tasa seguiría siendo relativamente alta, ya que la deuda soberana mantiene una calificación de grado especulativo. En otras palabras, la mejora en la calificación solo favorecería a un gobierno con una política de un crecimiento insaciable del gasto público y que busque financiar esa voracidad fiscal mediante un mayor endeudamiento.