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Durante los cuatro años de la administración Alvarado Quesada el presupuesto de la República pasó de ¢9,307 billones (2018) a ¢11,517 billones (2022). Esto es un abusivo crecimiento del 23,7% que pone en evidencia que el problema fiscal que enfrenta hoy Costa Rica obedece, no a la falta de ingresos, sino al desmedido crecimiento del gasto público donde el presidente Carlos Alvarado ha sido un grandísimo irresponsable.
Durante los cuatro años que van de diciembre del 2017 a diciembre del 2021, la inflación acumulada fue del 7,95%. Es decir, el presupuesto de la República creció durante esta administración casi un 15,75% en términos reales. Con esta voracidad fiscal, no habrá nunca impuestos que alcancen. Cuando el crecimiento del gasto público supera el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), jamás podremos aspirar a que la tasa de desempleo se ubique por debajo del 4%.
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En términos reales, el gobierno gastará en el 2022, con relación a cuatro años atrás, un exceso de ¢1,470 billones. Para poner esto en perspectiva, el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se tramita en la Asamblea Legislativa en este momento equivale a unos ¢1,120 billones a un tipo de cambio de ¢640.
Si el presupuesto de la República se hubiese manejado de manera responsable, es decir, si su crecimiento hubiese sido a lo sumo equivalente a la tasa de crecimiento de la inflación, su monto para el 2022 hubiera sido de ¢10,047 billones (¢1,470 billones menos).
En la Ley de Presupuesto para el 2022, el 52,8% se financiará con impuestos e ingresos de capital y un 47,23% con endeudamiento. Con un presupuesto de ¢10,047 billones, el 60,5% se hubiera financiado con impuestos e ingresos de capital. El financiamiento por endeudamiento hubiese caído de 47,2% a un 39,5%.
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No hay nada que justifique que el crecimiento del gasto público exceda el crecimiento de la inflación. ¡Esta es la regla fiscal para un gobierno responsable! Es más, en las condiciones actuales, un manejo responsable de las finanzas públicas exige que el gasto público crezca menos que la inflación porque tenemos un exceso de entidades públicas, empresas públicas donde ninguna debe existir, duplicación de funciones en el sector público y un exagerado número de empleados públicos. Si un presidente de la República no puede ajustar el crecimiento del gasto público a la inflación, pues que renuncie a su cargo por falta de capacidad.
En varios artículos publicados en este blog he explicado ampliamente distintas maneras de reducir el gasto público sin crear desempleo; entre ellas está acabar con el Fondo Especial a la Educación Superior (FEES), terminar con los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, la eliminación del salario escolar y la venta de empresas públicas.
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Según me contaba un exministro de Hacienda, todos los años, entre un 5% y un 8% de los empleados del sector público abandonan dicho sector de manera voluntaria, sea porque se pensionan, se trasladan al sector privado o por otras razones personales. Si no se reemplazaran dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23% y 34% de la planilla en cinco años sin causar problemas de desempleo. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.
El gasto público ha crecido en términos reales durante los últimos cuatro años en ¢1,470 billones. Eso equivale más o menos a cuatro superautopistas entre San José y San Ramón. A pesar del crecimiento del gasto público, no hemos visto mejoras en la calidad de la educación, ni en salud, ni en vivienda, ni en infraestructura vial. Si ese monto se transfiriera directamente a los más necesitados, ya no habría pobres en Costa Rica. Durante esta pandemia, el gobierno no destinó un solo cinco a ampliar hospitales; mucho menos a la construcción de nuevos.
Al dar inicio el curso lectivo del 2022, hay 811 centros educativos con órdenes sanitarias. Se trata de estructuras que no cumplen con las condiciones óptimas y representan un riesgo tanto para los alumnos como para los docentes. Por otra parte, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la espera por cirugías pasó, en promedio, de 341 días en diciembre del 2019 a 434 días para agosto del 2021. La red vial y las presas que vivimos todos los días revelan que ahí no se ha ido el crecimiento del gasto público.
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El gobierno de Carlos Alvarado merece una censura pública porque no es posible que con tal crecimiento del gasto público no se hayan atendido estas necesidades sociales. ¿A dónde se ha ido tanto crecimiento del gasto público?
No seamos mediocres. Exijámosle al gobierno que el gasto público no crezca, al menos, más allá de la inflación.
¡No más impuestos! ¡Sí a la reducción del gasto público!
