EscucharEl 1.º de marzo del 2022 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el proyecto de “Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”.
El pasado 6 de octubre, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo” bajo el expediente 23.383. El objetivo es regular la producción y consumo de cannabis con fines recreativos.
A lo largo de la historia, la producción, distribución y consumo de la marihuana estuvo exenta de la regulación por parte de los gobernantes. Dicha intervención empezó en 1925 con la Convención de Ginebra. El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo no nos regresa a la situación jurídica previa a 1925 sino que establece una serie de regulaciones, como el otorgamiento de licencias, para la producción y comercialización del cannabis con fines recreativos.
¿Por qué tiene que haber licencias para la producción de bienes o servicios? ¿Por qué dicha actividad tiene que estar regulada por el gobierno si previo a 1925 no lo estuvo? Hoy, tanto la producción como la comercialización y el consumo de cannabis han estado al margen de la ley y, por ende, no han estado regulados y no ha habido problema alguno ni con la producción, ni comercialización, ni el control de calidad. ¿Por qué habríamos de regularlo ahora?
La existencia de licencias, tal y como sucede con las licencias de taxis, solo sirven para crear más burocracia y corrupción. La existencia de licencias restringe el mercado y, al hacerlo, se incentiva el pago de sobornos para la obtención de estas. Además, la limitación del mercado incentiva la creación de un mercado negro de licencias, al igual que con los taxis, lo cual se traduce en reducción de la calidad y en precios más altos.
Tal parece que quienes redactaron dicho proyecto de ley no logran sacudirse al Estado de sus espaldas y que se inspiraron en el fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
La guerra contra las drogas tiene consecuencias sociales perversas que no podemos ignorar.
Como bien dijo Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, “las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza porque se le da prioridad al castigo por encima de los derechos humanos y la salud”. En otras palabras, es hora de poner fin a guerra contra todas las drogas, no solo de los derivados del cannabis. Para ello, es necesario despenalizar y descriminalizar la producción, comercialización y el consumo de todas las drogas, no solo el cannabis.
La posición de la Comisión Global de Política de Drogas (Global Commision On Drug Policy) y, en particular la postura de la Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas (The Latin American Commission on Drugs and Democracy) es que la guerra contra las drogas no tiene sentido, ni social, ni económico. La Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas la codirigen tres expresidentes latinoamericanos: César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y Fernando Enrique Cardoso (Brasil) quienes estuvieron al frente de esta guerra.
Cientos de millones de dólares se han destinado a esta guerra y el consumo sigue subiendo y la oferta creciendo. La guerra contra las drogas está perdida y, por lo tanto, es necesario replantearse la estrategia sobre este tema.
Obviamente lo ideal es que nadie consuma ninguna droga que perjudique la salud y que, si las llegase a consumir, que sea por motivos medicinales. Es sumamente triste que las personas destrocen su familia, su trabajo y su vida por la adicción a las drogas o a cualquier otro vicio. Nadie con buen corazón desea ver a un ser humano padecer el flagelo de la adicción por las drogas. Sin embargo, debemos cuestionarnos si la guerra contras las drogas empeora la situación.
Si bien el abuso del consumo de drogas causa daños, debemos reconocer que la prohibición de su producción, comercialización y consumo, también han traído consecuencias sociales nefastas como asesinatos, violencia, corrupción del sistema judicial y hacinamiento en las cárceles. Además, la guerra contra las drogas tiene un costo altísimo en recursos policiacos, equipos de investigación, jueces, fiscales, etc. Estos recursos se le restan a los destinados para combatir los verdaderos delitos, donde sí hay víctimas, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.
La prohibición provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen, contribuyendo a la creación de fortunas a las mafias organizadas. Además, la prohibición induce e incentiva la violencia y los asesinatos porque en caso de que existan disputas o diferencias, estos no se pueden resolver mediante los tribunales de justicia y no queda otra más que resolverlos por medio de la amenaza, o del uso de la fuerza, de la violencia o el asesinato. Cientos de miles de personas mueren por ajustes de cuentas como consecuencia de la prohibición.
La solución a los problemas económicos y sociales siempre conlleva respetar el ejercicio de la libertad individual donde el tema de las drogas no es excepción. Para ello, es necesario introducir un proceso de despenalización y descriminalización de estas. Solo así pondremos fin a la violencia, asesinatos y el crimen organizado asociados al mercado de drogas que hoy son ilícitas. Portugal ha dado paso en esa dirección con resultados muy positivos.
Tanto la exposición de motivos del proyecto de ley para legalizar el consumo de cannabis recreativo, como las declaraciones del presidente de la República Rodrigo Chaves, parecen coincidir en que la guerra contra la marihuana no ha reducido su consumo y que el proyecto de ley pretende acabar con las narco rentas. “La regulación del uso de la marihuana eliminará las grandes rentas a grupos criminales que lucran con el tráfico ilegal”. Sin embargo, ¿por qué el presidente Chaves solo piensa en acabar con las narco rentas de la marihuana y no de todas las drogas?
Los vicios no son delitos
Debemos distinguir entre crimen y vicio. Un vicio es una conducta que solo causa daño a uno mismo. Un crimen es un acto que daña la vida, la propiedad o el ingreso de terceros. El abuso del consumo de drogas cae en la categoría de vicio, pero no de crimen. El Estado debe perseguir al criminal, pero no debe meterse en la vida del vicioso. El Estado debe respetar al vicioso, aunque no aprobemos su conducta.
El ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar limitado a los crímenes y delitos. Existe abuso del poder cuando el Estado regula, criminaliza y penaliza los vicios de las personas. Es necesario que prevalezca el principio de que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad.
En Derecho, el principio de lesividad establece que no puede haber delito sin que exista daño a un bien jurídico tutelado; siendo la vida, la libertad y la propiedad los bienes jurídicos por excelencia. Se supone que la lucha contra las drogas se basa en proteger la salud pública como bien jurídico.
Sin embargo, la lucha por la salubridad pública no puede violentar el ejercicio de la libertad individual. En caso contrario, sería lícito entonces que el gobierno prohibiera el uso de vehículos porque así se evitarían las muertes por accidentes de tránsito. También sería obligación del gobierno prohibir las relaciones sexuales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades venéreas letales.
Todos los estudios confirman que, lejos de proteger la salud pública, la guerra contra las drogas, la empeora porque esta causa muertes. Además, la guerra contra las drogas no ha reducido su consumo y, debido a la prohibición, los precios de las drogas suben y esto incentiva la creación de nuevas sustancias de menor precio, pero mucho más dañinas para la salud.
No es deber del gobierno cuidar la salud de nadie porque cuando lo hace, violenta el derecho fundamental de la libertad individual. Como bien dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres …”. Somo adultos, somos libres y cuidarnos es responsabilidad de cada uno, no del Estado.
En una sociedad que respeta la libertad implica, necesariamente, que muchos tendrán conductas que no serán de nuestro agrado y que, por lo tanto, debemos respetar toda conducta siempre y cuando no violen el ejercicio de la libertad de terceros. Consumir drogas puede ser una conducta socialmente censurable, pero al no violar la libertad de terceros, no es un delito. Nos guste o no, una sociedad que no trata a terceros como esclavos, debe respetar que cada uno es libre para decidir si consume drogas.
Una vez que se despenalice y descriminalice la producción, distribución y consumo de drogas, es indispensable tratar la adicción de las drogas como un problema de salud, siguiendo la propuesta de Kofi Annan. Es imposible que la sociedad trate de curar a un adicto si esta lo considera un criminal. Mientras exista la criminalización de las drogas, sus consumidores no podrán ser atendidos bajo los programas de salud y por tanto no podrán prevenirse muchas enfermedades como hepatitis C, tuberculosis y VIH. Solo despenalizando y descriminalizando las drogas podrán atenderse los adictos.
Insto a que valoraremos sin prejuicios y que estudiemos seriamente las ventajas de un proceso de despenalización y descriminalización del consumo y posesión de sustancias que hoy son ilícitas y que se aborde el asunto de las drogas como un problema de salud.
