Escuchar
Las tarifas de Uber aumentarían significativamente de llegar a aprobarse el proyecto de ley que pretende subyugar a Uber, a todas las demás empresas de plataformas tecnológicas de transporte y a sus usuarios. Hablo de subyugar y no de regular porque Uber, y las demás plataformas semejantes, ya están contemplados en la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que establece que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.
El proyecto de ley es otro paquete fiscal pues pretende un cobro de ₡44 millones por la inscripción de cada empresa y cuyo permiso deberá renovarse cada 5 años por el monto de ₡22 millones. Además, cada viaje en Uber tendrá un impuesto adicional de 3%. Los socialistas se alegran de estas confiscaciones porque en sus mentes perversas solo ven la oportunidad de saquear la riqueza del emprendedor para vivir a costa de ello. Sin embargo, quien termina pagando siempre es el usuario que verá las tarifas de Uber dispararse. ¡Lo irónico es que luego la gente se queja de que Costa Rica es un país más caro que cualquier país miembro de la OCDE!
La perversidad del proyecto de ley es tal que establece que, de todos los impuestos cobrados a las plataformas tipo Uber, un 80% se destinará para que los taxistas “rojos” puedan renovar su flota. Eso es exactamente igual a que a Ud. se le cobre el impuesto territorial por la posesión de su vivienda y que la municipalidad destine el 80% de ese impuesto a subsidiar la mejora de las viviendas de los sindicalistas.
El pasado martes 22 de enero el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte” con el que se pretende subyugar a Uber. El gobierno usa el eufemismo “regular” porque se desprende del proyecto de ley que el gobierno no persigue mejorar la experiencia del usuario sino en proteger y en beneficiar los intereses del gremio de los taxis “rojos”.
Es lamentable que para redactar dicho proyecto de ley el gobierno solo sostuvo conversaciones con los sindicalistas del gremio de los taxis “rojos” y excluyó de la mesa a las asociaciones de consumidores (que representarían a los usuarios) y al mismo Uber. Esto es clientelismo político y el clientelismo político es corrupción.
El rechazo hacia Uber y la exigencia a que sea regulado por el Gobierno no proviene por parte del consumidor o del usuario. Quienes se oponen a Uber son aquellos gremios cuyas rentas extraordinarias se ven afectadas por cualquier innovación, o desregulación, que promueva la libre competencia. Así como los sindicalistas, que forman parte de una empresa pública que opera bajo monopolio, se oponen a la apertura de dicho mercado, de la misma manera el gremio de los taxistas “rojos” son quienes se oponen a la libre competencia en el transporte remunerado de personas.
Es contrario al bien común que los gobiernos usen su poder para proteger y defender a los grupos de presión a costa del sacrificio del pueblo. Cuando el gobierno protege a un gremio, inevitablemente le pasa la factura al resto de la población porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias del clientelismo político son: corrupción, precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza.
Lea: La sinrazón de “taxificar” a Uber
En Economía se le llama rent-seeking o buscadores de renta a los casos donde grupos de presión usan al Gobierno para obtener beneficios y mantener transferencias injustas a costa del resto de la sociedad. En otras palabras, los buscadores de renta pretenden un incremento en sus ganancias, no como consecuencia de mejoras en la productividad, ni de mayor esfuerzo propio, ni de la innovación, sino a través de la explotación de los contribuyentes o del consumidor.
En el caso de Uber, la protección al gremio de los taxistas rojos no solo ha traído consecuencias económicas negativas, sino también situaciones sociales perversas al promover el odio, la violencia con el daño a la propiedad privada y la integridad física.
Una de las maneras que operan los grupos de presión para obtener ganancias extraordinarias, es restringiendo el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Cuando se limita o se reduce la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae.
Ver: Los grupos de presión están carcomiendo nuestro país
Ejemplo de ello lo podemos observar con las medidas que toman los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuando ellos quieren que suba el precio del crudo. La estrategia de la OPEP no es fijar el precio del petróleo sino en restringir la oferta para que el precio suba.
El gremio de los taxistas rojos limita la oferta de su servicio siguiendo el mismo principio de la OPEP. Esto lo hacen exigiendo una licencia para poder operar un taxi. El resultado es que las tarifas de los taxis rojos son mucho más altas que los de Uber. Cuando el Gobierno habla de “regular” a Uber, en realidad se trata de tomar medidas para restringir su oferta.
Esto lo vemos claramente en el proyecto de ley cuando establece que el Consejo de Transporte Público (CTP) tendrá la facultad de limitar la cantidad de vehículos por empresa. ¡Que absurdo! Es como proponer que el Gobierno regule la cantidad de leche, de camisas, etc. que se debe producir en el país. Asumo que quienes diseñaron el CTP se inspiraron en los modelos de producción de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o en consejos de Nicolás Maduro.
El economista sabe que toda regulación, por definición, reduce la oferta y por ende provoca un aumento del precio. Por tanto, para promover el desarrollo, las regulaciones innecesarias deben evitarse y solo deben hacerse con el fin de estimular más competencia, nunca para restringirla. En Costa Rica, siguiendo esquemas de planificación centralizada, la regulación siempre ha buscado reducir la oferta y es por tal razón que vivimos en un país carísimo con salarios de pobres.
Es un error creer que Uber está desregulado cuando la realidad es que Uber se encuentra mucho más regulado que los taxistas rojos. Veamos: Con Uber se sabe con anticipación la tarifa que se cobrará por el servicio; con los taxis rojos no. Con Uber el usuario sabe con anticipación el vehículo (modelo y placa) que lo recogerá; con los taxis rojos no. Con Uber el usuario se puede quejar eficazmente si recibe un mal trato en el servicio; con los taxis rojos no. Con Uber el usuario sabe con anticipación el nombre del chofer; con los taxis rojos no. Con Uber el usuario sabe exactamente cuánto tiempo tardarán en recogerlo; con los taxis rojos no.
Si por regulación se entiende un mecanismo que promueve la satisfacción del consumidor, entonces Uber lo logra; los taxis rojos no. Es decir, Uber está regulado tal y como lo desea el usuario por medio de su plataforma. Sin embargo, los taxis rojos desean que se regule a Uber para beneficio de los taxistas a costa de los usuarios.
En el mundo de los negocios se dice que “If its not broken, don’t fix it” (Si no está dañado, no lo arregle). Si el usuario de Uber no se queja, ¡no hay nada que arreglar, no hay nada que regular! Por el contrario, la plataforma digital de Uber ha demostrado que la regulación por parte del gobierno en esta industria es totalmente innecesaria y hace obsoletas instituciones en defensa del consumidor o de los habitantes.
Una de las ventajas de promover la libre competencia, es que no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la democracia. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Uber y los derechos humanos
A Uber se le defiende no solo por el argumento económico en contra de las políticas que favorecen a los grupos de presión sino, además, por un asunto ético y de principios básicos de convivencia social: a ninguna persona se le debe coartar su libertad para poder trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Es inmoral que un gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas. Defender a Uber es defender la libertad de escoger, la libertad de trabajar honestamente sin necesidad de pedirle permiso al gobierno y la libertad de disponer de nuestro capital.
La plataforma de Uber está amparada en la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que establece que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. Es decir, la Constitución no solo respalda a Uber sino que claramente dice que no el gobierno no debe aprobar ley alguna para regularla; menos aún para subyugarla. Aprendamos a valorar este principio constitucional inspirado en el respeto por la libertad individual.
En este sentido son muy lamentables las declaraciones de Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) quien arremete en contra del emprendedor, de la libertad de escoger, de la libertad al trabajo y de la libertad de disponer del salario. ¿Con qué derecho quiere el intervenir y regular las acciones privadas que ni dañan la moral ni el orden público? ¡Sepamos ser libres!
Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, …”. Por tanto, defender a Uber, es defender el derecho humano al trabajo.
Ningún gobierno democrático que defienda el valor de la libertad debe interferir cuando no hay víctimas. Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. Tengamos presente que es de tiranos desear controlar cada aspecto de nuestras vidas. En este sentido, me tiene muy preocupado esta obsesión de los gobiernos en contra de Uber, (y en general su defensa de los monopolios públicos, gremios sindicales, etc) pues no deja de recordarme al fascista Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
Lea: ¿Qué hacer si uno viaja en Uber y es interrogado por la policía de tránsito?
En resumen, el proyecto de ley viene a ser, por un lado, un paquete tributario que pretende cobrar millones de colones para que el gobierno otorgue permiso para trabajar. Además, cobrará impuestos por cada viaje. Esto encarecerá el costo del servicio y disminuirá la cantidad de personas que pueden vivir de esa actividad. Por otra parte, el CTP tendrá la facultad de limitar la oferta de taxis y con ello aumentará aún más la tarifa del servicio y creará desempleo en el sector.
Por último, el proyecto de ley pretende que Uber y las otras plataformas hagan transferencias a los taxis rojos para que los últimos renueven su flota de taxis. ¡Más perverso, nada!
La solución definitiva en cuanto a Uber, no es subyugarlo sino liberar el servicio de taxis, para lo cual debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955, tal y como lo propuso el proyecto de ley, bajo el expediente nº 19.695, “Ley para liberalizar el servicio de transporte en las modalidades de taxi y Seetaxi para mejorar el servicio de transporte a los usuarios”. Con estas medidas, no solo se sacará al gobierno de esta actividad económica, sino que también acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis rojos. Debemos acabar con el tráfico de favores y el clientelismo político que tiene a Costa Rica sumida en una crisis moral sin precedentes.
Bien decía el político mexicano Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Insto a los diputados a que desechen este proyecto de ley socialista que solo traerá miseria, desempleo, explotación al consumidor y violación de los derechos fundamentales del ser humano. Insto a los diputados a buscar la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.
