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El proyecto de ley 21.336 con el nombre Ley marco de empleo público propone crear un solo régimen de empleo público y ocho familias salariales. En relación con las universidades públicas, surge la discusión si estas deben quedar sometidas al salario global que pretende dicho proyecto de ley o si deben ser las mismas universidades públicas quienes regulen y administren su planilla y salarios.
Dado que las universidades son empresas, lo correcto es que el salario de todas las empresas públicas sea regulado, no por una ley de empleo público, sino por el régimen de la libre competencia.
Es necesario que los salarios de las empresas públicas, incluyendo a las universidades, se ajusten a su productividad. ¡Esto es lo justo! La Economía nos enseña que, cuanto mayor sea la competencia, mayor es la garantía de que los salarios se ajusten a su productividad.
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Lamentablemente, el proyecto de ley de empleo público no podrá jamás garantizar que los salarios del burócrata se ajusten a su productividad. Las razones son las mismas por las que cayó el muro de Berlín. Esto lo explicó Ludwig von Mises desde 1922 en su libro Socialismo cuando argumentaba que el socialismo estaba condenado al fracaso porque en ausencia de libre competencia, es imposible el cálculo económico. Es decir, es imposible que se pueda determinar un salario con criterios técnicos tal y como lo sugiere incorrectamente el proyecto de ley de empleo público. Tanto la antigua URSS como todo el bloque soviético pretendieron ajustar salarios usando criterios técnicos. ¡Ya es hora de aprender la lección!
La Economía nos enseña también que, comparado con la planificación centralizada, a mayor competencia, la productividad es mayor, los salarios son más altos, el nivel de inversión es mayor, la calidad es más alta y el precio de los bienes y servicios es menor. Como corolario, la Economía nos ha enseñado que toda restricción a la libre competencia, esté donde esté, perjudica el desarrollo económico y social, explota a los consumidores. Es decir, la industria de la educación superior se vería beneficiada si introducimos competencia al sistema.
Lamentablemente las universidades públicas no están sometidas a la libre competencia. Donde hay libre competencia no hay subsidios y estas reciben un subsidio llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que para el 2021 equivale a ₡524.000 millones; es decir, 1.5% del PIB.
Muchos justifican el subsidio a las universidades públicas argumentando que contribuyen al bienestar social. Sin embargo, la evidencia dice otra cosa. Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienen del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecen a los hogares de menores ingresos. Es decir, con el presupuesto de las universidades estatales se está subsidiando a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran. Si una política solidaria significa trasladar ingresos de los ricos a los pobres, con estas cifras las universidades estatales resultan ser antisolidarias.
Para someter a las universidades públicas a competir, lo primero es acabar con el FEES y que su ingreso provenga 100% del cobro de matrícula y de servicios.
Solo la incompetencia requiere subsidio; la calidad no. Si las universidades públicas son de calidad, no necesitan de subsidio alguno por parte del contribuyente. La calidad es producto de la libre competencia, no de la planificación central.
Dado que las universidades públicas tienen una larga trayectoria y un prestigio creado, no habría problema alguno en eliminar el FEES y sustituirlo con aumento en el cobro de la matrícula. Esta propuesta debería contar con el apoyo masivo de los socialistas que piden a gritos que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres.
Dicha propuesta no tiene por qué afectar el programa de becas de las universidades estatales. Así como las universidades privadas financian sus programas de becas con el ingreso que obtienen de la matrícula de quienes la pagan en su totalidad, de igual manera las universidades públicas seguirían financiando sus programas de becas.
Ya es hora de que las universidades estatales dejen de recibir transferencias por parte de los contribuyentes. Ya es hora de que las universidades estatales empiecen a financiarse 100% con el ingreso proveniente de su matrícula y de la venta de sus servicios. Ya es hora de someter a las universidades públicas al control de calidad permanente que solo provee la libre competencia.
Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los salarios que paga una institución pública son producto de la explotación al consumidor o de su productividad. Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los planes de estudio de las universidades públicas responden a las necesidades de desarrollo del país o sin son parte de una agenda de adoctrinamiento marxista.
En realidad, no hay nada en la literatura de la Economía que justifique la existencia de empresas públicas, y eso incluye a las universidades. Como bien dice el Banco Mundial en su informe El Estado como empresario: “… el Estado es menos eficaz que el sector privado.” Dichas ineficacias, “… perjudican el crecimiento económico y hacen más difícil que la genta supere la pobreza.”
En este sentido, lo ideal sería privatizar a todas las universidades públicas con el siguiente criterio. Emitamos acciones de cada una de las universidades públicas y traslademos de manera gratuita el 49% de las acciones a manos de cada costarricense mayor de edad. El restante 51% se sometería a subasta pública por medio de licitación. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abriría totalmente el mercado pertinente a la libre competencia.
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Decía F. Hayek, galardonado con el premio Nobel en Economía, que libre competencia es donde hay libre entrada a la industria pertinente. Pues bien, en este sentido, es necesario quitarle la potestad a Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) de autorizar la apertura de universidades y de carreras. Lo ideal sería cerrar Conesup y que sea el consumidor, sometido a libre competencia, quien determine la sobrevivencia de las universidades y no un burócrata. A lo sumo, Conesup debería limitarse a calificar a las universidades privadas, pero no a limitar la oferta de estas.
Precisamente por ser la educación algo tan importante es que esta debe estar libre de las manos del burócrata. Por ser tan importante la educación es que esta debe estar sometida a la más dura, irrestricta y libre competencia para garantizar la mejor calidad al más bajo precio posible con la mayor oferta posible.
