El 18 de septiembre Moody’s hizo una recalificación de la deuda del gobierno de Costa Rica. La deuda pasó de una calificación B1 a una Ba3. Según el portal de Moody’s: “Se considera que las obligaciones calificadas como Ba tienen elementos especulativos y están sujetas a un riesgo crediticio sustancial”. Es decir, la deuda soberana de Costa Rica aún está lejos de calificar como grado de inversión.
Según el informe de Moody’s, la recalificación se debió en parte a la mejora en la relación deuda/PIB, al superávit primario, a un crecimiento económico mayor al esperado y por las expectativas futuras por el nearshoring.
Sin embargo, debemos ser cautelosos ante la mejora en la relación deuda/PIB porque esta se debió al maquillaje financiero. El porcentaje cayó, no porque haya disminuido la deuda, sino porque la deuda en moneda extranjera se valora en colones y, dado la caída del tipo de cambio, el valor de la deuda en colones cayó abruptamente, a pesar de que el saldo de la deuda en moneda extranjera subió de manera alarmante.
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Llama la atención que el informe de Moody’s no toma en cuenta los últimos informes del ministerio de Hacienda que revelan una caída sustancial en los ingresos tributarios y un deterioro proyectado de las métricas fiscales.
Por otra parte, una calificadora de riesgo solo mide la capacidad de pago de la deuda soberana. La calificadora de riesgo no mide si la situación fiscal está contribuyendo al desarrollo económico y social. Es decir, a las calificadoras de riesgo les es indiferente si, por ejemplo, el superávit primario se logra como consecuencia de una reducción significativa del gasto social, como en educación, gasto en seguridad, construcción de hospitales o desarrollo de infraestructura. Las calificadoras de riesgo solo miden la capacidad del gobierno para honrar la deuda externa, aunque sea a costa del deterioro de indicadores sociales.
Para el costarricense “de a pie” la mejora en la calificación no significa ningún beneficio. Esta mejora en la calificación no reduce el desempleo, ni reduce las listas de espera de la CCSS, ni acelera el crecimiento económico, ni reduce la pobreza, ni reduce la tasa de homicidios, ni incentiva la inversión, ni mejora la educación, ni mejora el estado de nuestras calles, ni promueve la innovación, ni baja la informalidad, ni nada.
El único beneficio de una mejora en la calificación es que le permitiría al gobierno colocar más deuda a una ligera menor tasa de interés. Sin embargo, la tasa siempre sería relativamente alta porque comprar títulos valores con una calificación Ba3 sigue siendo riesgosa. Es decir, la mejora en la calificación solo beneficiaría a un gobierno insaciable con el gasto público y con aspiraciones a seguir la ruta del endeudamiento público.
