A pesar de las críticas hechas por varios sectores de la sociedad a la propuesta de reglamentación de la ley 9831, el Banco Central sigue proponiendo comisiones bancarias por adquirencia e intercambio que están totalmente fuera de la mejor marca referente solicitada por los legisladores. Extraña actitud del ente emisor, en lo que significa un atropello a los intereses de los consumidores financieros que deberán seguir pagando comisiones de adquirencia (las pagadas por los comercios a los bancos) e intercambio (las pagadas por el comercio por medio de los bancos al ente emisor de la tarjeta) sumamente altas hasta el año 2024. Estas comisiones bancarias son excesivamente altas y ponen en peligro la recuperación económica del país, afectando a las Pequeñas y Medianas Empresas y el empleo y, sobre todo, a cientos de miles de consumidores que realizan todos los días sus compras mediante tarjetas de crédito o débito en el país.
Es lamentable que pudiendo corregir la senda oligopólica y de excesivo abuso de poder de mercado que ha caracterizado a los grupos financieros que están detrás de este negocio de las comisiones bancarias, el Banco Central le dé la espalda nuevamente a los consumidores y mantenga, sin fundamento técnico, los costos de transacción elevadísimos, muy lejanos a lo solicitado por la ley y totalmente fuera del sentido común, sobre todo en momentos en que se requiere reactivar la economía y fortalecer las bases de la competitividad comercial de las pequeñas y medianas empresas.
Los plazos de ajuste propuestos al 2024 son excesivamente largos y las tasas propuestas por el Banco Central superan hasta 10 veces la mejor marca internacional, dejando claramente inalterados las ganancias oligopólicas de unos cuantos entes financieros ligados al lucrativo negocio de las tarjetas de crédito y débito. Es lamentable que, sin argumentos técnicos sustantivos, los tomadores de decisión del Central siguen manteniendo la tasa de adquirencia muy por encima de la meta solicitada de 1.00 por ciento, ya de por sí sumamente alta en comparación con la norma de la OCDE y de la mejor marca, dentro de la Comunidad Europea.
Estas comisiones bancarias son excesivamente altas y ponen en peligro la recuperación económica del país.
Lamentable también es el mensaje de que está primero para el Banco Central el sostener la rentabilidad de un pequeño oligopolio financiero, a costa de los dineros de los consumidores al pagar con las tarjetas de crédito y débito. La evidencia internacional demuestra que los ahorros en los costos de procesamiento de estos medios de pago por menores comisiones de adquirencia e intercambio, se trasladan a los consumidores en la forma de precios más bajos (mejorando el poder adquisitivo) y otros beneficios tangibles al momento de compra, generando un mayor bienestar para la población en general.
Seguiremos pagando todos, los abuelitos con su pensión, los estudiantes con su beca y los trabajadores y consumidores en general, al pasar las tarjetas de débito y crédito por un datáfono, sumas absurdamente altas e injustificables, por el interés del Banco Central de favorecer a un pequeño grupo de emisores bancarios ligados a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Es claro que seguimos apuntalando la desigualdad económica. Un reciente informe del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica resalta la alta concentración del ingreso y la desastrosa desigualdad que tiene el país, dónde el 10 por ciento más rico concentra el 50 por ciento de los ingresos. Esta decisión del Banco Central de sostener ganancias de unos cuantos grupos financieros en contra de la población no ayuda en corregir la lamentable estadística de concentración del ingreso que muestra el país.
De no atenderse a la brevedad este tema, tendremos una creciente exclusión de las Pequeñas y Medianas Empresas para las cuales, las comisiones tan altas son ruinosas, lo que motiva la informalidad y retrasa la competitividad de este sector tan importante para la recuperación económica y del empleo en el país. Adicionalmente, el mantener comisiones oligopólicas altas a los bancos, desmotiva la competencia y privilegia la concentración de los ingresos, elevando la desigualdad económica y social del país y postergando el alcanzar niveles de competitividad en el sector financiero, acorde con nuestro compromiso con la OCDE.
