EscucharA falta de un año y cinco meses para las elecciones presidenciales de 2026, el apoyo a la administración del presidente Rodrigo Chaves parece estancarse en “niveles intermedios”, pero “altos en comparación con el pasado”. Esta fue la conclusión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, con base en los resultados de su último Estudio de Opinión Política, publicado este miércoles.
Un 52% de la población califica de forma positiva la gestión del gobierno y un 54% valora de igual manera al presidente Chaves: números que se han mantenido en niveles similares desde hace un año, en las cuatro mediciones similares que ha publicado el centro académico durante los 12 meses.
A pesar de que estos números representan a solo una mitad de la población, son superiores que los de las tres administraciones inmediatamente anteriores. Para el mismo punto de sus gestiones, las opiniones positivas sobre los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado apenas ascendían a un 18,6%, un 21% y un 30%, respectivamente.
El apoyo a la gestión de Chaves se ha solidificado y no presenta grandes fisuras, según se desprende de los datos. Así ocurre, a pesar de que dos terceras partes de la población consideran que el estado de cuestiones como la seguridad y la educación es igual o peor que hace 12 meses, al igual que pasó en septiembre del año pasado.
El respaldo también ha logrado mantenerse sano a pesar de que el presidente no representa a un partido político en particular, de que cuenta con poco respaldo en el Congreso y de que todavía ni siquiera se conoce con cuál bandera política buscará su continuidad en 2026 —a pesar de las reiteradas alusiones del mandatario a los comicios de 2026 durante actos oficiales y entrevistas.
Sin partidos
El más reciente estudio de opinión del CIEP también confirmó la tendencia de la población costarricense a despojarse de sus afinidades partidarias. Este es otro factor de peso a tomar en cuenta, a falta de año y cinco meses para un nuevo proceso electoral.
Solo un 17% de las personas consultadas por el centro académico dijo tener simpatía por alguna agrupación política y, de entre ese porcentaje, la que obtuvo una mayor cantidad de menciones fue el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Este es el partido que le permitió al presidente Rodrigo Chaves llegar a Zapote; sin embargo, el oficialismo y el partido político finalmente se distanciaron, luego de riñas internas relacionadas con el financiamiento de la campaña en 2022, con la gestión del proceso municipal de 2024 y por decisiones políticas de la diputada Luz Mary Alpízar en el Congreso.
La diputada Pilar Cisneros, una de las principales consejeras del presidente Chaves, incluso se llegó a referir al PPSD como un mero “taxi” que se usó para participar en la campaña política de 2022. Así lo hizo durante el lanzamiento del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), en 2023; el cual inicialmente se planteó como un nuevo “vehículo propio” para el chavismo; pero finalmente fue abandonado como proyecto por parte del grupo afín al Ejecutivo.
A pesar de que los partidos políticos siguen en crisis, de que son mal evaluados por la población —los costarricenses le asignan una nota de 3,8 sobre 10, según el CIEP— y de que cada vez menos ticos se suscriben a ellos, el politólogo Ronald Alfaro recordó en una reciente entrevista con EF que son estructuras con un alta relevancia a nivel práctica por cuestiones de organización, exposición pública y financiamiento.
“Si es un partido nuevo o que no ha tenido acceso a la deuda política anterior, usted tiene que salir con el sombrero a pedir dinero”, explicó el coordinador del estudio del CIEP. “Diferente es si se trata de un partido consolidado, que ha competido, que tiene su estructura y su logística... nos es tan fácil, uno podría decir que Rodrigo Chaves lo logró a su manera, pero muchas veces lo que ya pasó en política no se tiene que repetir, no de la misma forma”, añadió.
Sin embargo, si bien el apoyo de la población es afectado por esas variables que brindan en mayor o menor medida los partidos, son solo una plataforma de partida y las agrupaciones políticas deberán construir candidaturas de cero o casi de cero.
Dentro del pequeño 17% de la población que dice tener alguna afinidad partidaria, solo un 29% dijo apoyar al Partido Liberación Nacional (PLN), un 18% al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y un 6% al Partido Liberal Progresista (PLP), a pesar de que todos tienen representación política en el Congreso. Estos son números bajos e insuficientes, que solo podrán crecer si su propuesta política es lo suficientemente atractiva para la población, en un contexto donde las candidaturas seleccionadas son cada vez más decisivas por su carisma o falta de este.
Otras agrupaciones como el Frente Amplio (FA), el Partido Acción Ciudadana (PAC) o el Partido Nueva República (PNR) ni siquiera superaron el 3% de las menciones.
Por el momento, los principales partidos políticos más grandes y tradicionales del país se mantienen a la expectativa y todavía no confirman candidatos o precandidatos; aunque fuera de ellos, un exministro de gobierno ya se proyecta, todavía sin partido. Tal es el caso del exjerarca de Obras Públicas, Luis Amador, quien fue separado del cargo por el presidente Chaves en marzo pasado por supuestas irregularidades en un proceso de contratación, a pesar de que se trataba de su miembro de gabinete mejor evaluado por la población hasta ese momento, según los estudios del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional.
Por parte del oficialismo también se mantiene la incógnita de quién sería la persona que asuma la candidatura, al igual que el partido que se usaría para impulsarla. En corrillos políticos se ha mencionado el nombre de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández; sin embargo, ella asegura que se mantendrá en el cargo hasta que hasta el final del cuatrienio o el presidente decida lo contrario.
Controles presidenciales
Además de analizar el respaldo a Chaves, al gobierno y a los partidos políticos, el CIEP consultó a la población si está dispuesta a que se eliminen o se reduzcan los controles actuales que se aplican sobre las acciones y decisiones del presidente de la República.
Esta pregunta, justificó el Centro, buscaba medir el respaldo o el rechazo de la población a esta cuestión, que calificó como el “tema de fondo” de la ley jaguar: el nombre con el cual el Ejecutivo bautizó a la propuesta de ley que pretende someter a referéndum, con el fin para restringir el marco de acción de la Contraloría General de la República en la supervisión de algunos procedimientos, entre otras reformas.
Ante esa consulta, el CIEP logró determinar que, “aun en condiciones de un alto respaldo al presidente”, la posibilidad de modificar o eliminar controles a quien ostente la Presidencia de la República “no es respaldada por la mayoría de la población”.
Al respecto, un 48,8% de la población se dijo abiertamente en desacuerdo; mientras que un 12,7% manifestó tener una posición neutra y solo un 38,3% dijo estar de acuerdo.
“Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad a apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, observó el CIEP en su informe de resultados.
Para realizar su estudio de opinión, el CIEP aplicó encuestas a 1.012 personas mayores de 18 años en el país, entre el 2 y el 6 de septiembre pasados. El margen de error de los resultados es de 3 puntos porcentuales y el margen de confianza se estimó en un 95%.
