Un acuerdo entre el Gobierno y Viales revivió el Impuesto del Valor Agregado (IVA) para gravar los productos de la canasta básica, eso sí, esta vez con una tarifa del 1% y no como se planteó al inicio de la discusión con una tasa del 2%.

El Ejecutivo tuvo que renunciar a los ¢65.000 millones que pretendía recaudar con el 2% del IVA para la canasta básica y aceptó unos ¢33.000 millones que se obtendrían con la tarifa del 1%. Piza aseguró que si bien no era el monto que querían, se logrará ampliar la base contributiva y se garantiza la trazabilidad del dinero para reducir las posibilidades de evasión fiscal.

Viales, encargado de dar la noticia a los medios de comunicación, enfatizó que su voto para apoyar el IVA del 1% para la canasta básica está sujeto a que el Gobierno planteó un mecanismo de compensaciones para los grupos que reciben menos ingresos en el país.

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Piza precisó que el sistema de compensanciones se dará en el régimen de pensiones no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que está dirigido a las personas de más bajos ingresos. “Hay 10.000 personas en lista de espera para ingresar al este régimen de pensiones, entonces se podría ampliar la cantidad de beneficiarios”.

El Ministro de la Presidencia aclaró que se trata de un mecanismo de compensaciones y no de un sistema de devoluciones como el que se planteó por Viales en los últimos días. En cuanto a la posibilidad de hacer transferencias directas a cuentas bancarias de las personas de más bajos ingresos, Piza aclaró que para eso ya existen programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y que al tener más recursos recaudados por la vía de impuestos, el dinero llegará a las manos de quienes lo necesitan.

Mientras todo esto ocurría, Carlos Avendaño, diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) y cabecilla del grupo que quiere dejar en 0% el IVA para la canasta básica en tácita oposición ante la voluntad del Gobierno, aseguró que desconocía el acuerdo entre Viales y el Ejecutivo.

“Espero que todos los diputados que votaron días atrás por mantener en 0% el impuesto para la canasta básica, mantengan su posición", argulló Avendaño.

El desorden de la moción 700

La Comisión de Reforma Fiscal arrancó y con ella una dinámica casi de maquila para aprobar o desechar mociones al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hasta llegar a la controvertida moción 700.

Esta moción reactiva todo el capítulo del IVA que se había discutido previamente en el Congreso e impone una tarifa del 13% para todos los bienes y servicios del país, incluidos los de la canasta básica.

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Para completar el pacto entre Viales y el Gobierno, el legislador también debe votar a favor de la moción 799 que crea tasas diferenciadas para algunos bienes y servicios, y crea justamente una tarifa del 1% del IVA para la canasta básica.

Welmer Ramos, presidente del foro legislativo sometió a votación la moción 700 y Gustavo Viales, apenas hace unos días disidente de la línea de su partido verdiblanco, apoyó la iniciativa y levantó su mano para revivir el tributo, ¢33.000 millones en ingresos para el Gobierno y la trazabilidad del dinero.

Avendaño observaba la situación -y a Viales- y pidió, de inmediato, la palabra por el orden para exigirle a Ramos que aclarara el panorama jurídico tras la aprobación de la moción.

La duda de Avendaño pareció válida al foro legislativo: ¿La moción 700 revive el IVA del 2% que estaba en discusión antes del pasado 23 de agosto?, ¿se trata de una nueva moción para poner la tarifa del 1% del IVA a la canasta básica?, ¿la iniciativa recién aprobada en la comisión reescribe el IVA?

Ramos tuvo que sortear las preguntas apabullantes de Avendaño y de José María Villalta, del Frente Amplio, visiblemente molesto con el nuevo orden de las cosas.

Villalta pidió al presidente de la comisión que solicite un criterio del Departamento de Servicios Técnicos para evitar vicios de nulidad en el procedimiento de la reforma fiscal en esta fase legislativa.

La última reforma tributaria fracasó luego de que los magistrados de la Sala Constitucional le dieran el tiro de gracia, en abril del 2012, por encontrar vicios de nulidad en el procedimiento legislativo. Los jueces magistrados destacaron que el contenido del proyecto de ley era constitucional, pero anularon la iniciativa -aprobada en primer debate- por los vicios en el trámite.