Agua contaminada: ¿quién respalda a los consumidores?, ¿ante cuáles entidades pueden presentarse demandas por los daños?

A pesar de estos reportes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó hasta el jueves 25 la contaminación del agua con hidrocarburos y de esa manera la orden de no consumir agua del tubo en esas comunidades.

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“Yo ando con diarrea y tengo dos gatitos hospitalizados con vómito y diarrea porque habíamos tomado agua antes. Presumo que fue el agua (lo que causó la diarrea) porque ambos gatos consumen alimentos distintos y lo único que comparten es el agua”, contó Eyleen Vargas, vecina de San Juan, Tibás.

Hasta el momento la factura de Vargas por concepto de salud de sus gatos ronda los ¢180.000 y seguirá creciendo conforme pasen los días.

El caso de Vargas no es un hecho aislado. El Ministerio de Salud informó el viernes 25 de enero que se atiende a un paciente en la clínica Clorito Picado y cinco pacientes en el Área de Salud de Moravia, con vómito y diarrea que podría estar ligado al consumo de agua contaminada.

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Pero, ¿sobre qué entidad recae la responsabilidad de las consecuencias que provoca en los consumidores la contaminación del agua? Alonso López, experto en derecho público de la firma Ecija Legal, aseguró que el AyA es el ente que debe hacerse responsable de la situación porque la Ley Orgánica del AyA (2.726), en su artículo 1 menciona que es “quien dirige, fija políticas, establece y aplica normas, realiza y promueve el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resuelve todo lo relacionado con el suministro de agua potable”.

EF conversó con López y Ana Cristina Mora, directora derecho del consumidor de Ecija Legal, sobre los derechos de los consumidores y la responsabilidad de las instituciones en la contaminación del agua por hidrocarburos.

¿Existen responsables?

El Ministerio de Salud gestionó el análisis del agua el miércoles 24 luego de que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) manifestó un día antes que no había sospecha de fuga de combustible del poliducto.

“La responsabilidad en la Administración Pública no es tan sencilla de decir, hay que tener ciertos elementos para valorarlos como tiempo, lugar y personas. Un factor importante es que yo no estuve en ese momento entonces no puedo decirle a ciencia cierta quién podría ser o no (responsable), o si más bien se actuó a lo que se debía actuar”, puntualizó Mary Munive, ministra de Salud.

Si bien aún no se sabe con exactitud cómo llegó el contaminante hasta el agua de consumo humano y qué molécula del hidrocarburo es la que está presente, el experto en derecho público Alonso López indicó que la responsabilidad recae en el AyA.

“Es importante también hacer alusión de que al AyA le corresponde, según el artículo 2.a. de su Ley Orgánica ‘dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas’”, manifestó López.

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El abogado agregó que si el servicio de prestación de agua potable lo hace una municipalidad o las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada), son estos entes los que deben hacerse responsables en caso de afectación en las aguas.

Demandas

“En el caso de las personas que aleguen que les ha sido producido un daño directamente, es necesario atender a los supuestos de la Ley General de la Administración Pública (6.227), que regula la responsabilidad administrativa extracontractual. En este caso sería por funcionamiento anormal de la administración, entiéndase por ello, el suministro de agua potable, y en el cual la responsabilidad es plenaria. Quien la alegue, deberá demostrar la existencia de un nexo causal entre la conducta (u omisión) administrativa, y el daño intenso que alega le fue producido”, aseguró López.

Esa acusasión se realiza ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del II Circuito Judicial de San José.

Por otra parte, si la acusación se enfoca en la producción de un daño al derecho fundamental al medio ambiente, sano y ecológicamente equilibrado, o bien al derecho fundamental de la vida, el mecanismo indicado es el recurso de amparo. Dicha denuncia se presenta ante Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“También existe la posibilidad de plantear una denuncia administrativa ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por falta del servicio, pues esta institución vela por el adecuado modo en que los servicios públicos se prestan a los administrados en Costa Rica”, señaló López.

Suplir de camiones cisternas a las comunidades afectadas no exime a las autoridades de asumir la responsabilidad legal por la contaminación.

Cobro de la factura

“El área comercial nuestra tiene que tener en consideración la afectación y pensar de qué forma se puede compensar a la población por todo este tipo de malestar e incomodidad que estamos causando. Somos conscientes; incluso el plan de corte de servicios por morosidad tiene a Guadalupe contemplado para el próximo lunes, sin embargo, decidimos suspender eso para no causar incomodidades adicionales”, consideró Alejandro Calderón Acuña, subgerente operativo en Gran Área Metropolitana del AyA.

De acuerdo con Calderón, normalmente en estos casos no se hacen cobros o se realizan consideraciones especiales.

Una de las recomendaciones de las autoridades es que los usuarios no deben dejar la llave del agua abierta con el fin de salga el agua contaminada y luego la usable. El AyA mantiene procesos de lavado y monitoreo del acueducto en las zonas de Moravia, Tibás y Guadalupe.

“Es recomendable también que en el plazo durante el cual la afectación se mantenga y el consumo se encuentre limitado, los usuarios presten atención a los cobros por agua, ya que durante este tiempo la facturación debería bajar. De esta manera, si se detectan cargos injustificados, se puede proceder a interponer un reclamo ante el AyA para ajustar la factura”, comentó Ana Cristina Mora, directora derecho del consumidor de la firma Ecija Legal.