Desde lejos, el paisaje de verdes colinas que envuelven a Cipreses, un distrito de poco más de 4.000 habitantes del cantón de Oreamuno, en Cartago, da pocos indicios del problema que encierra. Aquí vive Isabel Méndez, una vecina que se ha convertido –sin planearlo ni esperarlo– en una de las voces más fuertes de Ecocipreses, un movimiento comunal que lucha por el acceso al agua potable en la zona. Allí, el líquido ha sido objeto de estudios que han determinado que está contaminado con agroquímicos.
Los problemas de agua no son nuevos en Cipreses. En 2010 empezaron a sufrir cortes en el suministro, una situación que se volvió más persistente desde 2019. Lo que empezó como una preocupación por la estabilidad del fluido evolucionó a cuestionamientos sobre la calidad del agua que reciben en sus casas, tras ver que las nacientes están cerca de campos cultivados.
Luego de idas y venidas ante la Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados (Asada) local y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), un primer estudio del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret) de la Universidad Nacional encontró en el agua clorotalonil, un pesticida utilizado para proteger los cultivos de hongos y otras enfermedades fabricado por la empresa alemana Syngenta.
Desde 2020, el clorotalonil está prohibido en jurisdicciones como la Unión Europea, que lo considera cancerígeno. En abril de este año Alemania emitió una alerta sanitaria tras recibir un cargamento de melones costarricenses que superaba en siete veces el límite establecido de clorotalonil.
Pero en el agua de Cipreses había algo más. “Encontramos cosas un poquito raras que no habíamos observado en otros momentos en agua potable”, contó Clemens Ruepert, director del laboratorio del Iret. Estas “cosas raras” eran metabolitos de fungicidas, elementos que usualmente no se incluyen en este tipo de análisis, algo que hace único a este estudio del Iret en Cipreses.
Los metabolitos son elementos más simples que resultan de la degradación de las moléculas del plaguicida. En algunos casos, los metabolitos pueden llegar a ser más tóxicos que la sustancia original.
Ruepert evitó calificar la gravedad del agua en Cipreses, pero aseguró que la concentración de metabolitos en varias nacientes supera el límite legal definido por Costa Rica, que es de 0,1 microgramos por litro. Otras ya sufrían contaminación por materia fecal.
Este escenario de contaminación, por distintas causas, se repite en varias zonas del país y provoca que miles de costarricenses queden por fuera del acceso a agua potable en sus casas, a pesar de que Costa Rica lo elevó a derecho constitucional en 2020.
Un derecho constitucional en deuda
Costa Rica se jacta de ser, junto a Chile, uno de los dos únicos países de América Latina donde tomar agua del tubo es seguro para locales y turistas, un hallazgo que se desprende de un reporte internacional de 2019 con participación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).
Las cifras costarricenses se aproximan a las de países desarrollados y el modelo nacional llegó a ser ejemplo en la región. El país tiene ventajas, como la riqueza y disponibilidad hídrica, la tasa de extracción hídrica per cápita más alta de Centroamérica, la ubicación geográfica y el clima que permiten el uso de fuentes superficiales y subterráneas.
A pesar de esto, tomar ocho vasos al día de agua salida del tubo en casa es imposible para una proporción de costarricenses.
Según el último dato disponible de 2022, un 89,5% de la población en Costa Rica tiene agua corriente y potable, lo que se traduce en un 10,5% que está fuera de esta estadística. Esta última cifra tuvo un incremento con respecto al 2021, cuando estuvo en torno al 4%. Es decir, más gente dejó de recibir el líquido potable en casa de un año a otro.
“Es un resultado atípico porque desde la década de los 90 Costa Rica viene registrando aumentos en términos de cobertura”, señaló Karen Chacón, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN).
Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, achacó la reducción del 2022 a dos factores: los cambios constantes en jefaturas que permean en la parte operativa y el descuido en la protección de fuentes de agua.
“El agua es un elemento dinámico. Lo que hoy es potable mañana podría ser que no. Y lo que hoy es no potable podría ser que mañana sí, si la operación es la adecuada”, aseveró.
Un indicador que habla de la disparidad en Costa Rica son las diferencias entre regiones. Según el PEN, la brecha entre las viviendas con acceso a agua potable en la zona urbana y rural fue de 1,7 veces en 2005, pero 14 años después esta relación aumentó a 3. Las regiones Huetar Caribe, Central, Brunca y Huetar Norte muestran el mayor rezago.
Por otro lado, la contaminación por sustancias químicas como la de Cipreses no es un factor aislado. Mora reconoció que los plaguicidas están siendo un problema más frecuente que pone en peligro la ingesta del agua.
Desde 2002 se han registrado casos puntuales en zonas como Siquirres, San Carlos y Cartago: 13 episodios contabiliza el PEN entre ese año y 2019. A estos hay que sumarle otras situaciones como la presencia de arsénico en agua de Guanacaste y la Zona Norte, conocida desde 2014. Por otra parte, el reciente brote de diarrea en Alajuelita por consumo de agua parece deberse a otra causa.
Ruepert, del Iret, admitió que existen captaciones de agua vulnerables en el país. Esta entidad fue la primera que descubrió el bromacil en plantaciones de piña hace unos 20 años.
“Si son captaciones vulnerables en zonas donde se aplican muchos plaguicidas es probable encontrar este tipo de residuos en las aguas”, comentó.
No obstante, el director del Laboratorio Nacional aseguró que la causa número uno de contaminación de agua potable en Costa Rica es la materia fecal. A pesar de esto, los datos muestran que viene en disminución la cantidad de acueductos contaminados por ese motivo: en 2007 fue el 45% de todos los evaluados y en 2019 cayó por debajo del 20%.
La Gran Área Metropolitana (GAM) es más vulnerable a este tipo de contaminación y provoca que haya algunas captaciones de agua críticas que podrían estar contaminadas con residuos de tanques sépticos.
En este momento hay personas que pueden estar tomando agua contaminada sin saberlo, pues para comprobarlo deberían estudiarse todas las nacientes.
Beber agua no potable tiene riesgos para la salud, pero su gravedad es distinta según el origen de la contaminación.
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En el caso del agua con agroquímicos, la cantidad no parece ser tan alta como para causar intoxicación aguda. Aquí los efectos se esperan a más largo plazo, en un periodo de cinco a 15 años.
“Los plaguicidas están hechos para matar. Ese es el diseño de esas moléculas, para matar plagas, gusanos, hongos… Aunque nos veamos diferentes externamente, a nivel molecular nuestras células no son tan diferentes a las de una planta o un gusano. Cuando entran en contacto con nosotros van a ejercer esas mismas acciones”, explicó Luz Chacón, investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica.
La exposición prolongada a plaguicidas puede desencadenar cáncer y desórdenes hormonales. Estos resultados científicos coinciden con las observaciones en Cipreses. Isabel Méndez, vecina de la localidad, enumeró varias muertes por cáncer en el barrio y ella misma sufre de úlceras gástricas. No obstante, es difícil corroborar la relación por la falta de estudios de asociación y además porque influyen otros factores como genética o predisposiciones.
“Es más probable que se desarrolle cáncer si se expone a plaguicidas”.
— Luz Chacón, investigadora del Inisa.
En el caso del agua con materia fecal, las manifestaciones en la salud suelen ser más inmediatas y agudas. Por ejemplo, diarrea o hepatitis. Si se trata de un fluido constante contaminado, las infecciones pueden volverse crónicas.
La contaminación no es la única razón que impide el acceso a agua potable. Aún existe entre un 2% y 3% de la población que carece de acueducto y cuya única fuente del líquido es un río o un pozo.
Muchas instituciones, pocas respuestas
En Costa Rica existe un entramado institucional que tiene diferente nivel de injerencia en el tema del agua. Esta realidad se replica también a escala local en Cipreses.
Isabel Méndez reclamó que la Asada de esa localidad ha mantenido silencio y, en un principio, refutó los estudios del Iret. Además de la contaminación, la comunidad sufre varios cortes de agua al día que, aun contaminada, usan para lavar, bañarse y otras tareas.
Sonia Aguilar, administradora de la Asada, afirmó que la información se ha dado a través de redes sociales, brochures y la Iglesia. No obstante, en una revisión del perfil de Facebook de la Asada, no se encontró ninguna publicación donde se advirtiera directamente sobre el agua contaminada desde octubre del 2022, mes en que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para prohibir el uso de las nacientes infectadas.
Por el contrario, en publicaciones de febrero y marzo de este año, la Asada habla de “sospechas de contaminación” y que “no ha sido comprobado con certeza”, a pesar de los análisis del Iret existentes para ese momento. Aguilar reconoció que han acudido a otros laboratorios acreditados para la revisión de muestras del agua, sin embargo solo el Iret ha determinado los metabolitos.
Lo que sí aparece en el Facebook de la Asada son llamados a consumir agua del camión cisterna y publicaciones en las que cuentan sobre el estrés hídrico de algunas nacientes, causa de los cortes de agua.
La representante recargó responsabilidad en otras entidades, pues dijo que las Asadas deben dar la cara a la comunidad pero están poco respaldadas. Por ejemplo, reclamó que existe poca comunicación con el AyA.
También señaló la falta de preparación de los gobiernos locales. A pesar de que Cipreses se ubica en Oreamuno, la Asada abastece a otras comunidades de los cantones de Alvarado y Paraíso, que suman 1.410 abonados.
“La Asada no tiene los mecanismos necesarios para llegarle a la población con un tema de tanta magnitud como la contaminación por plaguicidas. Es algo nuevo para la zona y la Asada”, aseveró Aguilar.
El agua que recibe Cipreses en cisterna desde hace un año viene de un hidrante de la Asada de Santa Rosa, un distrito vecino que también tiene nacientes contaminadas, aunque el acuerdo inicial era que vendría de una planta potabilizadora. Sin embargo, la Asada no tiene claridad en este momento de si el agua de cisterna está libre de metabolitos del clorotalonil.
La Asociación presentó semanas atrás una serie de peticiones al presidente Rodrigo Chaves, entre las que está una conexión con un pozo que sí cumple con la calidad del agua y que podría abastecer a 225 viviendas.
“Seguimos con la misma incerteza. La comunidad dice que no hay información pero es que no tenemos información”.
— Sonia Aguilar, administradora de la Asada de Cipreses.
Aguilar, quien es vecina de Cot y dice que sigue tomando el agua de su casa, pide responsabilidad a las autoridades nacionales para tener “tranquilidad psíquica” del agua que tienen.
La Ley Forestal 7.575, de 1997, establece un área de protección de nacientes de 200 metros a la redonda, en que se impide cortar árboles, botar contaminantes o construir. Pero en Cipreses, a pesar de la delimitación, no se está respetando por parte de los agricultores, admitió Aguilar.
Este medio consultó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por qué permite la aplicación de agroquímicos considerados cancerígenos como el clorotalonil, pero la entidad no dio respuesta. El ministro de Agricultura, Víctor Julio Carvajal, explicó en setiembre a los diputados de la Comisión de Hacendarios que se modificará un reglamento para prohibir agroquímicos que no tengan permiso de uso en Estados Unidos o Europa.
El Laboratorio de Aguas, por su parte, está sobrepasado. Su infraestructura es limitada y desde hace más de una década espera la construcción de un nuevo edificio. El Laboratorio cuenta con análisis certificados para identificar solo 24 de las más de 200 sustancias que se comercian de manera intensiva en el país.
“Investigaciones previas han llegado a la conclusión de que la falta de acceso al agua potable generalmente no es causada por un desabasto absoluto, sino más bien por ‘un problema de malas políticas gubernamentales’”, acotó el PEN en su estudio El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica, del 2022.
Este estudio da cuenta de que la conflictividad por el agua está en aumento. Dos casos recientes fueron la disputa entre Atenas y Tacares hace unos 10 años, pues los vecinos de este último lugar estaban en contra de facilitar agua para el cantón vecino, y los cortes de agua que llevaron a habitantes de Hatillo a manifestarse en 2020.
El director del Laboratorio Nacional coloca la primera responsabilidad en las municipalidades, pues los planes reguladores deberían incluir la protección y vigilancia a fuentes de agua. El problema es que pocos cantones han creado su propio plan.
La expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, coincide en este punto. Considera que Costa Rica tomó previsiones anticipadas en comparación con la región pero que las leyes no se están respetando.
Después de los gobiernos locales, Astorga apunta al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en la vigilancia de las áreas de protección y al Ministerio de Salud, quien compete velar por la calidad del agua de consumo humano.
“El AyA no puede velar por el territorio, no es su competencia. Ni tampoco lo es de salud. Es una tarea directa de las municipalidades. Es muy fácil atribuirle todo a una institución que está al final del tubo”, manifestó la exjerarca.
Astorga, quien dirigió la institución entre 2014 y 2020, criticó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le ha hecho daño al AyA y la “está llevando a pique” por las reducciones en las tarifas y que no toma en cuenta que el precio en otros países latinos es subsidiado.
Sin solución definitiva
Cuando se detecta contaminación en un acueducto hay más soluciones aparte del cisterna, como conectar con fuentes de agua limpia o que otras Asadas la compartan. El agua contaminada se puede tratar, pero en algunos casos puede tardar años para que las concentraciones del químico disminuyan. En Cipreses, el Iret necesita hacer más investigación para determinar si es tratable o es irrecuperable.
Ante la contaminación, parte de las soluciones prontas pueden ser hacer cumplir las restricciones alrededor de las nacientes o descultivar. Mientras tanto, en junio la Sala Constitucional dio seis meses plazo para ejecutar la prohibición del clorotalonil. Ni el Ministerio de Salud ni el MAG respondieron las consultas sobre las acciones para cumplir con esta orden.
En el mundo existe una discusión aún sin resultados claros de qué se puede aceptar en el agua de consumo humano, algo que debe plasmarse en las legislaciones, comentó Ruepert.
La actualización de la legislación es justamente un punto pendiente para Costa Rica. La Ley General de Aguas (276) vigente proviene de 1942 y establece multas desfasadas de ¢2.000 o menos. Además, el balance hídrico nacional, a cargo del Minae, no se actualiza desde 2008.
Por otra parte, en la Asamblea Legislativa está en trámite el proyecto de ley 23.783, presentado en junio, que propone prohibir 16 plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el clorotalonil. También contiene incentivos para facilitar al sector productivo la transición hacia formas más sostenibles de producción
Pero más allá de las leyes, el país tiene otros frentes de trabajo. La investigadora del PEN pide optimizar el sistema para reducir el desperdicio de agua por fugas, que llega al 57% en el AyA, recoger información para la toma de decisiones y aumentar la inversión.
Una de estas inversiones es la de Orosi II, una ampliación del proyecto Orosi I, construido en 1987 y que abastece a buena parte de la población de San José y Cartago. Sin embargo, el crédito de $399 millones para construirlo se perdió porque el AyA no lo formalizó dentro del plazo de dos años estipulado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que vencía en noviembre del 2022.
Astorga acepta que la tarea de acueductos y alcantarillados es compleja, pero sostiene que el AyA posee a los mayores expertos en este tema. Aún así, recomendó a la institución mejorar procesos y subcontratar.
“Orosi II es de emergencia para todo Cartago”.
— Yamileth Astorga, expresidenta ejecutiva del AyA.
El modelo de Asadas también ha estado bajo la lupa. La exjerarca contó que bajo su presidencia se crearon indicadores para evaluarlas, que hoy deben actualizarse cada seis meses y se intentó fusionar Asadas pequeñas, pero encontró resistencia porque con frecuencia las comunidades desconfían de que la Asada de otro pueblo las administre.
“Hay Asadas que tienen 50 abonados y eso nunca les va a dar ingresos ni siquiera para mantener lo que tienen. No son sostenibles”, comentó. Actualmente en el país existen unas 1.400 Asadas.
El panorama futuro parece sombrío si no se toman acciones. El cambio climático está ocasionando un faltante de agua que se preveía pero el país no atendió a tiempo. Este es un problema que se puede agudizar y, con ello, también aumentar la contaminación.
“A mayor escasez de agua, mayor posibilidad de contaminación, porque los componentes químicos se concentran. Y además de eso tenemos menos fuentes de agua”, manifestó el director del Laboratorio.
Tras recibir los primeros resultados, Isabel decidió actuar contundentemente en su casa. Desde hace unos cuatro años no toma agua del tubo. Por varios años estuvo comprando pero ahora sale a recoger agua día por medio del camión cisterna que recorre a diario Cipreses desde hace un año y que llegó tras una orden sanitaria del Ministerio de Salud que obligó al AyA a abastecer a la comunidad.
No todos piensan igual. El Financiero fue testigo del paso del cisterna por el barrio de Isabel: casi ningún vecino salió a recoger agua. Los dos trabajadores del AyA llenan algunos baldes de personas que los colocan en los portones y abastecen el tanque de la pequeña escuela. Algunas personas tal vez guardan agua por varios días pero otras no creen que la contaminación sea real, cuenta Isabel.
Un kilómetro al norte está la naciente Plantón, una de las contaminadas. Si bien en su perímetro próximo está protegida por árboles, alrededor solo hay cultivos. Es casi mediodía y unos peones de las plantaciones atomizan el suelo, posiblemente con algún agroquímico.
Cerca de la naciente vive Eduardo Sojo. En su garaje se observan varias garrafas llenas de agua que recibe de la Asada de Santa Rosa en un pickup, pues el camino es complicado para un cisterna. Dice que recoge agua para él y su esposa. Sus hijos y nietos toman del tubo pues dudan de la contaminación. Creen que el agua viene limpia de la montaña.
