Por: Manuel Avendaño Arce.   18 julio, 2018

Las diferencias salariales entre los empleados del Gobierno Central -los ministerios- son abismales. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay 191 funcionarios que reciben sueldos hasta ¢4 millones más altos que el devengado por el ministro de esa cartera.

¿Cuál es la causa de estas diferencias salariales en tiempos de déficit fiscal? El informe “Retos para la modernización del esquema remunerativo en los ministerios de Gobierno”, publicado en junio de este año por la Contraloría General de la República (CGR), ofrece algunas luces.

El análisis del sistema salarial para empleados públicos lleva la primera parte de la repuesta a dos incentivos: las anualidades y el reconocimiento de la carrera profesional.

Al dividir a los empleados públicos en cinco grupos, la CGR encontró que para el 20% de los funcionarios estatales que ganan más -entre ¢1,1 y ¢6,2 millones-, el pago de anualidades representa, en promedio, el 48% de sus salarios.

La situación para el 20% de los colaboradores del Gobierno Central que ganan menos -entre ¢257.650 y ¢481.893- es muy diferente. Para este grupo las anualidades apenas tienen un peso del 8,6% dentro de su salario mensual.

Las disparidades se agravan más cuando se suma el incentivo de reconocimiento por carrera profesional.

El promedio mensual que reciben los empleados del Gobierno por este incentivo es de ¢99.948, sin embargo, existen casos de empleados públicos que devengan montos superiores a los ¢400.000 por este plus.

La carrera profesional se reconoce solo para puestos profesionales por lo que es uno de los componentes que paga el Estado y que contribuyen a generar mayor desigualdad con respecto a los funcionarios que trabajan en plazas no profesionales.

¿Cómo se enredó el Estado?

Para entender cómo se diseñó el sistema de pago de remuneraciones del Gobierno Central hay que regresar a 1957, ese año se aprobó la Ley de Salarios de la Administración Pública, esta normativa dio paso a las anualidades.

En 1965 se aprobó una nueva legislación que creó el pago por zonaje. Diez años después, nació la normativa que reconoce la prohibición para los servidores del Estado. En 1983 se empezó a pagar la dedicación exclusiva y en 1997, vía decreto, arrancó el plus por dedicación exclusiva.

La pirámide de pluses, para los ministerios del Gobierno, creció y creció como una bola de nieve. El informe de la CGR señala que la mayoría de incentivos se creó en contextos económicos y sociales muy específicos con el objetivo de compensar el pago de salarios base muy bajos.

Aunque el esquema de incentivos lleva varios años de pagarse a los funcionarios públicos, pero no se han desarrollado programas de revisión para identificar si todavía cumplen con la premisa para la cual fueron creados.

En el caso de los incentivos que se pagan de acuerdo con el desempeño del empleado, la situación es más particular. En 2016, el 99,9% de los funcionarios del Régimen del Servicio Civil obtuvieron una nota que les permitió recibir este “premio” creado por ley.

El incentivo por rendimiento fue concebido para reconocer el buen desempeño de los empleados del Gobierno con el fin de mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de las instituciones.

La Contraloría indicó que en la actualidad la medición por desempeño es prácticamente individual en algunos ministerios y no existe ninguna relación con el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

La CGR también ha señalado en los últimos años que existen debilidades y vacíos en las metas e indicadores de los ministerios del Gobierno, lo que finalmente se traslada a la evaluación de desempeño de los funcionarios.

Los países de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizan una estructura de remuneraciones en la cual el salario base representa el 90% del sueldo y los incentivos apenas el 10% del total de dinero que se paga cada mes.

Insostenibilidad fiscal

El país atraviesa una complicada situación financiera. El déficit fiscal -brecha entre ingresos y gastos más intereses- llegará al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al final de este año y se elevará al 7,9% de la producción nacional en 2019.

El Gobierno promueve la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la Asamblea Legislativa para aumentar los ingresos tributarios con reformas a los impuestos de ventas y renta, y para recortar el gasto público principalmente en remuneraciones.

El Ejecutivo ya puso en marcha 28 medidas para contener y recortar el gasto, entre las acciones destacan algunos límites en el pago de salarios e incentivos.

Durante este año se mantendrá fijo el monto que se paga por cada anualidad, también se congelará el valor de los puntos que se asignan al pago de carrera profesional para los funcionarios públicos.

Las acciones buscan enviar un mensaje a las calificadoras de riesgo internacionales: Costa Rica hace lo posible para recortar su gasto mientras se aprueba, algún día, la reforma fiscal.

Lo cierto es que el Estado no puede seguir pagando salarios, incentivos y pluses al ritmo actual. Cada año que pasa con el actual sistema de remuneraciones solo acelera el paso del país hacia el despeñadero fiscal.

La CGR hizo una proyección de lo que podría ocurrir con el pago de salarios al 2030.

Si se mantiene el comportamiento actual, bajo un escenario de cero crecimiento de la población -en el cual el ingreso es igual a la salida de empleados públicos- y se toma en cuenta solo incrementos salariales por inflación, el gasto en remuneraciones pasaría de ¢186.871 millones en 2010 a ¢445.176 millones en el 2030.

La proyección permite evidenciar que hasta el 2021 se harán pagos cada vez menores por concepto de salario base, esto se debe al cambio generacional, es decir, cada vez que se pensiona un empleado quien lo sustituye entra a la planilla en un puesto de menor categoría y con un sueldo más bajo.

El bono demográfico en la planilla del Gobierno Central concluirá en 2021, por lo que se acaba el tiempo para hacer ajustes legales que permitan migrar a un sistema salarial de empleo público como el que presentará el próximo año Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ante los diputados.

La Contraloría también proyectó qué ocurriría si el país aprueba un sistema de salario único o global en el cual se pague un monto estándar. Con este escenario, a partir del 2025 iniciaría un proceso de desaceleración en el gasto de remuneraciones y para 2030 el monto estaría en ¢433.128 millones.

La disparidad salarial entre los empleados del sector público ofrece dicotomías que se explican mejor con un ejemplo. Un oficial de seguridad, puesto 1 dentro del Régimen del Servicio Civil gana ¢277.800 al mes en una institución, mientras que otra persona en ese mismo cargo recibe un salario de ¢1,1 millones en otra entidad.

¿Cómo es que existe una diferencia de ¢887.260 entre dos trabajadores que hacen lo mismo? La cantidad de pluses e incentivos que paga una institución con respecto a la otra, sumado a las evaluaciones de desempeño y las anualidades, son la razón de esta insostenible disparidad entre salarios.