Carlos Alvarado sabe que corre contra el tiempo para tomar acciones contundentes que le permitan reducir el déficit fiscal que ahoga las finanzas públicas. Este martes 29 de mayo firmó una directriz para congelar los salarios de los jerarcas del sector público, pero esto es apenas el inicio.
La directriz prohíbe los aumentos durante los próximos cuatro años para los salarios únicos y compuestos del presidente y vicepresidentes de las República, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes de instituciones descentralizadas.
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Alvarado hizo el anuncio en una conferencia de prensa que ofreció la tarde del martes, después del Consejo de Gobierno. En esa sesión, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, expuso al Gabinete el paquete de acciones que presentará este miércoles y jueves a los diputados con el objetivo de contener y recortar el gasto público.
La decisión de Alvarado emula las directrices firmadas por Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís en el pasado. Una antigua receta en tiempos de déficit fiscal.
El Gobierno sabe que tiene que enviar señales positivas a la Asamblea Legislativa, a las calificadoras de riesgo y a los mercados internacionales.
"No tomar medidas es acelerar la crisis. El tiempo se nos agotó", advirtió Aguilar durante el Consejo de Gobierno y sus palabras resonaron en los pasillos de Cuesta de Moras, donde los jefes de fracción aceptaron la medida como una "señal positiva".
Costa Rica alcanzará este un déficit financiero del 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y podría cerrar el 2019 con desbalance fiscal del 7,9% de la producción nacional, según estimaciones del Banco Central.
Pero congelar salarios es apenas la primera de más acciones que anunciará este miércoles la Ministra de Hacienda.
El paquete de recortes
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó el pasado 17 de mayo, en entrevista con EF, que Rocío Aguilar trabajaba silenciosamente en la construcción de un paquete de acciones para contener y recortar el gasto público.
La jerarca de Hacienda decidió alejarse de los medios de comunicación para centrarse en el análisis de los rubros en los cuales se puede contener o recortar el gasto del Gobierno.
Fue así como con la ayuda de asesores jurídicos, construyó un compendio de directrices, decretos y proyectos de ley que serán presentados la tarde de este miércoles en el plenario legislativo.
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Aunque el Ministro de la Presidencia no adelantó ninguna de las acciones específicas que tomará el Gobierno, sí confirmó que se modificará la directriz emitida por Luis Guillermo Solís para llenar plazas vacantes en el sector público.
En julio del 2014, Solís había ordenado que solo se pudieran llenar el 15% de los puestos vacantes en las instituciones públicas. El 85% restante no se podían ocupar, ni siquiera de forma interina.
Antes de dejar el gobierno, el expresidente cambió la directriz para permitir que las instituciones llenen sus plazas vacantes en un 50%.
Piza también aseveró que el paquete de acciones que expondrá la Ministra de Hacienda ante los diputados podría incluir algunos puntos del acuerdo que él firmó con Carlos Alvarado antes de la segunda ronda electoral.
Estos son algunos de los puntos clave del "Acuerdo del Gobierno Nacional" que se relacionan con la contención y el recorte del gasto público:
- Impulsar el proyecto de ley para el control de los destinos específicos.
- El total de plazas en sector público no podrán crecer más del 1% anual hasta el 2020 y el 1,55% anual para 2021 y 2022.
- Las plazas del Gobierno Central no podrán crecer más que esa misma proporción. Revisar detalladamente la situación de plazas vacantes y la conveniencia de realizar traslados horizontales.
- Respetar derechos adquiridos de los empleados públicos, pero oponerse a nuevos pluses salariales, privilegios y beneficios insostenibles, así como racionalizar los existentes para nuevos ingresos.
- No renegociar convenciones colectivas que impliquen aumentar gasto público.
- Apoyar las propuestas para poner límite a los salarios de lujo en el sector público (Expediente N° 19.156), e impulsar límites máximos a las anualidades (no deberían pasar del 2,5% anual).
- Introducir mecanismos de evaluación del desempeño de la función pública y certificación externa de la calidad de los servicios institucionales para incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades públicas.
- Proponer, además, un sistema de regulación del empleo público que cubra a todos los funcionarios como principio de equidad y justicia en la función pública que se aplicaría a los nuevos trabajadores y para la racionalidad del gasto público.
Calificadoras esperan señales
El pasado 26 de abril, después de la presentación del Gabinetes de Carlos Alvarado, Rocío Aguilar dijo en entrevista con EF, que el Gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la obligación de enviar señales positivas para las calificadoras de riesgo y para los mercados internacionales.
Aguilar fue enfática en que la principal señal que puede dar el país es aprobar la reforma fiscal que se tramita en el Congreso y con la que se espera generar un 1,4% del PIB entre ingresos -por renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA)- y recortes al gasto -con empleo público y regla fiscal-.
Sin embargo, la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas resulta insuficiente para subsanar un bache fiscal del 7,1% del PIB.
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Consciente de esta realidad, Aguilar aseguró que revisaría los disparadores del gasto, incentivos y pluses salariales, y las transferencias del Estado, para determinar márgenes de recorte.
La Ministra de Hacienda también enfatizó en la necesidad de dar mensajes claros a las calificadoras de riesgo para evitar una degradación en la deuda soberana de Costa Rica, lo que consecuentemente podría dificultar la obtención de financiamiento mediante la colocación de bonos en los mercados extranjeros.
La jerarca también tiene claro que la colocación de deuda interna genera presiones en las tasas de interés que afectan el consumo interno y que a la postre podrían limitar el crecimiento económico asociado con la demanda doméstica.
Por esta razón, el Gobierno apostará por un paquete de acciones para contener y recortar el gasto público, con el fin de darle a los diputados una señal de compromiso y austeridad para que ellos cambien sus posiciones y apoyen la reforma fiscal antes de los primeros 100 días de la administración.
