La inversión pública en Costa Rica cambió de rumbo en los últimos ocho años: crece menos y se distribuye de forma distinta. Tras décadas de expansión sostenida, el gasto perdió dinamismo y empezó a redefinir sus prioridades, con aumentos recientes en áreas como Seguridad y Salud, y retrocesos en otras como Educación y Cultura.
Entre 2008 y 2017, los presupuestos nacionales crecieron a un ritmo promedio del 6,5% anual; pero a partir del 2018, ese avance se redujo a apenas un 2,5%.
El punto de quiebre coincide con la instauración de la regla fiscal, que se incluyó en la reforma tributaria que impulsó la administración Alvarado Quesada. Aquella norma impuso límites más estrictos al crecimiento del gasto con el objetivo de contener el endeudamiento público y evitar posibles crisis de financiamiento.
Según el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, esos cambios hacen que la inversión pública de hoy sea más responsable y acorde a las posibilidades reales del Estado. “Ahora estamos viendo la realidad como es”, asegura, en una línea muy similar a la de sus predecesores más recientes en el cargo.
EF revisó los presupuestos nacionales desde 2007, para analizar cómo cambiaron las prioridades del Estado costarricense en los últimos 20 años. Costa Rica puso el freno a la inversión pública, pero la pregunta inevitable es otra: ¿a costa de qué?
Estructura general
El Presupuesto Nacional se divide en cuatro grandes bloques principales: el servicio de la deuda, los regímenes de pensiones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el resto de instituciones en su conjunto. Esta estructura ofrece un punto de partida claro para entender cómo se ha reconfigurado el gasto.
En los últimos ocho años, el peso de la deuda y de las pensiones creció de forma sostenida y pasó de representar un 46,1% del plan de gastos nacional en el 2018 a un 51,8% en el 2026.
En paralelo, la participación del Ministerio de Educación cayó de un 26,8% a un 21,7%.
Esa reducción ha sido ampliamente señalada en los últimos años y entidades como el Programa Estado de la Nación (PEN) la vinculan con el deterioro reciente del sistema educativo. Según el think tank académico, el gobierno “hizo del desfinanciamiento de la educación la pieza angular de su política fiscal” y ello, a su vez, limita las capacidades estatales para atender problemas de infraestructura y de calidad de los ambientes educativos en todos los niveles.
El resto de instituciones también perdió espacio relativo dentro del presupuesto.
En conjunto, todo el resto del aparato estatal pasó de concentrar un 27,1% del plan de gastos en el 2018 a un 26,4% en este 2026.
En términos absolutos, la presión es aún más evidente.
Para 2026, el gasto en deuda y pensiones alcanza los ¢6,65 billones; mientras que el resto de las instituciones dispone de una cuota menor (¢6,15 billones).
Ocho años atrás, la relación era muy distinta: las instituciones contaban con ¢6,05 billones, un monto que superaba los ¢5,18 billones que se destinaban a deuda y pensiones.
Por institución
El Ministerio de Educación Pública es el caso más representativo del ajuste reciente, que prioriza el pago de la deuda sobre los servicios sociales. Pero no es el único.
Descontando el efecto de la inflación, el dinero disponible para el MEP cayó un 8% entre 2018 y 2026; y también se registraron reducciones en otros ministerios clave como Economía (35,2%), Obras Públicas (16,1%), Cultura (11,1%) y Relaciones Exteriores (4,3%).
A ellas se suman los casos de los dos principales órganos de control adscritos al Poder Legislativo: la Contraloría General de la República (13,1%) y la Defensoría de los Habitantes (9,5%), cuya disponibilidad de recursos actual es sustancialmente menor.
En otros casos, el ajuste se manifestó como estancamiento. El presupuesto del Poder Judicial, por ejemplo, apenas es este año un 1,6% mayor que el de hace ocho años, después de varios años de contracción real.
El presupuesto promedio del Poder Judicial en los últimos ocho años ha sido un 3,9% inferior que el de 2018.
En contraste, solo un grupo reducido de instituciones muestra aumentos significativos en su disponibilidad de recursos en los últimos ocho años.
La Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y ministerios como Planificación, Comercio Exterior, Agricultura, Justicia, Vivienda, Seguridad, Salud y Trabajo presentan incrementos superiores al 20% entre los planes de gasto de 2018 y 2026. Sin embargo, estas entidades representan una fracción relativamente pequeña del gasto y, en conjunto, no superan el 15% del presupuesto total.
Reordenamiento
En la práctica, el gasto público costarricense atraviesa un proceso de reordenamiento de prioridades. Según el ministro Lücke, este ajuste responde a la necesidad de alinear las promesas del Estado con sus restricciones fiscales.
Como un ejemplo, el jerarca señaló el caso de la educación, que debería recibir un 8% del PIB por mandato constitucional, pero ahora apenas alcanza un 5%.
“Cuando se llegó a un 7%, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, fue cuando más creció el endeudamiento”, señaló, y “ese tipo de compromisos se financió durante mucho tiempo con deuda, porque no podíamos pagarlo de otra manera. Ahora estamos viendo la realidad como es: qué nos alcanza, con qué podemos vivir”, puntualizó.
Su opinión es similar a la de Nogui Acosta, quien fue viceministro de Hacienda entre 2018 y 2019, y también fue jerarca de la cartera entre 2022 y 2025; con una postura contraria a la instauración de nuevas cargas fiscales para elevar la inversión pública.
Según decía en una entrevista con EF, cuando todavía estaba al frente del Ministerio, el país había “pasado muchísimos años viviendo por encima de sus posibilidades”, y ahora tocaba “pagar apretando dientes”.
