Por: Francisco Ruiz León.   25 noviembre, 2020
Las sociedades anónimas sin actividad económica se usan principalmente para la tenencia de bienes. (Fotografía: Shutterstock)
Las sociedades anónimas sin actividad económica se usan principalmente para la tenencia de bienes. (Fotografía: Shutterstock)

El proyecto de ley bajo el expediente 22.307, que pretende eximir a las sociedades inactivas de la obligación de hacer la declaración del impuesto de la renta, continúa su camino en la Asamblea Legislativa a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.

El texto presentado por el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca fue dispensado de todo trámite, por lo que será conocido en primer debate sin la necesidad de un dictamen por parte de una comisión legislativa, según el artículo 177 del reglamento de la Asamblea.

La iniciativa surge en respuesta a la inclusión de las sociedades que no desarrollan actividades lucrativas como sujetos pasivos del impuesto de la renta, tras una reforma que se hizo por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9638) en 2018.

El pasado 10 de noviembre, mediante una resolución, la Dirección General de Tributación recordó a este tipo de sociedades el plazo límite para presentar la declaración hasta el 15 de marzo de 2021.

“Tradicionalmente en el país lo se ha estilado es que este tipo de entidades se utilizan como medios de tenencia de bienes, lo cual no desnaturaliza la figura, pero no significa que no se deban hacer controles fiscales sobre ellas”, aseguró Carlos Vargas, director general de Tributación.

Sin embargo, dicha inclusión generó críticas y dudas desde el Legislativo. Para el diputado Abarca, se trata de un tema de sentido común.

“Es un tema del llamado al sentido común. Si usted no tiene actividades, no tiene utilidad y por lo tanto no debería hacer una declaración que tiene otros objetivos informativos que se logran con otras leyes que están vigentes”, manifestó Abarca.

Esos otros objetivos están relacionados a la tenencia de los bienes por parte de estas sociedades.

Vargas admitió que si no hay actividad económica y, en consecuencia, no hay ingresos ni gastos, la declaración será ₡0. No obstante, sí agregó que como parte de alguna fiscalización se podría solicitar una justificación de ingresos que respalde la adquisición de esos bienes.

“Es incorrecto decir que se trata de un impuesto al patrimonio, no existe en el país un impuesto al patrimonio”, aclaró.

Para el legislador, se trata de un trámite burocrático.

“Si lo que quieren es verificar el tema patrimonial, entonces puede hacer otra declaración con base en el registro de accionistas o en información de otro tipo. (...) Me parece que tienen una confusión en función del patrimonio”, dijo Abarca.

Abarca espera que salga antes de que concluya el período de sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre.

Ambiente legislativo

El proyecto de ley no solo genera fricciones con Hacienda, sino también entre bancadas legislativas.

El diputado y jefe de fracción del partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, concuerda con Abarca sobre que estas sociedades no son lucrativas, sino que son usadas para inscribir bienes.

“La idea es que estén activas pero que no estén sujetas al impuesto de la renta con el espíritu de que no son sociedades lucrativas”, dijo Chacón.

Desde la fracción de Acción Ciudadana consideran la idea un retroceso en temas de materia fiscal y contradictorio al discurso de lucha contra la evasión y la elusión.

“Es conocido que durante muchos años se utilizó a las sociedades anónimas como un mecanismo para eludir el impuesto al traspaso de bienes (...). Deja abierta la posibilidad de que algunas de estas sociedades hayan utilizado la figura para eludir o encubrir bienes adquiridos de forma ilícita”, afirmó la diputada oficialista Catalina Montero.

Montero asegura que la declaración es solo de activos y patrimonio que, si fueron lícitamente adquiridos, pueden demostrar el origen ya sea por herencia, donación u otra documentación. De lo contrario, podría ser motivo de investigación al suponerse una posible procedencia ilícita.

Chacón afirmó que una “mayoría importante” de diputados liberacionistas apoyarían esta reforma, mientras Montero aseveró que la bancada del PAC está en contra del proyecto, aunque aun no lo han discutido formalmente.