EscucharEl déficit fiscal del Gobierno y el faltante de liquidez que anunció el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, no afectarán las ayudas estatales que reciben las personas en condición de pobreza en Costa Rica.
La garantía de que estas transferencias sociales se depositen mes a mes en las cuentas de los más pobres, reside en una serie de mandatos constitucionales y legales que crearon el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en 1974.
Este fondo se nutre con un 20% de recursos obtenidos mediante la recaudación del impuesto de ventas, y un 5% de recargo de los salarios que los patronos del sector público y privado pagan a sus trabajadores cada mes.
Para el 2017, se presupuestaron ¢586.546 millones destinados a transferencias para las familias más pobres del país.
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Ese dinero se traduce en ayudas como pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), bonos de vivienda, becas para primaria y secundaria, atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, explicó que debido a la protección legal de Fodesaf es difícil que las ayudas sociales para lucha contra la pobreza disminuyan en los próximos años, incluso en un escenario de falta de liquidez sin la implementación de una reforma fiscal eficiente.
10.400 hogares dejaron su condición pobreza en el 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Más ayudas, menos pobreza
El 27 de octubre del 2016, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) reveló una reducción estadísticamente significativa en el nivel de pobreza en Costa Rica.
Este indicador medido por línea de pobreza bajó de 21,7% a 20,5%, lo que significó que 10.400 hogares salieron de esa condición con la expectativa de mejorar su calidad de vida, su capital humano y sus condiciones sociales.
Uno de los factores que contribuyó con la reducción de la pobreza en el país fue el aumento en las ayudas del Estado, que crecieron 14%, y que llegaron a pesar hasta un 17% en el ingreso total de los hogares de menores recursos.
Los bajos niveles de inflación registrados en el 2016, también ayudaron a disminuir la cantidad de personas pobres en el país con respecto al 2015.
El presidente Solís garantizó, en octubre del año pasado, que los recursos para becas y ayudas a las familias pobres eran sostenibles al menos durante el 2017, pese a la estrechez fiscal del Gobierno.
Sin duda, la disminución en la pobreza no se da solo por el aumento en el dinero que el Gobierno destina cada mes a las personas.
Para lograr estos resultados, es necesario que los recursos le lleguen a quienes realmente lo necesitan, que se inviertan en educación y capacitación, pero sobre todo, que permitan a las familias pobres forjarse mejores oportunidades laborales.
Arias aseguró que con la implementación de los mapas sociales y el programa Puente al Desarrollo, se logró llegar con ayuda económica, educación y capacitación a quienes lo necesitaban.
El informe de Ejecución Presupuestaria del I Semestre, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), es menos optimista en cuanto a la ejecución de esas transferencias.
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“A pesar de que el gasto social alcanza cifras considerables, la inversión no se plasma en mejora de los indicadores sociales, pues los resultados de diversos programas como los de combate a la pobreza no presentan una incidencia del todo satisfactoria”, asevera el documento.
Leonardo Garnier, economista y exministro de Educación, refuerza esa tesis y agrega que el desempleo es otro factor que incide directamente en los niveles de pobreza del país.
“El problema de fondo es que la tasa de desempleo que ronda el 9% no afecta por igual a todos: mientras que es de menos del 2% para el 20% de mayores ingresos y nivel educativo, es de casi un 30% para el 20% de menores ingresos y nivel educativo”, apuntó.
En momentos de déficit fiscal, el Gobierno no solo debe apuntar a la reducción del gasto, sino también a la contención del ritmo de crecimiento de este.
Una de las maneras para lograrlo es ser más eficiente en la ejecución. Es decir, llevar el dinero a las personas más pobres en proporción con sus necesidades.
Adriana Rodríguez, gerente de Análisis Económico de Scotiabank, consideró que el Gobierno trabaja en reducción de pobreza transfiriendo dinero pagado con deuda interna a los más pobres, cuando debería preocuparse por impulsar el crecimiento económico para que esos recursos lleguen de forma natural a quienes los necesitan.
Vulnerabilidad del gasto social
La pobreza en Costa Rica se sitúa en niveles cercanos al 20% en las últimas tres décadas.
La revisión de este indicador muestra su nivel más alto en 1982 cuando alcanzó el 54,3%, mientras que su nivel más bajo se dio en 2007, con un 16,7%.
En 2009, por las crisis económica, subió a 23,2%, aunque un cambio metodológico impide hacer la comparación exacta.
Estos datos muestran que si bien la disminución en la pobreza en 2016 fue estadísticamente significativa, no lo fue tanto en relación con las últimas dos décadas.
La CGR señala en su informe que ante la apremiante situación fiscal del país, es necesario que el Gobierno dé prioridad a aquellos programas y políticas realmente importantes para reducir la pobreza. Además, se debe garantizar el gasto bajo criterios de calidad para que sean eficientes.
Las ayudas estatales en el país son sostenibles, pero tienen encima las presiones fiscales.
