Las zonas de cobertura de las principales bandas criminales de Costa Rica y sus cabecillas se han ampliado. Según identificaron los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), este fenómeno se corresponde con “una nueva movilidad” de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el país, las cuales han dejado atrás sus patrones “estáticos” y hoy se expanden a más regiones del territorio costarricense de una u otra manera.
A pesar de esa nueva dinámica, hay algunas regiones del país más afectadas que otras. Esta es una situación sobre la cual profundizó el PEN en su último informe del Estado de la Nación, publicado este 14 de noviembre.
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El mapa
Para responder a la interrogante sobre cuáles son las zonas de cobertura más importantes de los principales grupos delincuenciales del país, los investigadores se basaron en noticias de prensa recolectadas entre 2018 y 2024.
A partir de ellas, elaboraron un mapa, en el cual se contemplaron 33 actores, entre organizaciones y cabecillas, según su actividad por región.
El recuento final incluyó grupos y cabecillas que siguen activos, aunque también a otros que han sido desarticulados o detenidos recientemente.
Este ejercicio permitió identificar varios puntos calientes en donde cinco o más grupos criminales tuvieron alguna incidencia significativa en los últimos cinco años; por ejemplo, el centro de Alajuela, el sur de San José y la zona oeste de Cartago, en la Gran Área Metropolitana (GAM); así como el Pacífico Central, en la periferia.
También se determinó una actividad relativamente importante de los grupos en la zona central de Guanacaste, en la Zona Norte, en el cantón de Osa (Zona Sur) y en casi la totalidad del Caribe; aunque con una menor densidad de grupos o cabecillas.
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Zonas de influencia criminal
Estado de la Nación documentó la zonas de influencia de unas 30 bandas criminales y cabecillas de grupos organizados en los últimos cinco años.
FUENTE: Estado de la Nación, 2024 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
La revisión incluyó hechos relacionados con personas comúnmente señaladas en medios de comunicación como alias “Diablo”, “Shaggy”, “Shock” y “Tony Peña Russell“; así como con organizaciones como ”Los Monte", ”Los Lara", “La H”, “Los Colombianos” y otros.
El recuento de más de 30 actores además coincide con declaraciones recientes de jerarcas del OIJ, quienes han señalado la existencia de alrededor de una treintena de organizaciones criminales más violentas y con mayor capacidad delictiva a nivel nacional.
El mapa elaborado por el PEN, a su vez, coincide con la tendencia de los tasas de homicidio. En otras palabras, en donde hay una mayor presencia de bandas también se registra una mayor cantidad de crímenes de ese tipo.
Según los investigadores, esto se relaciona con el aumento de los homicidios por sicariato (asesinatos cometidos por personas contratadas para ese fin), una tendencia que se refleja en las noticias de todos los días sobre ajustes de cuentas y que “incluye tanto sicarios con un alto nivel de especialización como gatilleros", que el Ministerio de Seguridad Pública define como jóvenes pistoleros sin mucha experiencia que son reclutados por bandas a un muy bajo costo.
Cambio de dinámica
El aumento de la criminalidad y el surgimiento de una alta cantidad de bandas criminales locales dentro del territorio costarricense está relacionado con un cambio de dinámica del narcotráfico en Costa Rica.
Costa Rica era solo un territorio de paso de los drogas hasta el año 2000; sin embargo, a partir de ese momento (junto con el auge comercial exportador), el país empezó una transformación como centro de logística para el envío de estupefacientes a otras regiones del planeta. Además, inició el fenómeno del narcomenudeo a nivel local, pues los grupos internacionales empezaron a remunerar a las células costarricenses con porciones de los mismos productos; lo cual generó un nuevo mercado interno, con tensiones por su control.
Esa transformación también se profundizó en los últimos años gracias al crecimiento de la demanda en Europa (un mercado cada vez más grande para los grupos criminales y ampliamente conectado con Costa Rica), así como por el crecimiento de la capacidad de producción de cocaína en Sudamérica, principalmente en Colombia.
A todo ello se sumó una mayor disponibilidad de armas en el suelo costarricense, según confirman múltiples informes internacionales.
Según Leonardo Merino, coordinador de investigación del Programa Estado de la Nación, podría decirse que Costa Rica es hoy una “sede del crimen transnacional en varios sentidos”, lo cual ha diversificado la cantidad y los tipos de bandas a nivel local. “Hay narcofamilias, que son grupos con un control limitado en algunos territorios; pero también tenemos grupos locales, que tienen una presencia muy fuerte, junto con los grupos internacionales”, subrayó.
Fácil reclutamiento
El OIJ señaló a EF, en julio pasado, que en el país se tenían identificadas unas 150 bandas criminales con al menos ocho integrantes cada una. Esto quiere decir que, como mínimo, habría unas 1.200 personas involucradas en actividades delincuenciales organizadas.
Sin embargo, la cantidad podría ser mucho mayor. Según el director de la policía judicial, Randall Zúñiga, existen grupos compuestos por hasta 60 u 80 integrantes.
El jerarca también atribuye el crecimiento del narcotráfico a nivel local a la situación socioeconómica del país. Desde su punto de vista, la caída de la inversión pública en los últimos años, junto con la insuficiencia de los esfuerzos para crear oportunidades de movilidad social para los sectores más vulnerables de la población, han propiciado que más personas se vean atraídas por las bandas y accedan a involucrarse directa o indirectamente con ellas.
Esto también hace que los esfuerzos policiales para desarticular bandas muchas veces sean insuficientes, ante la rápida creación de nuevas células o de nuevos grupos que se interesan por el “negocio” que queda descubierto.
“Cuando hay mucho dinero de por medio, van a querer tomarlo”, resumió Zúñiga.
Según el funcionario, la situación es tal que las bandas son capaces de reclutar a jóvenes por medio de pagos tan insignificantes como “un par de tenis o una camisa de marca”.
“Nosotros ponemos a la gente en la cárcel. El único que se ha escuchado desde hace tres años y que no hemos podido capturar es a “Diablo”, pero después de ahí todos los delincuentes son nuevos (...) Hay un problema estructural, socioeconómico“, describió.
En esto coincide el PEN, que atribuye el deterioro de seguridad a un “caldo de cultivo” multifactorial. Este “caldo”, remarca el centro de investigación, está compuesto por “los incumplimientos del contrato social, la falta de oportunidades para amplios sectores de la población y una débil gestión pública en el ámbito de la seguridad ciudadana”, situaciones que requieren de una solución urgente para frenar la escalada criminal.
