Las rutas de autobuses de Costa Rica movilizan a cerca de 1,6 millones de pasajeros al día, según el último dato disponible del 2019, antes de la pandemia, por lo que representa el principal medio de transporte público en el país.
Hasta hoy, los autobuses con más de 15 años de vida deben salir de las calles, pero una iniciativa legislativa propone darles cinco años más de uso.
La propuesta ha desatado un intenso intercambio de criterios entre diputados, el Gobierno, el gremio autobusero y otros sectores que cuestionan la medida. A continuación explicamos qué se sabe.
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¿De qué se está hablando?
El meollo del asunto nos lleva al artículo 46 bis de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7.600) de 1996, aunque el artículo en cuestión se introdujo en 2006 mediante otra ley específica, la 8.556.
El primer párrafo del artículo indica que “el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta en el servicio de transporte público después de transcurridos 15 años de su fabricación”, plazo que es improrrogable.
También se menciona que no podrán circular autobuses de ruta de transporte público que carezcan de las condiciones de accesibilidad.
Sin embargo, a raíz de la pandemia, los autobuseros alegan que tuvieron una afectación económica que les impide hacer las inversiones necesarias para la renovación de buses que están cerca de llegar a esa edad, lo que motivó la presentación de un proyecto de ley.
¿Qué se discute en la Asamblea Legislativa?
En la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley 22.530 bajo el nombre de Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por el Covid-19, presentado en 2021 por el exdiputado socialcristiano Erwen Masís, actual representante país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El texto incluye un único artículo que propone reformar justamente el artículo 46 bis de la ley 7.600 para que, en vez de 15, el periodo máximo para los buses subas a 20.
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La novedad es que se agrega un párrafo que impone al CTP, a través del ente acreditado para realizar la revisión técnica vehicular, hacer revisiones semestrales a las unidades que sobrepasen los 15 años de vida útil, “con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y servicio de calidad al usuario”.
No obstante, recientemente se ha valorado reducir el plazo máximo de 20 a 18 años, aunque aún no hay un acuerdo definitivo entre los legisladores. La medida regiría por una única vez durante cinco años.
La mayoría de bancadas apoya la propuesta, pero la fracción del Frente Amplio, de seis diputados, mantiene una férrea oposición a la idea. La frenteamplista Sofía Guillén ha reclamado que el sector autobusero vive con “privilegios” y recordó en una sesión en el Congreso que las empresas pequeñas con dificultades para cambiar su flotilla pueden acceder al fondo de avales.
La discusión en la Asamblea Legislativa se retomaría a partir del 9 de enero, cuando los diputados retomen funciones tras sus vacaciones de fin e inicio de año.
¿Qué dice Canatrans?
Del otro lado de la acera está la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), el principal grupo empresarial de este sector en Costa Rica.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara, hizo un llamado a los diputados a ser “responsables” con el proyecto para ampliar la vida útil a los autobuses, pues la organización defiende que, de no hacerse el cambio, unos 300 buses saldrían de circulación en enero provocando un “paro técnico”.
“Se ha querido desenfocar el tema principal, que es el tema de continuidad de servicio y la afectación de más de un millón de costarricenses que se mueven todos los días en transporte público”, aseguró Bolaños en una conferencia de prensa el 19 de diciembre, realizada en el propio auditorio del CTP.
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La directiva acotó que ya hay 95 comunidades sin servicio, incluso en zonas del Gran Área Metropolitana como Tres Ríos.
Para el 2019, se contabilizaban unos 5.000 autobuses autorizados para transporte de personas en rutas, por lo que los 300 en peligro, de acuerdo a Canatrans, representan el 6% del total.
Según publicó el diario La Nación, al menos ocho grandes empresas autobuseras se beneficiarían del proyecto de ley que está en discusión.
¿Qué dice el CTP?
Aura Álvarez, directora técnica del CTP, precisó en una audiencia en la Asamblea que 342 buses con más de 15 años de antigüedad operan actualmente en el país.
Ese número era menor antes de la pandemia, pero durante la emergencia sanitaria la bola de nieve creció. Álvarez justificó que la pandemia dificultó las inversiones en nuevas unidades de las empresas.
Anteriormente, el CTP ha flexibilizado algunas medidas a los autobuseros. Por ejemplo, en agosto del 2021, les permitió operar con un 30% menos de flotilla, permiso que se extendió hasta agosto del 2023.
El CTP acordó pedir a los autobuseros con unidades vencidas que las renueven para no exponerse a sanciones, pues si las empresas no se ponen al día con su flotilla estarían sujetas a procesos administrativos que podrían terminar en la cancelación de la concesión.
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¿Qué ha dicho el Gobierno?
El ministro del MOPT, Luis Amador, ha expresado que ese incremento de cinco años en la vida útil de los buses representa un riesgo para los usuarios, por lo que su propuesta es de dos años, hasta los 17.
El Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, está buscando una propuesta para lograr un acuerdo legislativo.
El reclamo de otros sectores
La idea de darle más años a los buses ha levantado críticas desde otros sectores. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se opone al proyecto pues considera que incrementará el riesgo de accidentes de las personas. Además, piden el cierre del CTP.
Por otra parte, organizaciones de movilidad urbana cuestionan que la idea no responde a criterios técnicos. Nueve de ellas enviaron una carta a los diputados para hacer un llamado a repensar la iniciativa.
Entre estrellas están la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) y la Asociación de Deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto (Aconvivir).
