Con una apuesta hacia la modernización del transporte público, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presentó el viernes 11 de junio el proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para las concesiones de buses en Costa Rica, que se tramita bajo el expediente 22.540.
El MOPT desea aprovechar el vencimiento de las 248 concesiones de buses en el país en setiembre de este año para integrar nuevos requisitos en la renovación de los contratos, incluyendo aspectos como el pago electrónico y la electromovilidad.
Por su parte, algunas de las empresas autobuseras reciben positivamente el nuevo esquema que propone el Ministerio, pero recalcan en que se deben dar ciertas condiciones para facilitar la transición. También existen dudas sobre la capacidad de la institución para asumir más competencias.
LEA MÁS: Buses eléctricos culminan primeros cuatro meses de prueba, ¿cuáles son los resultados?
Las nuevas reglas
El proyecto de ley presentado por el MOPT ante la Asamblea Legislativa se compone de solo seis artículos, pero propone reformas significativas a otras legislaciones.
De hecho, la mayor parte del texto habla de la reforma a artículos de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores (3.503), cuyo objetivo es que el MOPT y el Consejo de Transporte Público (CTP) retomen las competencias técnicas y operacionales del transporte público remunerado de autobuses y, así, clarificar las facultades entre estas instituciones y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Son reformas que el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, calificó de “necesarias” para la modernización.
“¿Por qué las debe retomar? Porque ha habido una confusión generada con facultades similares que la ley le ha dado al MOPT como ente rector y a la Aresep como ente regulador y eso no puede funcionar de esa manera”, manifestó Méndez en la audiencia de presentación.
Dentro de estas reformas se introducen nuevos requisitos para los contratos con las empresas concesionarias que se renovarán en setiembre.
Entre estos están incluir cláusulas que garanticen la integración intermodal, implementar el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público como único mecanismo central de recaudo y establecer un plan de sustitución de flota de combustión fósil por unidades eléctricas o cero emisiones.
El Ministerio desea que las empresas se comprometan a cambiar, al menos, el 40% de sus unidades a autobuses eléctricos o cero emisiones en las rutas urbanas, amparado en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico que pone como meta reemplazar el 5% de la flota de buses cada dos años.
Para facilitarlo, también se propone extender el plazo de las concesiones de siete a 15 años.
“Se aumenta el plazo de la concesión para dar espacio financiero para que la inversión pueda ser recuperada de manera más razonable sin impactar las tarifas”, indicó Leonardo Castro, encargado del diseño operativo de la sectorización.
LEA MÁS: Costa Rica carga las baterías de la electromovilidad, ¿cuáles son los avances del país?
El tema de la sectorización también se incluirá en los nuevos contratos. La institución pretende crear una red primaria de rutas diametrales, troncales, alimentadoras e interlíneas con paso prioritario, carriles exclusivos, terminales y nodos de integración intermodal.
También se busca establecer métricas de desempeño y evaluaciones de calidad del servicio cada tres años, así como mecanismos de fiscalización y control para que, periódicamente, se verifique la capacidad empresarial.
Además, se incluye un apartado de penalizaciones para los casos en los que el concesionario incumpla los requisitos o incurra en faltas en la prestación del servicio.
Las obligaciones de los operadores también aumentan de seis a 16, pues se les pide cumplir el plan respectivo de sustitución de flota de combustión fósil por unidades eléctricas, brindar acceso a los usuarios a información sobre paradas, recorridos, horarios y trayectos, entre otras.
Para quienes incumplan, se establecen multas por parte del CTP que van de cinco a 20 salarios base (¢2,3 millones a ¢9,2 millones), dependiendo de la obligación que se omita.
Los montos recaudados por concepto de multas se trasladarán al CTP y tendrán como objetivo atender mejoras en infraestructura para el servicio de transporte público.
Sobre las tarifas, el proyecto propone que en cada concesión se haga constar la tarifa inicial autorizada por el CTP, pero el monto final será fijado por la Aresep.
Recepción positiva, pero con condiciones
Dos de las empresas que operan en el Gran Área Metropolitana (GAM) reciben con buenos ojos la propuesta del MOPT, pero consideran que deben darse algunas condiciones para facilitar el proceso.
Una de las exigencias del sector autobusero era, justamente, la extensión del periodo de concesión, algo que el MOPT incluyó en el proyecto de ley.
No obstante, la necesidad de financiamiento con mejores condiciones y el contar con energía a bajo costo son parte de esos aspectos primordiales, según comentó Gabriel Bermúdez, encargado de Servicios Generales de Autotransportes Desamparados (ATD).
LEA MÁS: El TEC abre matrícula para un nuevo técnico en reparación de vehículos eléctricos
“Nosotros queremos ir a la vanguardia en estos temas que inciden en el transporte público, siempre y cuando se den condiciones que lo permitan”, aseguró Bermúdez.
En el texto de ley, el MOPT señala que el sistema bancario podrá implementar las líneas de crédito necesarias para facilitar la electrificación del servicio de autobús de ruta regular, pero no especifica ningún término o detalles.
Para Orlando Ramírez, presidente de la junta directiva del Consorcio Operativo del Este (Coesa), la propuesta es positiva y enfatizó en que la sectorización es una tarea pendiente del país de hace años.
“Yo la valoro 100% de acuerdo y me parece que nos ha tomado demasiado tiempo tratando de hacerla a pesar de que acompaña al sentido común (...). Es importante el pago electrónico y la integración”, manifestó Ramírez.
No obstante, persisten dudas sobre la capacidad del MOPT para asumir más competencias, según el criterio de Kathya Araya, abogada especialista en derecho público y ambiental de Dentons Muñoz.
“Si bien yo no estoy muy feliz de cómo la Aresep ejerce sus competencias regulatorias, pasarle alguna de esas competencias al MOPT me parece que no es recomendable. No percibo que haya capacidad para asumirlas”, comentó Araya.
La abogada agregó que, efectivamente, en el pasado varias resoluciones de la Sala Constitucional o dictámenes de la Procuraduría General de la República han detectado un traslape en las competencias del CTP y la Aresep, pero se han logrado superar y se ha abogado por la coordinación, resaltó Araya.
La especialista aplaudió la apuesta hacia la electromovilidad, la cual es tendencia mundial, pero señaló una contraindicación en el hecho de que el MOPT pueda ser concesionario y regulador a la vez.
“Cuando se trata de materia regulatoria debería ser un ente diferente a los actores del mercado que se está regulando”, dijo Araya.
Asimismo, la abogada coincidió con los representantes de las empresas autobuseras en la necesidad de condiciones para una transición gradual y espacio para asumir los cambios, a través del apoyo del sistema financiero local y de organismos internacionales, pero se opuso a la posibilidad de subsidios considerando la situación fiscal del pais.
Se intentó obtener una postura de la Cámara Nacional de Transportes, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
