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Washington. La decisión del gobierno de Donald Trump de hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana ha provocado escalofríos entre los usuarios, los pacientes, médicos y las empresas, antes alentados por el creciente número de estados que legalizan la droga.
Los cultivadores y vendedores de cannabis, así como las instituciones financieras que los apoyan -una industria de aproximadamente $7.000 millones -, están particularmente amenazados por la medida, y la falta de claridad sobre cuán estrictamente se aplicarán las leyes federales anti-marihuana dificulta la creación de nuevos emprendimientos, dijeron expertos de la industria.
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El fiscal general, Jeff Sessions, anuló el jueves las políticas del gobierno de Barack Obama que dejaban en claro que el gobierno federal no desafiaría las leyes locales contrarias a los estatutos federales contra la hierba.
Anunciando un “retorno al imperio de la ley”, Sessions llamó a los 94 fiscales estadounidenses de todo el país a hacer cumplir las leyes federales, que clasifican a la marihuana como un narcótico peligroso, igual que la heroína.
La gente de la industria está muy preocupada, incluidos aquellos en los 29 estados y el distrito de Columbia que pueden comprar marihuana para uso medicinal, y aquellos en los seis estados que han comenzado a producir y vender marihuana para uso recreativo, dijo Justin Strekal, director político de NORML, el lobby nacional clave para reformar las leyes sobre esta droga.
“En el caso de una mayor aplicación federal, la comunidad de negocios de la marihuana será la más amenazada”, aseguró.
“Pero la consecuencia colateral es para los consumidores de esos negocios. Si su dispensario local de marihuana medicinal cierra, no pueden obtener el mejor medicamento que su médico les recomendó”, señaló.
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Desconcierto
Los vendedores en los seis estados del oeste que han comenzado las ventas recreativas -Colorado, Washington, Oregon, Nevada, Alaska y California- estaban desconcertados, sin saber si el cambio de política presagia una dura represión.
“Nos estamos volviendo locos en este momento”, dijo un vendedor en una tienda de marihuana de Las Vegas, declinando ser identificado.
Sessions no explicó cómo se aplicaría la nueva postura, diciendo que dependería de los fiscales de cada área.
Algunos, como Bob Troyer, el fiscal de Colorado, dejaron claro que no habrá cambios en su postura a nivel local.
En Arkansas, que está en el proceso de lanzar una industria de marihuana medicinal este año, Scott Hardin, portavoz del departamento de finanzas del estado, dijo que para ellos la decisión de Sessions no ha cambiado nada.
“Decidimos que vamos a seguir adelante”, anunció, esperando que al menos 30.000 personas se inscriban para la marihuana medicinal.
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Pero con la mayoría de los fiscales federales nombrados por la administración Trump, y algunos elegidos por el propio Sessions, Strekal dijo que era fácil imaginarse que algunos tomarán una línea dura.
“Un fiscal que quiera ‘jugar al vaquero’ o hacerse un nombre por sí mismo” podría tratar de cerrar las huertas, tiendas y dispensarios de marihuana que las leyes locales consideran legales, pronosticó.
Además, los fiscales federales pueden usar las leyes dirigidas al crimen organizado para amenazar a otros vinculados a la industria, ya sean bancos, proveedores de equipos o empresas de transporte.
La decisión hizo que las acciones de las empresas de la industria de la marihuana que cotizan en bolsa, en su mayoría cultivadores industriales de cannabis, bajaran entre 13% y 31% el jueves. La mayoría solo recuperó la mitad de esa pérdida el viernes, y los analistas de la industria dijeron que podrían enfrentar más dificultades para obtener financiamiento dado el clima incierto que dejó el anuncio de Sessions.
La medida también generó una nueva presión sobre el Congreso para que actúe con el objetivo de eliminar la marihuana de la lista federal oficial de drogas peligrosas, lo que aliviaría la amenaza para los usuarios y los negocios de la hierba.
Legisladores de los estados donde el cannabis es legal criticaron a Sessions por el cambio de política.
”¿Nuestro país se encuentra en medio de una crisis de opiáceos y el fiscal general va a desviar recursos para reprimir la marihuana medicinal? Esto es obstinadamente ignorante o miedoso ante la avaricia corporativa en nombre de las ganancias farmacéuticas”, dijo la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand.
