La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya es eso, una ley, con todo lo que costó al país elevarla a esa categoría.

¿Qué sigue? La ruta ya fue trazada por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, quien al firmar la reforma fiscal la noche del lunes 3 de diciembre, salió a explicar los siguientes pasos: reactivar la economía, reformar el Estado, retomar el diálogo social, impulsar una agenda de inclusión y fortalecer la educación.

Alvarado ya había propuesto todas estas cosas en campaña. También aseguró que las pondría en la lista de prioridades de su gobierno, pero detrás de la urgente reforma fiscal.

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022, que será presentado el martes 11 de noviembre, de seguro estará enfocado en impulsar el crecimiento económico para generar empleo, reducir la pobreza y mejorar los indicadores de descarbonización.

Algunas voces ligan el reavivamiento de la economía con una serie de transformaciones que se deben concretar en un proceso de reforma del Estado.

La nueva prioridad política

La economía de Costa Rica creció a un promedio del 3,3% en la última década. Para este año, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el nivel será del 3,2% con un leve repunte al 3,4% para el 2019. Esto sujeto a reestimaciones en el próximo Programa Macroeconómico.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que el crecimiento económico de Costa Rica –de un 3%– es bueno, pero insuficiente para reducir el desempleo ubicado en el 10,2% y para reducir la pobreza, condición en la que cayeron 24.000 hogares en el último año.

El Gobierno se impuso la reactivación como su siguiente conquista, al menos esa es la intención.

Para sumar los votos de apoyo a la reforma fiscal en el Congreso, el Ejecutivo prometió acciones para reactivar la economía a las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre todo a la última.

En Casa Presidencial empezaron a hablar sobre el tema desde el 3 de setiembre con el lanzamiento de la “Semana de la Reactivación Económica”. Durante cinco días se anunciaron cambios dirigidos a simplificar trámites, apoyar los emprendimientos y las pymes, generar empleabilidad e impulsar la inversión en infraestructura pública.

Edna Camacho, ministra coordinadora del Equipo Económico, aceptó que estas iniciativas solo se podrían plasmar en logros hasta que se aprobara la reforma fiscal y que los ajustes vendrán en 2019.

De acuerdo con Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, es momento de que el país arranque su camino de reactivación con proyectos de inversión en infraestructura.

El Presidente anunció, en cadena nacional, una cartera de iniciativas que incluyen el Programa de Alcantarillado y control de inundaciones en Limón, el proyecto para el Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional (UTN), el programa de agua para Guanacaste (Paacume) y la llegada a Cuesta de Moras del préstamo para el tren eléctrico.

En esta carpeta de proyectos se encuentran las ampliaciones de la ruta 32 –ya en marcha– y de la carretera Cañas–Limonal, además de la construcción del arco norte de la Circunvalación.

El Gobierno apostará por fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para incluir la figura de alianzas público–privadas (APP), una de las modalidades que China utiliza con mayor ahínco, justo después de que Costa Rica se acercara diplomáticamente a esta nación asiática.

Los retos y las amarras

Reactivar la economía va más allá de la simplificación de trámites y la colocación de créditos para pymes, que despegan poco a poco tras la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en 2014.

Eli Feinzaig, economista, considera que se debe atacar la raíz de los problemas que afectan la productividad como la prevalencia de monopolios y oligopolios en sectores clave del aparato productivo y que encarecen la vida.

También existen barreras al libre intercambio de bienes y servicios, así como una alta concentración de propiedad estatal en mercados indispensables para dinamización e innovación como ocurre en telecomunicaciones, energía, banca y seguros.

Feinzaig pone sobre la mesa otra serie de amarras como un sistema tributario complejo e ineficiente que desincentiva la inversión y un Código de Trabajo anticuado que, pese a su reciente reforma, no contempla modalidades de producción y contratación modernas.

Para Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato, el éxito de la reactivación dependerá de las políticas que se implementen en impuestos, gasto, competencia, regulaciones y estabilidad de precios.

Para ayudar a compensar los efectos que puedan tener los cambios tributarios, especialmente la entrada en vigencia del impuesto de valor agregado (IVA), el Gobierno debe poner en marcha medidas como la simplificación de trámites, la eliminación de trabas para que los emprendimientos y pymes accedan a créditos. También tiene que generar cambios en su estructura para corregir errores del sistema y esto se liga, directamente, con una reforma del Estado, para la cual trabaja una comisión de personas que presentará sus propuestas más adelante.

No existen fórmulas para poner a caminar una economía que se estancó en los últimos años, sobre todo cuando los vientos que soplan desde los Estados Unidos no son favorables, pero un mayor equilibrio financiero del Gobierno, más recursos para inversión en infraestructura y cambios sustanciales en materia de competencia pueden ayudar a dar los primeros pasos en esa dirección.