Las investigaciones relacionadas con el Caso Cochinilla, que investiga presuntos sobornos por parte de empresas constructoras para obtener beneficios en la tramitación de proyectos de infraestructura vial, pone el foco sobre un mercado lleno de distorsiones y que permitió la concentración de la mayor parte de los montos contratados en manos de dos grandes empresas ahora cuestionadas (Meco y H Solís).
Meco y H Solís se dejaron más del 60% de los recursos ofrecidos por el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), según un reciente recuento hecho por el periódico La Nación, del período 2015-2021. Además accedieron, solas o en consorcio, a la mayor parte de contrataciones para obras a gran escala financiadas con créditos internacionales de los últimos años.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) investiga esta situación. Sospecha que condiciones artificiales supuestamente propiciadas por las empresas, en conjunto con omisiones y acciones de la administración pública, pudieron configurar un caso de bid rigging; es decir, de manipulación de licitaciones.
Revertir años de malas prácticas que permitieron concentraciones de un mercado tan amplio hoy es uno de los principales retos para la administración pública, coinciden los participantes del sector.
Pese a las investigaciones en curso y la detención en prisión preventiva de sus dueños por el Caso Cochinilla, Meco y H Solís sostienen que sus operaciones continúan “con normalidad”. Además, avisan de que continuarán participando en las licitaciones de su interés en los términos que defina la administración.
Prácticas anticompetitivas
Sin entrar a analizar directamente el caso de empresas como Meco o H Solís (que está en investigación), el comisionado presidente de la Coprocom, Guillermo Rojas, indicó en entrevista con EF que existen señales que apuntan a casos de concentración o amaño de licitaciones, por ejemplo que otros oferentes desistan de participar en concursos por hartazgo o excesivos requisitos.
Estas condiciones encajan con el fenómeno que se ha evidenciado en el mercado de construcción de obra vial pública en Costa Rica.
El exministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, por ejemplo, explicó que los carteles de licitación se han hecho cada vez más restrictivos, algunas veces incluso a través de requerimientos que parecen correctos y son difíciles de detectar para altos mandos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“El problema es que al sentarse en esa silla (de ministro), pero hay gente que esta desde hace rato ahí preparando esos carteles. Sin decir que todos sean corruptos porque hay gente muy buena ahí, pero hay quienes te los disfrazan y, por más buena voluntad que se tenga, te meten los goles, porque están muy bien tejidos por años”, dijo el exministro Segnini.
Este tipo de artimañas se pueden reflejar en temas sencillos como la solicitud de certificaciones que parecen racionales, pero únicamente se aceptan las de un proveedor que tiene una empresa en específico, explicó el comisionado Rojas.
Los requerimientos excluyentes también pueden ser solicitudes excesivas de maquinaria en lugar de eventuales órdenes de compra; o la disposición de instalaciones como plantas asfálticas, que pocas empresas tienen pues pueden subcontratarlas.
Otro requisito que puede excluir a oferentes son solicitudes elevadas de experiencia en obras construidas.
“La revisión de los carteles y de los requisitos que se piden es fundamental para evitar esa concentración tan fuerte. Estamos ante la oportunidad de establecer una serie de lecciones aprendidas y no repetir los errores”, valoró Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
La corrección requiere de acciones directas de la administración. Según Carlos Trejos, presidente de la Cámara de la Construcción, el fenómeno permitido por las autoridades “ha afectado la participación de compañías honorables, formales y que tienen la capacidad para ejecutar proyectos”.
Caso bajo estudio
Coprocom investiga la concentración de contratos de obra vial pública en pocas empresas durante los últimos años. El comisionado Rojas no pudo dar mayores detalles sobre el caso, por estar en trámite, pero sí explicó que de encontrarse alguna culpabilidad se pueden imponer distintas multas además de los castigos que se puedan concluir por la vía penal.
Hasta tres casos investigados por Corpocom, por presunto bid rigging, han resultado en sanciones.
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Las multas por prácticas monopolísticas o de concentración de mercado se aplican sobre empresas, personas que las representan y funcionarios públicos. En el caso de las empresas la sanción puede alcanzar hasta un 10% del volumen de negocios total del agente económico, tal como establece la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia (9736), de 2019.
Coprocom recién quedó facultada con esa normativa para investigar cuestiones relacionadas a contratación de infraestructura vial, explicó Rojas. Antes se salía de su área de acción.
El cambio se realizó como parte de las modificaciones legales que se impulsaron en el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
EF solicitó una entrevista con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para consultar la posición de la entidad sobre estos señalamientos desde el 28 de julio; sin embargo, el despacho del jerarca omitió brindar el espacio hasta este momento señalando motivos de agenda.
Este medio también consultó a Meco y H Solís sobre sus expectativas relacionadas con nuevos procesos de infraestructura vial, así como por el estado de las obras que ambas mantienen en marcha.
Ambas contestaron que mantienen sus operaciones con normalidad y que continuarán participando en los procesos licitatorios como parte de su giro comercial.
