La Fiscalía ejecutó este martes 13 de mayo diversas gestiones como parte de una investigación que involucra a un exministro, varios jerarcas de instituciones públicas, la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia y millones de dólares en juego.
El Ministerio Público realizó allanamientos y detenciones en esta jornada que dejaron, hasta la tarde de este martes 13 de mayo, cuatro personas aprehendidas.
A continuación explicamos lo que necesita saber para entender el caso: quiénes son los detenidos y por qué.
¿Quién está detenido?
Las acciones de este martes, lideradas por el fiscal general, Carlo Díaz, concluyeron con la detención de cuatro personas.
El primero de ellos es el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla, quien salió de la función pública en enero de este año. Batalla era, además, una de las figuras de las que se hablaba como posible ficha del chavismo para las elecciones de febrero del 2026.
El exministro fue detenido en su propia casa de habitación, en Curridabat.
Las otras tres figuras ejercen actualmente cargos en instituciones públicas.
Uno es Alejandro Picado, actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). También de esa entidad la Fiscalía aprehendió a Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras.
Por último, el cuarto detenido es Marcos Castillo Masís, actual jerarca de la Dirección General de Aviación Civil.
Además de estos nombres, también se allanó la vivienda de un funcionario de la empresa constructora Meco, de apellido González, quien no fue detenido.
Otros sitios donde se realizaron allanamientos, además de las instituciones y la empresa mencionadas, fueron los departamentos de Ingeniería Técnica de Proyectos e Ingeniería de Pavimentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En total las gestiones judiciales incluyeron 22 allanamientos en Curridabat, Pavas, Oreamuno y Santa Bárbara de Heredia.
Por esta mismo caso, aunque en una causa paralela, están imputados también el también exministro del MOPT Luis Amador, el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo, la exministra de la Presidencia Natalia Díaz y el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves. A estos cuatro la Fiscalía les achaca un presunto delito de falsedad ideológica.
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¿Qué se investiga?
El caso de investigación involucra la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, y específicamente las obras de reparación de la misma.
Los hechos que se investigan habrían iniciado en junio del 2023 y tienen que ver con presuntas irregularidades en la reparación de la pista de dicho aeropuerto guanacasteco.
Según la Fiscalía, uno de los sospechosos, desde su cargo en la CNE, habría solicitado al Poder Ejecutivo incluir el cantón de Liberia entre las zonas afectadas por las ondas tropicales 11 y 12, y la tormenta Bonnie, que afectó al país en el 2022.
El objetivo de esta petición era, presuntamente, justificar la aplicación del régimen de excepción contemplado en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (8.488) para facilitar procesos de contratación.
De esa forma, se logró adjudicar el proyecto denominado “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós” a una empresa constructora privada, adjudicación que quedó en firme el 29 de enero del 2024.
Las obras de reparación de la pista iniciaron entonces de acuerdo a los términos del cartel y las especificaciones técnicas definidas por personal de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil.
Según reportó el diario La Nación, estas especificaciones contemplaban, además del recarpeteo superficial, la intervención de las capas subyacentes, con el fin de garantizar mayor durabilidad y atender los daños atribuidos a los eventos climáticos mencionados.
No obstante, un hecho cambió el rumbo del proyecto durante la ejecución. La empresa constructora propuso aplicar una “ingeniería de valor” y alegó que no era necesario intervenir ciertas capas subyacentes, pues aparentemente se encontraban en buen estado.
No obstante, el informe preliminar del OIJ determinó que esa propuesta sí implicaba una modificación sustancial del objeto contratado.
El encargado de la unidad ejecutora y funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se opusieron al cambio, pero, presuntamente, comenzaron a recibir presiones por parte de los ahora detenidos.
Dichas presiones habrían derivado en el reemplazo del jefe de la unidad ejecutora, quien se había mostrado en contra de la variación, lo que facilitó la aprobación de la ingeniería de valor y la posterior modificación contractual a favor del contratista.
El monto inicial de la licitación rondaba los $40 millones, pero con la modificación aprobada, el costo se elevó en aproximadamente $4 millones.
¿Qué dicen los detenidos?
Gerardo Chaves, uno de los defensores del exministro Batalla, cuestionó el proceder de las autoridades judiciales y la falta de notificación previa de las gestiones realizadas por la Fiscalía.
Además, indicó a los medios de comunicación que Batalla manifestó haber tenido participación en dos reuniones en las cuales no firmó ni tomó “decisiones determinantes”, sino que esa era responsabilidad de la CNE, dijo.
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Por su parte, el abogado José Francisco Madrigal, defensor de Picado, comentó que existen documentos firmados por el propio ministro de Transportes en aquella oportunidad y otro por la Dirección Jurídica de la CNE. Agregó que Picado no tomó la decisión de recomendar una ampliación del decreto de emergencia involucrando a la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
¿Cuáles son los posibles delitos?
El Ministerio Público confirmó que las cuatro personas detenidas son investigadas por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y de tráfico de influencias.
Ambos delitos están regulados por los artículos 52 y 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8.422).
El delito de tráfico de influencias se da cuando una persona influye, de forma directa o indirecta, para que un funcionario público “haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones” en beneficio propio o de un tercero.
Se castiga con penas que van de dos a cinco años de prisión, pero puede incrementarse hasta en un tercio cuando la influencia proviene de altos jerarcas.
La pena se agrava cuando intervienen miembros de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el contralor o el subcontralor general, el procurador general o el procurador general adjunto, el fiscal general, el defensor o el defensor adjunto de los habitantes, el superior jerárquico de quien debe resolver o miembros de los partidos políticos con cargos de dirección nacional.
Por otra parte, el delito de influencia contra la Hacienda Pública se presenta cuando los funcionarios públicos, al desempeñar sus funciones, “influyen, dirigen o condicionan” para que se produzca una situación que daña “los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público”.
Este delito se castiga con penas de dos a ocho años de prisión.
